Feroz pelea gremial en una planta de Cargill tiene en vilo a un pueblo bonaerense

La disputa entre dos gremios del transporte paralizó la planta de la principal agroexportadora del país en el pueblo de Arribeños. Cargill  suspendió todas las operaciones y crece la preocupación por el impacto económico en la pequeña localidad de poco más de tres mil habitantes, ubicada en el distrito de General Arenales. 

Desde la empresa multinacional aseguraron que retomarán la actividad únicamente cuando estén garantizadas las condiciones de seguridad para operar

La decisión representa un nuevo escalón en una disputa que comenzó con el reclamo de un grupo de transportistas locales y que terminó derivando en una fuerte interna entre organizaciones del transporte de cargas, mientras las negociaciones siguen empantanadas.

En un comunicado, la agroexportadora sostuvo que la situación que afecta a la planta es "externa a la compañía" y remarcó que quienes llevan adelante la protesta "no son ni han sido empleados de Cargill, sino prestadores de servicios independientes" precisaron.

La agroexportadora suspendió las operaciones hasta que existan garantías de seguridad

En ese sentido, defendió el criterio de libre contratación para la asignación de cargas y sostuvo que el conflicto responde a diferencias entre actores del transporte "ajenas a Cargill y a su operación".

La posición de la empresa

Desde la compañía explicaron que la paralización responde exclusivamente a razones de seguridad.

"La compañía se vio obligada a tomar esta medida porque la seguridad es un valor fundamental e innegociable en todas sus operaciones", señaló Cargill al informar que no reanudará la actividad hasta contar con garantías para el normal funcionamiento de la planta y la circulación en sus inmediaciones.

Además, recordó que opera desde hace más de 25 años en Arribeños, donde mantiene vínculos comerciales con unos 130 productores agropecuarios y trabaja junto a más de 70 proveedores locales, además de generar empleo directo e indirecto.

Una pelea intersindical el factor decisivo en el conflicto

El origen del conflicto, sin embargo, excede la relación entre la multinacional y los fleteros. Según pudo reconstruir NewsDigitales a partir de fuentes locales al tanto de las negociaciones, la disputa comenzó cuando un grupo de transportistas que históricamente operaba dentro de la órbita de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) decidió alinearse con el Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA).

Los transportistas díscolos denunciaron que un intermediario vinculado a CATAC exigía el pago informal de una comisión equivalente al 3% del valor de cada viaje para acceder a las cargas, acusación que la entidad negó desde el inicio del conflicto.

Las mismas fuentes sostienen que la discusión no gira sobre el valor de las tarifas como ocurrió en el resto de los distritos, sino sobre quién administra la operatoria del transporte en la zona. Tanto SIUNFLETRA como CATAC cuentan con afiliados de Arribeños, mientras que Cargill sostiene desde el comienzo que la contratación de transportistas responde a criterios comerciales propios de la empresa y que no existe relación laboral con quienes realizan los fletes.

Semanas atrás, el tema fue discutido en la delegación Junín del ministerio de trabajo y aunque hubo mediación para entablar reuniones con los sindicatos las mismas no prosperaron.

Actividad paralizada y complicaciones para el campo

Mientras un grupo de manifestantes mantiene una guardia frente al establecimiento, sectores del campo ya advierten por las complicaciones al sector productivo. Es que la suspensión de actividades comenzó a generar preocupación en la comunidad local ya  que la planta articula su actividad con decenas de proveedores de Arribeños y su zona de influencia.

Es que la empresa cuenta con alternativas logísticas para sostener parte de su operatoria, como el transporte ferroviario y otras plantas de acopio de la región, entre ellas la de Vedia y si bien la compañía ha mostrado señales de querer continuar con la operatoria, la prolongación del conflicto podría profundizar sus consecuencias económicas sobre la localidad.