En plena "campaña anti-Argentina", Milei quiere su reforma migratoria: qué cambia

El Gobierno de Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para pedir que revoque el fallo que declaró nulo el DNU 366/2025, el decreto que endureció el acceso de extranjeros a la ciudadanía, la salud y la educación pública.

El pedido llegó tres semanas después de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) anulara ese decreto. El tribunal sostuvo que Javier Milei se excedió en sus facultades al modificar por decreto una materia que, según los jueces, es electoral: la ciudadanía.

Ahora, la Corte Suprema deberá decidir si el DNU sigue vigente o no. Mientras tanto, la discusión sobre si los extranjeros deben pagar por estudiar o atenderse en hospitales públicos volvió a instalarse con fuerza, después de que el diputado bonaerense Agustín Romo presentara un proyecto de ley en ese sentido.

Qué es el DNU 366 y qué cambió

El decreto lo firmó Javier Milei el 28 de mayo de 2025. Modificó tres leyes a la vez: la Ley de Migraciones, la Ley de Ciudadanía y la Ley de Educación Superior.

Los cambios más importantes fueron estos:

• Ciudadanía: le sacó a los jueces federales la facultad de otorgar la ciudadanía argentina por naturalización, una tarea que tenían desde 1869, y se la dio a la Dirección Nacional de Migraciones.
• Salud: los extranjeros sin residencia permanente deben pagar por atención médica no urgente, salvo en casos de emergencia.
• Educación universitaria: habilitó a las universidades públicas a cobrarles a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente en el país.
• Residencia: para conseguir la residencia permanente ahora hay que demostrar "medios económicos suficientes" para vivir en la Argentina.

Por qué la Justicia anuló el DNU 366/2025

El 30 de junio, la Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad absoluta del DNU. El fallo, con las firmas de los jueces Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, se dio en el marco de un caso puntual: el de Liping Yang, un comerciante chino que vive hace once años en Oro Verde, Entre Ríos, y al que Migraciones le negaba la ciudadanía pese a cumplir los requisitos legales.

Los jueces explicaron por qué el decreto es, según su criterio, inconstitucional:

• La Constitución prohíbe dictar decretos de necesidad y urgencia sobre temas electorales, y la ciudadanía habilita a votar.
• El Gobierno no demostró que hubiera una urgencia real para saltear al Congreso.
• El decreto modificó leyes que solo el Congreso puede cambiar.

"El otorgamiento de la ciudadanía es condición esencial para el ejercicio de los derechos políticos", sostuvo el tribunal. Con este fallo, el trámite de ciudadanía volvió a la Justicia, tal como funcionaba antes del decreto.

Qué dice ahora el Gobierno

En el recurso que presentó ante la Corte Suprema, el Ejecutivo dio vuelta el argumento de los jueces electorales: acusó a la Cámara de haber violado la división de poderes al anular una norma con rango de ley.

El escrito sostiene que la Cámara actuó con "arbitrariedad" porque nadie había cuestionado la constitucionalidad del decreto en ese expediente puntual, y que ni el Ministerio de Seguridad ni Migraciones fueron notificados durante el trámite.

El Gobierno también advierte que la nulidad "genérica" del decreto afecta, sin fundamento, otras áreas que nada tienen que ver con lo electoral: salud y educación.

El proyecto de Romo para cobrarle a extranjeros

En paralelo al debate judicial, el diputado bonaerense Agustín Romo, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley provincial para cobrarles a los extranjeros sin residencia permanente por el uso de hospitales públicos y universidades estatales bonaerenses.

El proyecto surgió en medio de la ola de críticas hacia la Argentina en redes sociales tras la derrota de la Selección en la final del Mundial 2026, que en el oficialismo caracterizaron como una "campaña anti-Argentina". Romo vinculó directamente ambos temas al presentar la iniciativa: "¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto", escribió en X.

Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460

— Agustín Romo (@agustinromm) July 21, 2026

El proyecto, que cuenta con el respaldo de más de una decena de legisladores de LLA y del PRO, establece que:

• La atención médica de urgencia nunca puede negarse ni demorarse por falta de pago.
• Fuera de esos casos, los extranjeros sin residencia deberán tener seguro de salud o pagar un arancel.
• Las universidades bonaerenses deberán fijar un costo para las carreras de grado que cursen extranjeros sin residencia permanente.

"Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros", dijo Romo.

¿Cuántos extranjeros estudian en universidades públicas?

Según datos oficiales relevados por Chequeado, los estudiantes extranjeros representan el 4,2% del total de alumnos de pregrado y grado en las universidades argentinas, y el 9,9% en posgrado.

Un dato clave: no existe la categoría de "extranjero no residente" (el término que usó el Gobierno para referirse a quiénes quedarían afuera) entre los estudiantes universitarios, porque para inscribirse en una universidad pública hace falta un DNI argentino, que otorga la Dirección Nacional de Migraciones. Es decir, todos los extranjeros que hoy cursan ya cuentan con algún tipo de residencia.

Especialistas consultados por Chequeado también marcaron que, al ser una proporción tan baja del total de estudiantes, el impacto de arancelar la matrícula extranjera en el presupuesto universitario sería, según sus palabras, "insignificante".

El contexto: universidades y salud, bajo presión presupuestaria

El debate por el DNU 366 se da en un momento de fuerte tensión presupuestaria en ambos sectores.

En universidades, el presupuesto cayó 7,9% real interanual en el primer cuatrimestre de 2026, y los salarios docentes acumulan una caída del 34,2% desde noviembre de 2023. En junio, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con una cautelar respecto a la Ley de Financiamiento Universitario, que exige actualizar salarios docentes y becas estudiantiles según la inflación.

En salud, organizaciones gremiales y de pacientes advirtieron en la Marcha Federal por la Salud Pública del 20 de mayo que el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40% respecto de 2023. Días antes de esa movilización, el Gobierno había oficializado, mediante la Decisión Administrativa 20/2026, un recorte de $63.021 millones en gastos corrientes y de capital del Ministerio de Salud, con el mayor impacto en las transferencias a los sistemas provinciales.

Lo que sigue

La pelota está ahora en la Corte Suprema, que deberá resolver primero si suspende los efectos del fallo de la Cámara Electoral —como pide el Gobierno— antes de definir si el DNU 366/2025 sigue vigente o no.

Hasta ahora, el máximo tribunal no se pronunció sobre el fondo de ningún DNU dictado por Milei, incluyendo el mega DNU 70/2023.

TM