El paquete de Milei en el Senado: qué cambia en tarifas, inversiones y empresas

El gobierno de Javier Milei prepara una nueva ofensiva legislativa para agosto con el objetivo de destrabar en el Senado un paquete de reformas económicas que permanece frenado por la falta de acuerdos con los bloques dialoguistas. La agenda oficial incluye los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Zonas Frías, Súper RIGI y reforma de la Ley General de Sociedades.

El desafío para La Libertad Avanza es conseguir en la Cámara alta lo que hasta ahora no pudo garantizar: una mayoría estable para convertir sus principales iniciativas en ley. Desde marzo, el oficialismo solo consiguió avanzar con el acuerdo para el pago a los fondos buitre dentro de su paquete económico, mientras el resto de los proyectos quedó atrapado entre las diferencias internas y las negociaciones con la oposición.

La primera prueba será el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento fue confirmado para el 6 de agosto después de cuatro postergaciones. El texto logró avanzar tras un entendimiento entre la presidenta de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, además de concesiones negociadas con sectores dialoguistas.

El nuevo proyecto mantiene la posibilidad de que las provincias intervengan en la autorización de operaciones vinculadas con tierras rurales adquiridas por extranjeros y elimina el mecanismo de silencio administrativo que permitía aprobar automáticamente una operación si el Estado no respondía en un plazo de seis meses. El acuerdo busca evitar nuevos rechazos, aunque todavía deberá superar el debate parlamentario.

El Gobierno vuelve a negociar con los bloques aliados

Otro de los proyectos que genera resistencia es la reforma del régimen de Zonas Frías. La iniciativa, aprobada por Diputados en mayo, propone reducir el alcance de los subsidios al gas que benefician a hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna. El proyecto permanece trabado en comisiones y enfrenta la oposición de sectores del radicalismo y de legisladores provinciales.

El propio jefe de Gabinete, Diego Santilli, intentó durante su visita al Senado convencer a los bloques aliados de acompañar la propuesta, pero las diferencias persisten. El oficialismo deberá ahora definir cuánto está dispuesto a negociar para conseguir los votos, en una discusión que afecta directamente el costo de las tarifas para millones de hogares.

En paralelo, el Gobierno buscará acelerar el tratamiento del denominado Súper RIGI, un régimen pensado para atraer inversiones superiores a los USD 1.000 millones en sectores estratégicos y de alta tecnología. El esquema contempla beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para proyectos vinculados con minerales críticos, biotecnología, baterías, energías renovables, vehículos eléctricos, semiconductores e inteligencia artificial.

La cuarta iniciativa prioritaria es la reforma de la Ley General de Sociedades, impulsada por Federico Sturzenegger, que busca reducir la intervención estatal en la organización interna de las empresas y ampliar la autonomía de los socios. El proyecto, sin embargo, tuvo hasta ahora una discusión limitada en el Senado y deberá acelerar su recorrido si el Gobierno pretende aprobarlo antes de fin de año.

Agosto será una prueba para la nueva estrategia política

El paquete legislativo también servirá para medir la capacidad de negociación de Diego Santilli en su nuevo rol. El jefe de Gabinete tiene entre sus principales tareas reconstruir el vínculo con gobernadores y bloques dialoguistas, una estrategia que el Gobierno considera indispensable para avanzar con una agenda que requiere acuerdos más amplios que los que puede garantizar por sí solo el oficialismo.

La revancha del Gobierno en el Senado, por lo tanto, no dependerá únicamente del contenido de cada proyecto. También estará condicionada por la capacidad de La Libertad Avanza para cerrar acuerdos con las provincias y resolver sus propias diferencias internas. Agosto será una prueba concreta para determinar si el oficialismo logró aprender de las derrotas legislativas de los últimos meses o vuelve a encontrarse con los mismos límites que hasta ahora frenaron su agenda económica.