Cómo es el plan mendocino para que docentes accedan a su vivienda propia

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley para ampliar las herramientas de financiamiento destinadas a facilitar el acceso de los docentes a la vivienda propia. La iniciativa, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, propone modificar la Ley 9.545, que creó el Fondo Escolar Permanente en 2024.

La reforma busca incorporar nuevas fuentes de recursos mediante la venta, subasta o alquiler de bienes en desuso de la Dirección General de Escuelas (DGE) y, al mismo tiempo, habilitar que una parte de los fondos pueda utilizarse como respaldo para créditos hipotecarios y otras operaciones financieras vinculadas con programas habitacionales para docentes.

La propuesta no contempla una entrega directa de dinero para construir viviendas. El Fondo Escolar Permanente funcionaría como garantía, contragarantía, caución o reserva para respaldar créditos bancarios, fideicomisos y otras herramientas financieras destinadas a facilitar el acceso a soluciones habitacionales.

El proyecto establece, además, límites para evitar que el mecanismo comprometa el funcionamiento del sistema educativo. Solo podrán afectarse recursos líquidos, rentas o disponibilidades financieras, mientras que los edificios escolares, vehículos y otros bienes esenciales para la prestación del servicio quedarán excluidos. También deberá mantenerse un saldo mínimo operativo y cada operación requerirá informes técnicos, contables, presupuestarios y legales.

Un plan de 250 viviendas para docentes

La iniciativa legislativa se complementa con un programa habitacional que el Gobierno provincial comenzó a diseñar luego de la apertura de sesiones. La primera etapa contempla unas 250 viviendas destinadas a docentes, con unidades de aproximadamente 60 metros cuadrados y un costo estimado, incluida la urbanización, de entre $100 millones y $120 millones por unidad.

El esquema prevé que hasta el 80% del valor pueda financiarse mediante créditos bancarios, con posible participación del Banco Nación u otras entidades, mientras que el 20% restante deberá ser cubierto por los beneficiarios como ahorro previo. Ese aporte podría reunirse en un plazo de entre 12 y 24 meses.

La inscripción se abriría durante el segundo semestre, una vez definidos los proyectos disponibles. La preinscripción se realizará a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y los aspirantes deberán elegir el emprendimiento al que desean postularse, según la ubicación de las viviendas.

El programa estará orientado principalmente a docentes con estabilidad laboral y capacidad de pago. Entre los requisitos analizados figura la acreditación de ingresos familiares equivalentes a cinco salarios mínimos, vitales y móviles. Una vez completado el ahorro previo y adjudicada la vivienda, el beneficiario deberá afrontar el crédito hipotecario, que podría extenderse hasta 30 años.

El Fondo Escolar cambia su alcance

La modificación de la Ley 9.545 también amplía el destino del Fondo Escolar Permanente. Además de financiar infraestructura educativa, los recursos podrán generar rentas para la adquisición de terrenos, construcción, reparación y equipamiento de edificios escolares y espacios vinculados con la comunidad educativa.

El Gobierno sostiene que el objetivo es optimizar el patrimonio de la DGE sin aumentar la presión fiscal ni generar nuevo endeudamiento. En ese marco, los recursos obtenidos por la venta o explotación de bienes en desuso pasarían a integrar el fondo para financiar nuevas inversiones.

La estrategia habitacional contempla, además, una segunda operatoria financiada con USD 10 millones provenientes del fondo del resarcimiento. En este caso, el programa no estará destinado exclusivamente a docentes y podría alcanzar unas 350 viviendas para familias que cumplan con los requisitos de acceso a una vivienda única.

La Provincia aportaría hasta el 40% del valor de cada unidad, con un tope de referencia de $130 millones, mientras que el 60% restante quedaría a cargo de los desarrolladores, mediante recursos propios o acuerdos con los compradores. Los proyectos deberán contemplar entre 5 y 35 viviendas y los fondos estatales deberán ser devueltos al IPV en un plazo de 10 años.

Con ambos programas, Mendoza busca ampliar la oferta habitacional mediante un esquema en el que el Estado aporta tierras, garantías o financiamiento y el sector privado participa en la construcción. El desafío será transformar los anuncios y las herramientas financieras en viviendas concretas y accesibles para familias que hoy encuentran cada vez más dificultades para acceder al crédito hipotecario.