La discusión por la reforma de la Ley de Tierras Rurales volvió a poner bajo la lupa el caso de Valle Hermoso, una localidad de La Rioja que en 2008 quedó incluida en una operación de compraventa de unas 200.000 hectáreas a un inversor estadounidense. La transacción comprendía campos, montañas y también un pueblo habitado, con una escuela, una capilla, un puesto sanitario y fuentes de agua.

El antecedente volvió al centro del debate mientras el Congreso analiza modificaciones a la Ley 26.737, sancionada en 2011 para limitar la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El Gobierno sostiene que las restricciones actuales desalientan inversiones, mientras sus críticos advierten que flexibilizarlas podría afectar el control sobre territorios y recursos estratégicos.
El fiscal de Estado de La Rioja, Emilio Rodríguez, encabezó la representación judicial de los habitantes de Valle Hermoso y reivindicó el proceso que permitió reconocer los derechos de posesión de la comunidad.
“Después de una década de batalla judicial, logramos que se reconozca la posesión de la gente que vive en Valle Hermoso, un pueblo que fue vilmente rematado”, afirmó en diálogo con Total Normalidad, por Futurock.
Rodríguez sostuvo que la operación implicó, en los hechos, la venta de toda una comunidad. Según explicó, el conflicto expuso una diferencia clave entre la titularidad registral y la posesión efectiva de la tierra. “El poseedor habita la tierra, la trabaja y se siente dueño, un derecho amparado por el Código Civil”, señaló.
Para el funcionario, el caso se convirtió en uno de los antecedentes que impulsaron la sanción de la Ley de Tierras Rurales. La norma estableció un límite del 15% para la propiedad extranjera sobre tierras rurales, fijó restricciones para inmuebles que contengan cuerpos de agua y determinó topes de superficie por titular.
La controversia de Valle Hermoso puso en evidencia los riesgos que, según sus defensores, existían antes de la sanción de la legislación vigente. La falta de límites específicos permitía operaciones sobre grandes extensiones de territorio, incluso cuando involucraban poblaciones consolidadas o recursos naturales considerados estratégicos.
Rodríguez también señaló que el comprador extranjero nunca avanzó formalmente con un reclamo sobre el territorio y recordó que durante el proceso se detectaron incumplimientos administrativos vinculados con la operación.
Para el fiscal de Estado, la experiencia demuestra la necesidad de mantener límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. “La ley vigente tuvo en cuenta esos puntos esenciales: no le prohíbe nada al extranjero, simplemente impone límites razonables”, sostuvo.
En medio del debate parlamentario, el caso vuelve a funcionar como un antecedente concreto para quienes rechazan una flexibilización de las restricciones. Rodríguez advirtió que modificar la normativa podría tener consecuencias que exceden la cuestión inmobiliaria y afectar el control territorial, la soberanía y la seguridad nacional.
La discusión de fondo vuelve a plantear una pregunta que atraviesa el debate sobre la propiedad rural: hasta dónde puede avanzar la inversión extranjera sobre el territorio argentino sin comprometer el control de recursos estratégicos y los derechos de las comunidades que habitan esas tierras.