Dos diputados nacionales por San Juan presentaron un proyecto de ley que busca establecer un régimen de protección para las personas frente a las decisiones adoptadas mediante sistemas automatizados, algoritmos e inteligencia artificial.
La iniciativa, impulsada por legisladores Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime, alineados con el gobernador Marcelo Orrego, propone reconocer el derecho de cualquier ciudadano a solicitar que una decisión tomada por un sistema automatizado sea revisada por una persona cuando esa determinación tenga consecuencias jurídicas o afecte de manera significativa sus derechos o intereses.
La propuesta se enmarca en el creciente debate internacional sobre el uso de la inteligencia artificial en ámbitos públicos y privados, especialmente en decisiones vinculadas con el acceso a servicios, beneficios, empleo, créditos, prestaciones o cualquier otra situación en la que un algoritmo pueda influir sobre la vida de las personas.
El texto crea el "Régimen de Derecho a la Revisión Humana de Decisiones Automatizadas", cuyo objetivo es establecer garantías para quienes sean alcanzados por resoluciones adoptadas total o parcialmente mediante sistemas automatizados.
Según el artículo 1°, la finalidad de la norma es garantizar que toda persona pueda solicitar una revisión humana cuando una decisión haya sido tomada mediante algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otro mecanismo de procesamiento automatizado de datos y esa decisión produzca efectos jurídicos o afecte significativamente sus derechos, intereses o expectativas legítimas.
De esta manera, la iniciativa busca evitar que una resolución de impacto para un ciudadano quede exclusivamente en manos de un sistema informático sin posibilidad de intervención humana.
El proyecto parte de una premisa cada vez más discutida a nivel global: la expansión del uso de inteligencia artificial y algoritmos en la toma de decisiones requiere mecanismos que aseguren transparencia, control y rendición de cuentas.
En ese sentido, la propuesta no prohíbe el uso de sistemas automatizados ni limita el desarrollo tecnológico, sino que incorpora una instancia adicional de protección para los ciudadanos cuando las decisiones puedan afectar derechos relevantes.
La revisión humana funcionaría como una garantía para verificar que el resultado obtenido por un algoritmo sea adecuado, proporcional y compatible con el marco legal vigente.
El proyecto establece que el régimen alcanzará las decisiones adoptadas total o parcialmente mediante sistemas automatizados cuando produzcan efectos jurídicos o afecten de manera significativa los derechos o intereses de una persona.
Aunque la iniciativa conocida hasta el momento no enumera casos específicos en su primer articulado, este tipo de mecanismos suele aplicarse a decisiones relacionadas con:

La presentación del proyecto se produce en un contexto de acelerado crecimiento de la inteligencia artificial generativa y del uso de algoritmos para automatizar procesos tanto en organismos públicos como en empresas privadas.
En los últimos años, distintos países avanzaron en regulaciones destinadas a garantizar que las personas puedan conocer cuándo una decisión fue tomada por un sistema automatizado y, en determinados supuestos, solicitar la intervención de un ser humano para revisar el resultado.
En síntesis, el proyecto pretende reconocer que, si bien la inteligencia artificial puede agilizar procesos y mejorar la eficiencia, las decisiones con impacto sobre los derechos de las personas no deberían quedar exclusivamente bajo el criterio de un algoritmo.
Con esa premisa, los legisladores proponen crear un marco legal que permita a cualquier ciudadano solicitar que una persona revise aquellas decisiones automatizadas que puedan generar consecuencias relevantes en su situación jurídica o personal.