Fuerzas Armadas
25/07/2026 - Edición Nº1264
Política
Congreso
Deuda de $213.900 millones, juicios y dudas: exigen una comisión por IOSFA
25/07/2026 | La iniciativa fue presentada en Diputados. Se trata de la obra social disuelta por el Gobierno que incluía a las Fuerzas Armadas y Seguridad.
Carlos Presti, actual ministro de Defensa.
La diputada nacional Agustina Propato presentó un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control destinada a supervisar la situación financiera del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), el proceso de liquidación dispuesto por el Poder Ejecutivo y la transición hacia las dos nuevas obras sociales creadas por decreto.
La iniciativa surge luego de la disolución del IOSFA establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, que dispuso la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), en reemplazo del organismo que durante más de una década concentró la cobertura médica del personal militar y de las fuerzas federales.
Según la legisladora, el objetivo es que el Congreso ejerza un control permanente sobre la deuda acumulada, el proceso de transición institucional y la continuidad de las prestaciones para los más de 600.000 afiliados del sistema.
Qué propone el proyecto
La iniciativa crea una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda del IOSFA y del Proceso de Liquidación y Transición, integrada por ocho diputados y ocho senadores designados respetando la representación proporcional de los bloques parlamentarios.
La comisión tendría carácter permanente mientras subsista la deuda del IOSFA y hasta que concluya el proceso de liquidación y traspaso, con un plazo máximo de funcionamiento de cinco años.
Su misión sería supervisar la evolución de la deuda, controlar la liquidación del instituto, monitorear la puesta en marcha de las nuevas obras sociales, seguir el traspaso del patrimonio y vigilar las causas judiciales vinculadas con la gestión financiera, prestacional y laboral del organismo.
Las funciones que tendría la comisión
El proyecto otorga amplias facultades de control parlamentario. Entre ellas, podrá:
- solicitar información periódica a los ministerios de Defensa, Seguridad, Economía y Salud;
- requerir informes a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría General de la Nación;
- exigir una auditoría financiera integral sobre la deuda del IOSFA;
- supervisar el traspaso de activos, pasivos y patrimonio hacia la OSFA y la OSFFESEG;
- evaluar cómo la deuda impacta en las prestaciones médicas;
- convocar a funcionarios nacionales para brindar explicaciones;
- elaborar informes anuales para ambas cámaras del Congreso;
- proponer nuevas leyes para sanear financieramente el sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Además, incorpora una función específica para monitorear todas las causas judiciales que involucren al IOSFA, sus ex directivos, las nuevas obras sociales o ex funcionarios, incluyendo reclamos de prestadores, laboratorios, farmacias, demandas laborales, juicios de afiliados y eventuales responsabilidades civiles o penales.
El diagnóstico de Propato sobre la crisis del IOSFA
En los fundamentos, la diputada sostiene que el sistema atraviesa una crisis financiera de gran magnitud.
Afirma que el IOSFA registra un déficit aproximado de $213.902 millones, equivalente a unos 145 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
La legisladora señala que el aspecto "políticamente más sensible" es que alrededor del 65% del pasivo correspondería a obligaciones impagas vinculadas al Ministerio de Seguridad.
Según sostiene el proyecto, las contribuciones patronales adeudadas por Gendarmería Nacional y Prefectura Naval alcanzarían cerca de 140.000 millones de pesos y arrastrarían antecedentes desde 2017.
Para Propato, mientras las Fuerzas Armadas avanzan en la regularización de sus obligaciones durante el proceso de transición hacia la OSFA, las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad mantienen "intacta una deuda por contribuciones patronales".
La liquidación del IOSFA y el conflicto entre ministerios
El proyecto sostiene que el DNU 88/2026 buscó resolver el "desequilibrio financiero de carácter persistente" mediante la creación de dos nuevas obras sociales independientes.
Sin embargo, la autora afirma que el proceso de liquidación quedó atravesado por diferencias entre los ministerios de Defensa y Seguridad respecto de quién debe afrontar el pasivo acumulado.
Según los fundamentos, la Comisión Ad Hoc creada por el propio decreto mantuvo cinco reuniones sin alcanzar acuerdos sustanciales y concluyó que la única forma de reducir la deuda consistía en que cada fuerza cancelara las obligaciones pendientes con el IOSFA.
No obstante, el texto asegura que el representante del Ministerio de Seguridad manifestó reiteradamente que esa cartera "no dispone de los recursos para afrontar esa deuda".
En ese contexto, Propato considera que "el Poder Ejecutivo, por sí solo, no ha logrado -ni parece poder lograr- una solución que garantice la transparencia, la equidad interministerial y, sobre todo, la continuidad de las prestaciones de salud de los afiliados".
El impacto sobre los afiliados
La iniciativa pone especial énfasis en las consecuencias que, según la autora, la crisis financiera tiene sobre los beneficiarios.
El proyecto afirma que más de 600.000 personas -entre militares, integrantes de las fuerzas federales, retirados y sus familias- dependen de este sistema sanitario.
Según describe, la deuda habría provocado cortes de prestaciones en distintos puntos del país, atrasos superiores a un año con prestadores de salud, seis meses con colegios farmacéuticos y bioquímicos y demoras de más de tres meses con centros médicos locales.
Como ejemplo, menciona la situación de Punta Alta y Bahía Blanca, donde unas 42.000 familias vinculadas a la Armada Argentina dependen del sistema de cobertura médica.
En ese contexto, sostiene que la falta de prestaciones habría incrementado la demanda sobre los hospitales públicos y que existen afiliados que deben afrontar gastos extraordinarios para acceder a tratamientos.
"La obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad no es un organismo más del Estado. Es el sistema de salud de quienes arriesgan su vida por la Nación", afirma el texto.
