La diputada nacional Fernanda Miño presentó un proyecto de ley para crear el Observatorio Federal de Cocaína (OFECO), un organismo especializado que funcionaría dentro de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) con el objetivo de producir información específica sobre el fenómeno de la cocaína en el país.
La iniciativa parte de la premisa de que la cocaína debe ser abordada como un fenómeno distinto al de otras drogas ilícitas, debido a su relación con el narcotráfico internacional, la violencia, la seguridad, el desarrollo social y el impacto sobre las poblaciones más vulnerables.
Según el texto, el nuevo organismo tendría autonomía funcional y dependería directamente de la máxima autoridad de la SEDRONAR, mientras que su director sería designado por el Poder Ejecutivo.
En los fundamentos del proyecto, Miño sostiene que actualmente la cocaína es analizada junto con el resto de las sustancias psicoactivas, lo que, a su entender, impide comprender sus particularidades y elaborar políticas públicas específicas.
La diputada plantea que el fenómeno excede el ámbito sanitario y requiere una mirada multidisciplinaria que contemple cuestiones vinculadas con el narcotráfico internacional, la seguridad nacional, la violencia en los territorios, el desarrollo social y la protección de los derechos humanos, especialmente de niños, adolescentes y jóvenes.
El proyecto señala que Argentina ocupa un lugar estratégico dentro de las rutas internacionales del narcotráfico y sostiene que parte de la droga que no logra ser exportada permanece en el país, con mayor presencia en barrios populares.
La iniciativa propone que el OFECO funcione como un área especializada dentro de la SEDRONAR, aunque con autonomía para desarrollar sus propios estudios e informes.
Entre sus principales tareas estaría reunir información proveniente de distintos organismos nacionales, provinciales y municipales para elaborar un diagnóstico integral del fenómeno.
El observatorio debería recopilar y sistematizar datos provenientes de áreas como:
La información abarcaría aspectos relacionados con producción, tránsito, contrabando, comercialización, consumo de cocaína, pasta base y sus derivados.

Uno de los ejes centrales del proyecto consiste en la producción de estadísticas específicas sobre la cocaína.
El observatorio tendría entre sus funciones elaborar mapas de riesgo para identificar las zonas con mayor presencia del fenómeno, las principales rutas del narcotráfico dentro del territorio nacional y las posibles relaciones entre la circulación de cocaína y distintos indicadores sociales.
También debería estudiar la eventual correlación entre el narcotráfico y variables como homicidios, distintos tipos de violencia, vulnerabilidad social y expansión de economías ilegales.
Uno de los aspectos destacados del proyecto es el análisis del denominado "excedente de cocaína" que permanece en el país.
La propuesta sostiene que parte de esa droga termina comercializándose en barrios populares, por lo que el observatorio tendría la misión de estudiar las condiciones que facilitan esa comercialización, las características territoriales del fenómeno y las causas estructurales que favorecen su expansión.
Según los fundamentos, el objetivo es comprender cómo operan estas dinámicas para mejorar el diseño de políticas públicas.

El proyecto también establece que el OFECO deberá elaborar estudios específicos sobre el impacto que tienen la cocaína y sus derivados en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Entre otras cuestiones, debería analizar su relación con:
Además, cada informe semestral deberá incluir un capítulo exclusivo dedicado a la situación de las infancias y adolescencias.

En los fundamentos, Miño sostiene que Sudamérica concentra la producción mundial de cocaína y cita datos del Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que reflejan un crecimiento de la producción, las incautaciones y el número de consumidores durante los últimos años.
La diputada también menciona estudios del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), según los cuales la percepción de venta de drogas aumenta significativamente en villas y barrios populares respecto de sectores de mayores ingresos.
A partir de ese diagnóstico, la legisladora considera que el país necesita una herramienta estatal específica para producir información sistemática que permita diseñar políticas públicas con una mirada integral, incorporando dimensiones sanitarias, sociales, territoriales, de seguridad y de derechos humanos.