Milei busca abaratar el transporte entre puertos con una apertura inédita

El Gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso una reforma de la Ley de Cabotaje que busca modificar las condiciones para el transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos. La iniciativa apunta a flexibilizar las normas de navegación y permitir que buques de bandera extranjera puedan operar temporalmente en el cabotaje fluvial y marítimo nacional.

El proyecto fue mencionado por el Presidente durante su discurso ante la Sociedad Rural Argentina, donde planteó la necesidad de avanzar con cambios que permitan reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales.

Entre las principales modificaciones se encuentra la posibilidad de otorgar autorizaciones temporarias a embarcaciones extranjeras para realizar operaciones de cabotaje. La propuesta también flexibiliza las exigencias vinculadas con la tripulación nacional y establece un esquema gradual para incrementar la participación de trabajadores argentinos.

Durante los primeros 90 días de operación, los buques autorizados no estarían obligados a contar con tripulación local. Luego, la normativa prevé una incorporación progresiva hasta alcanzar un piso del 75% de tripulación nacional al año de comenzar las actividades.

Una reforma para reducir costos logísticos

Otro de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de aranceles de importación para barcos nuevos o de hasta 20 años de antigüedad. El objetivo oficial es ampliar la cantidad de embarcaciones disponibles para transportar la producción nacional y reducir los costos asociados a la logística en la hidrovía.

Desde el Gobierno sostienen que la falta de barcos de bandera argentina limita la capacidad de transporte y encarece el traslado de productos. La apertura a operadores extranjeros busca, según la propuesta, incrementar la oferta de bodegas y mejorar la eficiencia del sistema de navegación.

La reforma también se enmarca en la política de desregulación que impulsa la administración de Javier Milei, con la intención de facilitar la actividad privada y promover una mayor competencia en el transporte fluvial y marítimo.

La alternativa que propone la oposición

Desde Unión por la Patria, la diputada nacional Agustina Propato presentó una iniciativa con un enfoque diferente. El proyecto propone declarar a la Vía Navegable Troncal del Río Paraná como un bien de Interés Público Nacional y un objetivo de valor estratégico.

La propuesta busca limitar el avance de la privatización del sistema fluvial y garantizar que el control operativo, el dragado y la administración del comercio exterior permanezcan bajo la órbita del Estado argentino.

El proyecto opositor establece como infraestructura crítica nacional el tramo comprendido entre el kilómetro 1.238, en la zona de Confluencia, y las aguas profundas del Río de la Plata. De esta manera, busca preservar bajo control estatal una vía considerada estratégica para el comercio exterior y el desarrollo productivo del país.

El debate en el Congreso enfrentará así dos modelos diferentes para el futuro de las vías navegables: uno basado en la apertura y desregulación para atraer inversiones y reducir costos, y otro que plantea reforzar la participación del Estado en el control de una infraestructura considerada estratégica para la soberanía económica nacional.