La crisis de la yerba mate llegó de lleno al Gobierno de Hugo Passalacqua. Productores, tareferos y cooperativas de Misiones solicitarán al gobernador que impulse una Ley de Emergencia Yerbatera para enfrentar el derrumbe de los ingresos del sector primario y evitar que la situación derive en el cierre de pequeñas explotaciones y la pérdida de puestos de trabajo.

Las organizaciones tienen previsto reunirse este jueves 30 de julio con el mandatario provincial para entregarle un proyecto y reclamar herramientas de asistencia para una actividad que atraviesa una de sus etapas más complejas. El planteo llega después de que el Gobierno nacional ratificara que no devolverá al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad para establecer precios mínimos de la hoja verde y la yerba canchada.
La atribución había sido eliminada por el DNU 70/2023, una decisión que dejó al precio de la materia prima sujeto a las condiciones del mercado. Para las entidades del sector, esa desregulación agravó el desequilibrio entre los pequeños productores y las industrias, en una cadena donde la capacidad de negociación está fuertemente concentrada.
Uno de los principales argumentos de los productores es la diferencia entre los costos de producción y los valores que reciben por su trabajo. Un cálculo difundido por el sector ubicó en $473 el costo de producir un kilo de hoja verde durante junio, mientras que en algunas zonas se denunciaron pagos de apenas $170 por kilo puesto en secadero.

A esa diferencia se suman los plazos de pago, que pueden extenderse y deteriorar todavía más el ingreso real de los productores. Las cifras corresponden a estimaciones sectoriales y deberán ser auditadas por el Ministerio del Agro, pero la brecha denunciada ya generó reclamos para que la Provincia publique un estudio oficial de costos y precios por región.
La magnitud del problema excede a los productores. Más del 85% de la producción argentina de hoja verde se concentra en Misiones, donde la actividad sostiene a miles de familias y genera trabajo para tareferos, cooperativas, secaderos, transportistas y comercios.

Por eso, la caída de los ingresos en el eslabón primario amenaza con trasladarse rápidamente al resto de la economía provincial. Una reducción de las cosechas o el abandono de pequeñas chacras podría impactar especialmente en los municipios que dependen de la actividad yerbatera.
El gobernador Hugo Passalacqua cuestionó en reiteradas oportunidades las políticas nacionales y defendió la necesidad de garantizar un precio justo para los productores. Su administración también implementó líneas de crédito y programas de asistencia para el sector.
Después de dos horas de reunión, el ministro Federico Sturzenegger fue categórico: no habrá cambios. Escuchar cómo se defiende con orgullo una desregulación que está destruyendo la economía yerbatera indigna. Detrás de cada decisión hay miles de productores, cooperativas y…
— Facundo López Sartori (@Facundosartori) July 8, 2026
Sin embargo, el nuevo reclamo coloca al mandatario frente a una definición política concreta. Las organizaciones consideran agotadas las gestiones ante la Casa Rosada y ahora le piden al Gobierno provincial que utilice las herramientas que todavía están a su alcance para contener la emergencia.
El proyecto de ley todavía no fue difundido en su versión definitiva. Sus impulsores anticiparon que buscará crear mecanismos excepcionales de protección y establecer referencias que permitan reducir el desequilibrio entre productores e industrias. La discusión deberá determinar también qué medidas puede aplicar legalmente la Provincia, cuánto costarán y qué controles serán necesarios para garantizar que la asistencia llegue efectivamente al sector primario.

La situación obliga a Passalacqua a tomar una posición. El gobernador deberá definir si acompaña el proyecto, si impulsa una iniciativa propia ante la Legislatura de Misiones y qué medidas de asistencia inmediata puede implementar mientras continúa la discusión sobre el futuro de la actividad.
La crisis yerbatera expone así un problema que comenzó con la desregulación nacional, pero que ahora exige respuestas en el ámbito provincial. Con los pequeños productores trabajando por debajo de los costos que denuncian, el desafío para Misiones será evitar que la emergencia económica termine convirtiéndose en un deterioro irreversible de una de sus principales economías regionales.