La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará este domingo 27 de julio a la Argentina en una visita que trasciende el plano protocolar.
La titular del organismo mantendrá reuniones con funcionarios del Gobierno, participará de actividades públicas y también viajará a Vaca Muerta, en Neuquén, en un gesto de respaldo a uno de los principales motores de generación de divisas del país.

Su presencia coincide con un momento clave para el programa firmado entre la Argentina y el FMI.
El organismo avanza con la tercera revisión del acuerdo Extended Fund Facility (EFF), que evalúa el cumplimiento de las metas al 30 de junio y definirá si habilita un nuevo desembolso para el país.
Sin embargo, el análisis no se limitará a las metas fiscales. También estará sobre la mesa el ritmo de las reformas estructurales comprometidas por el Gobierno y la estrategia financiera para los próximos años.
En ese contexto, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) repasó los principales desafíos que enfrenta la relación entre la Argentina y el organismo.
El principal foco de atención será la situación de las cuentas públicas. En junio, el Gobierno registró un déficit primario de $696.843 millones, lo que provocó el primer incumplimiento de la meta fiscal acordada con el FMI.
Durante el primer semestre, el superávit acumulado alcanzó los $6,3 billones, unos $574.000 millones por debajo del objetivo pactado para esa fecha.
El dato cobra mayor relevancia porque el propio Fondo había flexibilizado la meta en mayo, reduciéndola desde $8,5 billones hasta $6,9 billones.

El desafío hacia adelante aparece aún más complejo. Para cumplir con la meta anual, el Gobierno debería cerrar 2026 con un superávit primario de $16,3 billones. Eso implica generar cerca de $10 billones adicionales entre julio y diciembre.
Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), si el comportamiento del gasto y los ingresos repitiera la estacionalidad del año pasado, el Tesoro terminaría acumulando alrededor de $10,5 billones de superávit en todo el año, muy lejos del objetivo exigido por el organismo.
En ese escenario, faltarían aproximadamente $5,7 billones para cumplir la meta.
Además, los antecedentes juegan en contra. Durante los dos primeros años de gestión de La Libertad Avanza, cerca de dos tercios del superávit se concentraron en el primer semestre, mientras que apenas un tercio se generó en la segunda mitad del año.
Otro punto de discusión será la estrategia de financiamiento.
El programa financiero oficial prevé emisiones de deuda en moneda extranjera por USD 4.000 millones durante 2026. Hasta comienzos de julio ya se habían concretado colocaciones por unos USD 3.200 millones, por lo que quedarían apenas USD 800 millones por emitir.
Sin embargo, las proyecciones del FMI difieren. En su última revisión, el organismo estimó que el país debería conseguir otros USD 1.433 millones antes de finalizar el año.
Las diferencias son todavía mayores para 2027. Mientras el Fondo proyecta emisiones por USD 8.000 millones durante ese año, el esquema financiero elaborado por el Ministerio de Economía no contempla nuevas colocaciones en moneda extranjera.

Detrás de esa diferencia aparecen dos diagnósticos distintos. Para el FMI, recuperar el acceso a los mercados internacionales resulta clave para garantizar el financiamiento futuro.
En cambio, el equipo económico encabezado por Luis Caputo apuesta a postergar esa necesidad y sostiene que mostrar menor dependencia del crédito externo puede contribuir a reducir el riesgo país y mejorar las condiciones para futuras emisiones.
Más allá de las metas fiscales, el acuerdo firmado con el FMI incluye una serie de reformas estructurales que el Gobierno deberá presentar durante los próximos meses. Entre ellas sobresale una reforma tributaria integral.
Según los lineamientos planteados por el organismo, el proyecto debería incluir la eliminación de diversas exenciones impositivas, una reducción del umbral del Impuesto a las Ganancias para ampliar la cantidad de contribuyentes alcanzados, cambios en el Monotributo para acercarlo al régimen general y una transformación del esquema de Ingresos Brutos mediante un sistema de IVA dual administrado por las provincias.
También forman parte de los compromisos la creación de un registro para monitorear riesgos de evasión tributaria, la implementación de medidas vinculadas al combate del lavado de dinero y el avance en una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para fortalecer su independencia.
En paralelo, el Fondo mantiene entre sus objetivos una reforma previsional, aunque ese proyecto tiene como plazo de presentación fines de 2027.
El cronograma financiero con el FMI seguirá siendo exigente durante los próximos años.
En lo que resta de 2026, la Argentina deberá afrontar vencimientos por USD 1.130 millones de capital y otros USD 1.694 millones en intereses, mientras que los desembolsos esperados rondan los USD 863 millones.
La carga aumenta significativamente desde 2027. Ese año vencerán USD 4.408 millones de capital y USD 3.256 millones en intereses. En 2028 los pagos de capital treparán a USD 6.568 millones y en 2029 alcanzarán los USD 8.066 millones.

Aunque el organismo continuará realizando desembolsos semestrales hasta comienzos de 2029, esos fondos cubrirán apenas una parte de los intereses que deberá afrontar el país y funcionarán principalmente como un respaldo financiero para enfrentar los compromisos con el propio FMI y con el resto de los acreedores.
La visita de Kristalina Georgieva se producirá, así, en un contexto donde el Gobierno busca sostener el respaldo político del organismo mientras enfrenta crecientes desafíos para cumplir las metas fiscales, avanzar con las reformas comprometidas y administrar un calendario de deuda cada vez más exigente.