Ley de Tierras: la cadena nacional de Cristina Kirchner que cumple 13 años

Hace 13 años, el 23 de julio de 2013, la entonces presidenta Cristina Kirchner utilizó la cadena nacional para presentar uno de los informes más importantes vinculados a la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), una norma aprobada a fines de 2011 que buscó limitar la adquisición de tierras por parte de extranjeros y crear, por primera vez, un registro nacional unificado sobre la titularidad de esos inmuebles.

La fecha vuelve a cobrar relevancia en 2026 porque el Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma para eliminar buena parte de las restricciones establecidas por aquella legislación, al considerar que afectan el derecho de propiedad y desalientan las inversiones.

El proyecto oficial, actualmente en discusión parlamentaria, propone derogar el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, flexibilizar las restricciones sobre zonas de frontera y cuerpos de agua y trasladar mayores facultades regulatorias a las provincias.

En aquel contexto de 2013, Cristina Kirchner defendió la ley como una herramienta para preservar un recurso estratégico y destacó el relevamiento catastral realizado en todo el país para conocer con precisión quiénes eran los propietarios de las tierras rurales argentinas.

Un registro nacional que hasta entonces no existía

Durante la cadena nacional, la Presidenta presentó oficialmente el informe elaborado por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), creado a partir de la propia ley.

Según los datos difundidos entonces, la Argentina contaba con 267,6 millones de hectáreas rurales, de las cuales apenas el 5,93% pertenecía a personas o empresas extranjeras, muy por debajo del límite máximo del 15% establecido por la normativa.

Además, el informe indicó que ninguna de las 23 provincias con tierras rurales superaba ese porcentaje.

Cristina destacó especialmente el trabajo técnico realizado para elaborar el primer catastro nacional unificado sobre la materia.

"Tenemos que saber dónde y cómo estamos parados frente a este recurso estratégico como es la tierra", afirmó.

También sostuvo que había decidido utilizar la cadena nacional para que "todos los argentinos, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, puedan conocer el esfuerzo que se ha hecho" para implementar la ley.

La defensa de un recurso estratégico

Uno de los ejes centrales del mensaje fue la importancia de conocer la titularidad de la tierra como política de Estado.

Cristina definió al suelo rural como "un recurso estratégico, natural y no renovable" y sostuvo que el relevamiento permitía que los gobiernos presentes y futuros contaran con información precisa para administrar ese patrimonio.

"Hoy los argentinos, este Gobierno y los que vengan tienen la posibilidad de manejar, de conocer y de saber la situación de sus recursos naturales como el agua y la tierra, recursos vitales para este siglo XXI", expresó.

La entonces mandataria también recordó que el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo proponía un límite del 20% para la propiedad extranjera, aunque finalmente el Congreso redujo ese porcentaje al 15%.

Lejos de cuestionar ese cambio, señaló que decidió aceptar la modificación: "Los legisladores decidieron reducirlo a un 15 por ciento y esta Presidenta aceptó esa reducción, pudiendo haber ejercido mi derecho de veto, pero me pareció que si habían considerado que ese era el número era un buen número”.

Críticas a la oposición por la votación de la ley

Una parte importante del discurso estuvo dirigida a cuestionar la actitud de distintos dirigentes opositores durante el debate parlamentario de 2011.

Cristina recordó que varios legisladores que reclamaban públicamente una norma para limitar la extranjerización de tierras finalmente votaron en contra o estuvieron ausentes durante la sesión.

"Cuando envié esta ley al Congreso un diputado de la oposición me reclamó a viva voz por qué no sancionábamos una ley para proteger las tierras. Después, cuando se trató, no estuvo presente", lanzó.

También ironizó sobre las advertencias formuladas años antes respecto de una supuesta venta masiva de tierras argentinas.

Recordó que algunos dirigentes habían pronosticado que para 2013 cerca del 45% del territorio estaría en manos extranjeras, una proyección que, según el informe oficial, no se verificó.

"Estemos atentos a lo que dicen, pero más a lo que hacen"

Uno de los mensajes políticos más fuertes de aquella cadena nacional apuntó a diferenciar el discurso público de la conducta legislativa: "Estemos atentos a lo que dicen, pero más a lo que hacen”.

La entonces Presidenta sostuvo que la aprobación de la ley había requerido 153 votos afirmativos y remarcó que numerosos diputados opositores estuvieron ausentes durante el tratamiento del proyecto.

También reivindicó la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas complejas: "Cuando se hizo la ley parecía mentira que pudiéramos hacer este inmenso trabajo catastral”.

La Ley de Tierras y sus principales límites

La Ley 26.737 fue sancionada en diciembre de 2011 con el objetivo de regular la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Entre sus principales disposiciones estableció:

• Un límite máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal.
• Un tope de 1.000 hectáreas por titular extranjero (equivalentes según la productividad de cada región).
• Un límite del 4,5% para una misma nacionalidad dentro del total de tierras rurales.
• Restricciones para adquirir inmuebles lindantes con cuerpos de agua permanentes.
• La creación del Registro Nacional de Tierras Rurales.

El relevamiento presentado en julio de 2013 constituyó el primer informe integral elaborado bajo ese esquema.

El debate que vuelve a instalar Milei

Trece años después, el espíritu de aquella legislación vuelve a discutirse.

El Gobierno de Javier Milei impulsa actualmente el proyecto denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que busca derogar las principales restricciones de la Ley de Tierras.

Entre otras modificaciones, la iniciativa propone eliminar el límite del 15% para la propiedad extranjera, permitir la adquisición de tierras cercanas a cuerpos de agua y en zonas de frontera -salvo excepciones específicas- y delegar en las provincias la regulación de futuras operaciones.

La reforma también retoma un objetivo que el Ejecutivo ya había intentado concretar mediante el DNU 70/2023, aunque aquella desregulación quedó suspendida por decisiones judiciales.

Tras no reunir los votos necesarios en el Senado, el tratamiento del proyecto fue postergado para el 6 de agosto de 2026, por lo que la Ley de Tierras sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner continúa vigente mientras continúa el debate legislativo.