ONU, Consejo de Seguridad y Asamblea General: así se define al reemplazo de Guterres

Los seis candidatos a suceder a António Guterres participaron el jueves 23 de julio en un foro público celebrado en la sede de la ONU, en Nueva York. La exposición permitió comparar sus trayectorias, prioridades y capacidades para dirigir una organización integrada por 193 Estados. Sin embargo, aquel encuentro no constituyó una elección ni entregó una ventaja institucional a ninguno de los participantes. Formó parte de la etapa pública de un proceso diseñado para ampliar la transparencia antes del inicio de las negociaciones diplomáticas reservadas. Aunque la Asamblea General concentra la mayor visibilidad política, la decisión efectiva no se adopta durante esos debates abiertos.

La Carta de las Naciones Unidas distribuye la selección entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. El Consejo, formado por quince países, debe recomendar un único nombre, mientras que la Asamblea realiza posteriormente el nombramiento formal. Para avanzar, una candidatura necesita al menos nueve votos y ningún rechazo de Estados Unidos, Rusia, China, Francia o Reino Unido. Esos cinco integrantes permanentes poseen derecho de veto, una facultad que les permite impedir la recomendación incluso cuando exista una mayoría favorable. El sistema combina respaldo numérico y acuerdo entre las principales potencias internacionales.

El filtro decisivo

El Consejo de Seguridad funciona como el verdadero filtro político de la competencia. Los diez miembros no permanentes participan en las votaciones y sus apoyos son necesarios para alcanzar la mayoría mínima de nueve, pero únicamente las cinco potencias permanentes pueden bloquear una candidatura mediante el veto. Este mecanismo obliga a los aspirantes a construir una coalición amplia y, simultáneamente, mantener relaciones aceptables con gobiernos que sostienen posiciones contrapuestas en conflictos, sanciones y reformas multilaterales. Un candidato puede reunir apoyos regionales importantes y aun así quedar fuera si una sola potencia considera que su perfil afecta sus intereses estratégicos.

La primera consulta indicativa está prevista para el 30 de julio de 2026 y no producirá necesariamente un ganador. El mecanismo informal, conocido como straw poll, permite medir el respaldo, el rechazo o la neutralidad que genera cada aspirante dentro del Consejo. La votación se desarrolla a puerta cerrada y sirve para identificar fortalezas, posibles vetos y candidaturas con pocas posibilidades de avanzar. Pueden celebrarse varias rondas antes de alcanzar un acuerdo definitivo, mientras que las posiciones nacionales pueden modificarse durante las negociaciones. El dato central de esa jornada será la viabilidad diplomática de cada nombre, no una proclamación formal.

El Consejo necesita nueve votos y ningún veto para recomendar a un candidato.

Una carrera abierta

La lista oficial incluye a Michelle Bachelet, María Fernanda Espinosa, Rafael Grossi, Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Macky Sall. Cinco candidaturas proceden de América Latina y el Caribe, mientras que Sall es el único representante africano. La expectativa de una rotación geográfica favorece políticamente a la región latinoamericana, que lleva décadas sin ocupar la Secretaría General, aunque no existe una norma jurídica que obligue a seleccionar a una persona de una zona determinada. También influye la posibilidad de que una mujer dirija por primera vez la organización. El origen regional puede impulsar una candidatura, pero no reemplaza el acuerdo entre las potencias.

La consulta del 30 de julio medirá apoyos, pero no definirá al ganador.

Argentina participa con una candidatura formal y apuesta por la trayectoria diplomática y técnica de Grossi. Su experiencia al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica le otorga credenciales relacionadas con seguridad internacional, negociación nuclear y administración de crisis complejas. La consulta del 30 de julio permitirá observar si ese perfil puede reunir nueve votos sin provocar el rechazo de alguna potencia permanente. El sucesor de António Guterres asumirá el 1 de enero de 2027, después de la recomendación del Consejo y el nombramiento de la Asamblea. La competencia sigue abierta y dependerá de acuerdos reservados, equilibrios regionales y negociaciones diplomáticas.