Una condena a perpetua basada en una prueba cuestionada espera definición de la Corte

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en estudio uno de los últimos recursos presentados por la defensa del expolicía bonaerense José Antonio Cácere, condenado a prisión perpetua por la muerte de Ariel Canisso, un detenido que falleció en una dependencia policial de Berisso en 2011. Más allá de la responsabilidad penal del exefectivo, el expediente plantea un debate de fondo sobre cómo deben valorarse las distintas pruebas periciales dentro de un proceso judicial y hasta dónde un tribunal puede apartarse de las conclusiones de una autopsia oficial.

La causa tuvo un recorrido poco habitual. En sus primeros meses, la investigación parecía encaminarse hacia un cierre sin consecuencias penales luego de que la autopsia realizada por médicos de la Asesoría Pericial concluyera que Canisso había muerto por causas naturales, vinculadas a un cuadro cardíaco, y descartara lesiones traumáticas compatibles con una agresión.

Sin embargo, el expediente cambió de rumbo con la incorporación de una pericia de parte, que analizó las fotografías de la autopsia y sostuvo una hipótesis completamente distinta: que la víctima había sufrido una lesión interna producto de una golpiza.

Esa diferencia técnica terminó convirtiéndose en uno de los principales ejes del juicio oral.

Dos interpretaciones opuestas de una misma prueba

Durante el debate oral declararon tanto los médicos que practicaron la autopsia como el especialista que elaboró el informe presentado por la querella.

Mientras los primeros ratificaron que la muerte obedeció a un problema cardíaco y explicaron que la supuesta fractura observada en el hueso hioides había sido producida durante las propias maniobras de la autopsia, el perito de parte sostuvo que esa lesión era compatible con un fuerte golpe recibido por la víctima.

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata decidió otorgar mayor valor a esa última interpretación y condenó a prisión perpetua a Cácere y a otro efectivo policial.

Para la defensa, allí radica una de las principales irregularidades del expediente.

El abogado Fabián Améndola, integrante del estudio de Fernando Burlando, sostiene que la sentencia terminó privilegiando el análisis realizado sobre fotografías por encima de las conclusiones de quienes intervinieron directamente en la autopsia.

"El tribunal terminó creyéndole más a un médico que analizó fotografías que a los médicos que hicieron la autopsia", cuestionó durante una entrevista con NewsDigitales.

Las fotografías y el examen médico

El recurso extraordinario también incorpora otros elementos que, según la defensa, fueron insuficientemente valorados durante el juicio. Entre ellos aparecen las fotografías tomadas al momento de la detención, en las que, según sostiene Cácere, Canisso no presentaba lesiones visibles, y el examen realizado por el Cuerpo Médico antes de ser trasladado a otra dependencia policial.

Ese informe dejó constancia de que el detenido no presentaba lesiones clínicamente evidenciables, un dato que, para la defensa, resulta incompatible con la hipótesis de una golpiza de extrema violencia.

Además, el expediente incluye las declaraciones del compañero de celda de Canisso, quien manifestó que ambos permanecieron varias horas juntos antes del fallecimiento y que durante ese tiempo la víctima nunca refirió dolores ni comentó haber sido agredida.

La defensa también recuerda que Canisso pasó por distintas dependencias policiales, fue revisado por personal médico y mantuvo contacto con varias personas antes de morir, circunstancias que, según su postura, vuelven poco verosímil la hipótesis de un ataque que hubiera pasado inadvertido para todos los intervinientes.

La última instancia

Tras la confirmación de la condena en las instancias provinciales, el expediente llegó al máximo tribunal del país, que ahora deberá resolver si corresponde abrir el recurso y revisar los planteos formulados por la defensa.

Para Améndola, la expectativa está puesta en que la Corte analice integralmente el expediente y no limite su intervención a una resolución formal. "Ojalá alguien lea la causa", afirmó el abogado al referirse al trámite pendiente.

La decisión que adopte el máximo tribunal no sólo definirá el futuro judicial de José Antonio Cácere. También podría convertirse en un nuevo pronunciamiento sobre los estándares de valoración de la prueba pericial en procesos penales, un aspecto que suele resultar determinante cuando las distintas interpretaciones técnicas conducen a conclusiones completamente opuestas.