Menos burocracia en CABA: el cambio que le ahorra tiempo a empleadores

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la eliminación de la obligación de rubricar la documentación laboral que hasta ahora debían realizar los empleadores ante la autoridad local. La decisión se enmarca en el proceso de modernización y simplificación administrativa impulsado por la gestión de Jorge Macri y adecua la normativa porteña a los cambios introducidos por la Ley 27.802 y su reglamentación mediante el Decreto 407/2026.

Con la nueva resolución, el régimen deja de aplicarse de manera retroactiva desde el 1° de junio de 2026 y establece que el período correspondiente a mayo será el último alcanzado por la obligación de rúbrica. Desde el Ejecutivo porteño sostienen que la medida elimina procedimientos que habían perdido sustento jurídico y permite reducir tiempos, costos y cargas administrativas para empresas y empleadores, sin afectar los mecanismos de fiscalización laboral.

 

 

 

 

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Un Estado más ágil y eficiente

El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, destacó que la decisión "refleja el compromiso del Gobierno de la Ciudad con una administración moderna, eficiente y alineada con el marco normativo vigente", al tiempo que aseguró que la eliminación de trámites sin respaldo legal "reduce costos, simplifica procesos y brinda mayor previsibilidad a quienes generan empleo".

En la misma línea, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, afirmó que la medida responde a la decisión política del jefe de Gobierno de avanzar hacia un Estado más moderno, eliminando exigencias administrativas que ya no resultaban necesarias. Según explicó el funcionario, la simplificación del régimen no implica una reducción de los controles sobre las relaciones laborales.

Desde la Secretaría de Trabajo y Empleo aclararon que la resolución no modifica las facultades de inspección, fiscalización y sanción previstas por la Ley 265 de la Ciudad. De esta manera, la autoridad laboral continuará ejerciendo el poder de policía para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y controlar las condiciones de higiene, seguridad y salud en los establecimientos laborales. El objetivo es eliminar burocracia sin resignar la protección de los derechos de los trabajadores.

Seguridad jurídica para los empleadores

La resolución también contempla una transición ordenada para quienes ya habían iniciado trámites bajo el régimen anterior. En ese sentido, establece que todas las presentaciones realizadas antes del 1° de junio continuarán tramitándose conforme a las reglas vigentes al momento de su inicio, otorgando previsibilidad y seguridad jurídica.

Además, la Dirección General Relaciones del Trabajo será la encargada de resolver los expedientes pendientes y, cuando corresponda, gestionar la devolución de los aranceles abonados por trámites que ya no deberán realizarse.

Adecuación del sistema

Como parte de la implementación del nuevo esquema, la Dirección General Relaciones del Trabajo actualizará los sistemas informáticos, los procedimientos administrativos y los instructivos internos para adecuarlos al nuevo régimen. Solo permanecerán vigentes aquellos trámites de rúbrica previstos por leyes especiales que continúan bajo la órbita de la autoridad laboral porteña.

Con esta decisión, el Gobierno de la Ciudad profundiza su estrategia de desburocratización del Estado, buscando facilitar la actividad de empleadores y empresas mediante la eliminación de requisitos considerados obsoletos, mientras mantiene intactas las herramientas de control destinadas a garantizar el cumplimiento de la legislación laboral.