Jornada de 7 horas y salario mínimo: el plan para brigadistas en Diputados

Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley que propone crear un régimen integral de reconocimiento profesional, protección y condiciones laborales para los combatientes de incendios forestales y rurales que integran el Sistema Federal de Manejo del Fuego.

La iniciativa fue impulsada por la diputada nacional Adriana Serquis y lleva además las firmas de otros legisladores como Sabrina Selva, José Glinski, Juan Pablo Luque, Ana María Ianni, Gabriela Estévez, Hugo Yasky, Kelly Olmos, Javier Andrade, Javier Noguera, María Inés Zigarán, Mónica Frade, Marcelo Mango y Caren Tepp.

El proyecto busca establecer un marco laboral específico para quienes realizan tareas de prevención, combate y apoyo en incendios forestales, rurales y de interfase.

El alcance no se limita a quienes intervienen directamente en el combate de los incendios. También incluye a quienes realizan actividades de capacitación, comunicaciones durante emergencias, monitoreo de alertas tempranas, logística operativa y asistencia comunitaria ante catástrofes y rescates.

Además, el proyecto establece que el régimen será aplicable al personal cualquiera sea su modalidad de contratación o el organismo nacional del que dependa e invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la futura norma.

La actividad sería considerada un servicio público esencial

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el reconocimiento de la actividad como un servicio público esencial, riesgoso e insalubre.

Según el texto, esa categorización tendría efectos sobre las condiciones laborales, la cobertura médica y el reconocimiento de las características propias de una actividad que implica exposición permanente a riesgos físicos y ambientales.

En tanto, el proyecto también propone la creación de un escalafón y una carrera profesional propia para los brigadistas del Sistema Federal de Manejo del Fuego.

El Poder Ejecutivo debería establecer ese régimen mediante la negociación de un convenio colectivo de trabajo específico que contemple categorías operativas, técnicas y de conducción, formas de ingreso y ascenso, responsabilidades de cada cargo y una estructura salarial.

Asimismo, quienes ocupen cargos de coordinación deberán acreditar al menos cinco años de experiencia en el sistema o antecedentes equivalentes en estructuras provinciales u organismos similares.

Estabilidad laboral y nuevas condiciones de trabajo

Entre los principales cambios laborales, la iniciativa contempla la incorporación del personal a planta permanente mediante concursos específicos o luego de cinco años continuos de servicio dentro del sistema.

También fija una jornada ordinaria máxima de siete horas diarias, aunque permite extenderla hasta doce horas durante emergencias declaradas, con la obligación de otorgar descansos compensatorios.

Además, establece que el trabajo durante domingos, feriados o sábados por la tarde deberá abonarse con un adicional del 100% y otorgar un descanso equivalente, mientras que las vacaciones podrán tomarse en cualquier época del año debido a las particularidades del servicio.

Guardia pasiva, licencias y salario mínimo

Otro de los aspectos incorporados por el proyecto es la regulación de la guardia pasiva domiciliaria.

El texto establece que cada hora bajo esa modalidad deberá abonarse con un adicional no inferior al 30% del valor de la hora normal y limita esa disponibilidad a un máximo de siete días consecutivos.

La iniciativa también crea cuatro licencias especiales con goce de haberes:

• Licencia post campaña.
• Licencia por exposición severa a humo o gases tóxicos.
• Licencia por afectaciones a la salud mental derivadas de la actividad.
• Licencia por rehabilitación física tras lesiones sufridas durante operaciones.

En materia salarial, propone que la remuneración básica permanente nunca sea inferior al valor de la Canasta Básica Total (CBT) publicada por el INDEC para el mes anterior a la liquidación de los haberes.

A ello se sumarían adicionales por riesgo e insalubridad, guardias activas y pasivas, temporada de mayor riesgo, campañas de emergencia, trabajo nocturno y funciones de conducción.

Cobertura médica y derecho a rechazar tareas riesgosas

La iniciativa dispone que el Estado garantice cobertura médica integral, rehabilitación física y asistencia psicológica especializada para el personal afectado a emergencias.

También incorpora el denominado "derecho de negativa ante riesgo manifiesto", que permitiría al brigadista negarse a cumplir una orden cuando no cuente con el equipamiento adecuado o cuando se incumplan los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de operaciones, sin que ello pueda generar sanciones disciplinarias.

Dotación mínima y equipamiento obligatorio

Otro capítulo del proyecto obliga a establecer una dotación mínima permanente para cada unidad operativa del Sistema Federal de Manejo del Fuego.

Ese número deberá definirse teniendo en cuenta factores como la superficie cubierta, la frecuencia de incendios, las condiciones climáticas y los tiempos de respuesta.

Si una dependencia cuenta con menos personal del necesario, el organismo correspondiente deberá iniciar procesos de incorporación dentro de los 90 días y compensar económicamente al personal que cubra las vacantes.

Asimismo, se establece la obligación de proveer gratuitamente el equipamiento de protección personal necesario para desarrollar las tareas.

Capacitación, igualdad de género y asistencia a las familias

El proyecto crea además un Sistema de Capacitación y Desarrollo del Personal del Sistema Federal de Manejo del Fuego, con alcance nacional, para garantizar formación permanente y el reconocimiento de certificaciones entre distintas jurisdicciones.

También incorpora medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades, la participación de mujeres y diversidades en todos los niveles del sistema y el acceso a cargos de conducción.

Por otra parte, prevé asistencia económica, sanitaria, educativa y psicosocial para las familias del personal desplegado durante operaciones críticas.

En los fundamentos, los autores sostienen que la propuesta surge a partir de la experiencia acumulada durante los incendios forestales registrados en la Patagonia y del intercambio con trabajadores del sector.

También afirman que el proyecto busca brindar un marco integral para una actividad que consideran estratégica y sostienen que el reconocimiento profesional, la estabilidad laboral, la capacitación permanente y mejores condiciones de trabajo forman parte de una política pública destinada a fortalecer la respuesta frente a incendios forestales y otras emergencias ambientales.