La provincia de Buenos Aires salió al cruce de las versiones que circulaban en las últimas horas tras los recientes cambios en el régimen para obtener y renovar la Licencia Nacional de Conducir profesional. A través del Ministerio de Transporte —encabezado por Martín Marinucci—, el Gobierno bonaerense aclaró que la jurisdicción no fija las tarifas ni tiene injerencia en la fijación de precios, advirtiendo sobre las marcadas diferencias de costos que sufren los choferes y trabajadores del sector.

La polémica surge a raíz del nuevo esquema fijado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N.º 196/2025 y reglamentado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La reforma eliminó formalmente la antigua Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como credencial independiente, pasando a integrar esa habilitación dentro de las licencias tradicionales de clases C, D y E.
Desde la cartera bonaerense remarcaron que el nuevo régimen nacional determinó que los exámenes psicofísicos, la capacitación técnica y las evaluaciones teórico-prácticas deban realizarse exclusivamente en prestadores privados registrados y habilitados por la ANSV.
Sin embargo, la normativa nacional omitió fijar un valor o tarifa de referencia. En la práctica, esto derivó en que cada prestador privado cobre montos discrecionales, fijados y percibidos de manera directa, sin ningún tipo de intervención ni regulación económica por parte de la Provincia de Buenos Aires ni de los Centros de Emisión de Licencias municipales.
"Resulta incorrecto atribuir al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decisiones vinculadas con los requisitos, el esquema de prestadores o los costos de estas evaluaciones, ya que se trata de aspectos definidos en su totalidad por la normativa nacional", remarcaron desde el Ministerio a través de un comunicado oficial.

A la disparidad de precios se le suma un problema operativo severo: la limitada cantidad de prestadores homologados en el territorio bonaerense, lo que viene generando cuellos de botella y largas demoras para realizar los trámites.
Frente a esta situación, y para evitar que miles de transportistas y choferes queden inhabilitados para trabajar, Transporte bonaerense dispuso una prórroga excepcional de 60 días en el vencimiento de las licencias profesionales afectadas.
Con esta medida, la gestión provincial busca dar una ventana de tiempo para que los trabajadores completen los exámenes requeridos sin perder la posibilidad de seguir circulando. Al mismo tiempo, el comunicado cerró manifestando la "preocupación por un esquema que deja a los trabajadores sujetos a un mercado desregulado", señalando que la falta de precios de referencia afecta el acceso equitativo e igualitario al trámite en todo el país.