La diputada nacional Natalia de la Sota presentó un proyecto de ley para crear un régimen de asistencia humana e inclusión digital destinado a las personas mayores, con el objetivo de evitar que la creciente digitalización de los trámites públicos y privados termine funcionando como una barrera para acceder a derechos, prestaciones, beneficios y servicios esenciales.
La iniciativa plantea un principio concreto: que la tecnología facilite los trámites, pero que no elimine la posibilidad de recibir asistencia de una persona.
El proyecto establece que quienes lo necesiten puedan optar por una atención personalizada y que determinados trámites no puedan realizarse exclusivamente mediante plataformas digitales cuando el usuario solicite atención humana.
Para fundamentar la propuesta, De la Sota recurre a experiencias de otros países que avanzaron en la digitalización sin abandonar los canales presenciales, telefónicos o comunitarios.
La iniciativa se denomina "Ley de Asistencia Humana e Inclusión Digital para Personas Mayores". Alcanzaría a trámites ante organismos del Estado nacional, empresas y organismos públicos, concesionarias de servicios públicos, entidades financieras reguladas por el Banco Central, empresas de telecomunicaciones, empresas de medicina prepaga y obras sociales nacionales, además de otras entidades que eventualmente determine la reglamentación.
El eje más importante aparece en el artículo 3°: ningún trámite cuyo resultado implique ejercer un derecho, acceder a una prestación, beneficio o servicio esencial, o cumplir una obligación, podría realizarse exclusivamente mediante plataformas digitales cuando el usuario solicite atención humana.
De esta manera, el proyecto no propone eliminar la digitalización. Busca establecer que la vía digital conviva con alternativas de atención personal.
"Cuando una persona que ha trabajado toda su vida se enfrenta a la angustia de no poder resolver trámites básicos para su vida, fundamentalmente porque la tecnología para acceder a esa gestión le resulta extraña y poco amigable, se produce uno de los actos sociales más injustos", sostiene el texto.
La diputada reconoce que la digitalización representa un avance en términos de eficiencia, reducción de costos y simplificación administrativa. Pero advierte que ese proceso también puede producir nuevas desigualdades.
El proyecto identifica varios obstáculos que exceden la posibilidad de contar con un teléfono celular o una conexión a Internet: falta de conocimientos digitales, miedo a cometer errores, plataformas complejas, riesgo de estafas y desaparición progresiva de la atención personalizada.
La iniciativa también contempla la creación del Programa Nacional de Inclusión Digital para Personas Mayores.
El programa tendría que ofrecer capacitación permanente y gratuita para utilizar tecnologías digitales y realizar trámites electrónicos. Entre los contenidos mínimos figuran el manejo de teléfonos inteligentes y computadoras, navegación segura por Internet, aplicaciones bancarias y billeteras digitales, prevención de fraudes y estafas digitales, identidad digital, servicios de salud digitales y plataformas gubernamentales.
La propuesta establece que estas actividades puedan desarrollarse junto con bibliotecas populares, universidades, centros de jubilados, centros comunitarios, escuelas y otras organizaciones.
Además, el Estado Nacional podría celebrar convenios con provincias, municipios, universidades, cooperativas, organizaciones sociales, entidades de adultos mayores y organizaciones sin fines de lucro.
Otro de los componentes del proyecto es la creación de una Mesa de Ayuda Digital para Personas Mayores.
La iniciativa plantea que funcione de manera permanente, durante las 24 horas y los 365 días del año, y que la asistencia sea gratuita para sus destinatarios.
El servicio podría brindarse por teléfono, videollamada y plataformas digitales. También tendría que orientar sobre trámites públicos y privados, acompañar paso a paso a los usuarios durante operaciones digitales y derivarlos hacia los organismos correspondientes cuando fuera necesario.
La intención es que una persona mayor no quede sola frente a una pantalla cuando debe realizar una operación que puede involucrar dinero, información personal, salud o el acceso a un beneficio.

El proyecto también introduce obligaciones vinculadas con la accesibilidad.
Los organismos nacionales y las entidades alcanzadas deberían adaptar sus plataformas digitales con criterios universales de accesibilidad.
Entre otros aspectos, se plantea utilizar lenguaje claro, permitir ampliar la letra, simplificar la navegación, incorporar instrucciones audiovisuales, garantizar compatibilidad con tecnologías de asistencia y reducir la cantidad de pasos necesarios para completar un trámite.
Es decir, la propuesta no apunta solamente a enseñarles a las personas mayores cómo utilizar las plataformas existentes. También plantea que esas plataformas sean más sencillas de utilizar.

Uno de los principales antecedentes mencionados en los fundamentos es Brasil.
El proyecto señala que durante la tercera presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva se implementa el programa Balcão GOV.BR, concebido para brindar atención presencial y humanizada a ciudadanos que necesitan ayuda para utilizar la plataforma digital del Estado.
Según los fundamentos, el programa está especialmente orientado a personas mayores, personas con baja alfabetización digital y quienes no cuentan con acceso a Internet.
El proyecto también toma como referencia el modelo estadounidense. Según los fundamentos, en Estados Unidos funcionan más de 600 "Area Agencies on Aging", financiadas con fondos federales y administradas localmente.
Estas agencias ayudan a personas mayores con trámites vinculados con Medicare, seguridad social y transporte, entre otras cuestiones. Además, las conectan con oficinas públicas y organizaciones que pueden brindar acompañamiento personal.
La iniciativa también destaca el papel de las bibliotecas públicas estadounidenses. Miles de ellas ofrecen asistencia personalizada para utilizar computadoras, realizar trámites y participar de cursos gratuitos de alfabetización digital.
Para el proyecto, ese modelo muestra que los espacios comunitarios tradicionales pueden convertirse en puntos de acceso y acompañamiento frente a la digitalización.
El proyecto también menciona la experiencia australiana de Be Connected.
Se trata, según los fundamentos, de un programa nacional destinado específicamente a personas mayores de 50 años, que ofrece cursos gratuitos y financiamiento a organizaciones comunitarias.
La diferencia respecto de un modelo centrado únicamente en la atención de trámites es que la propuesta australiana pone el acento en la capacitación.
La idea es que las personas mayores puedan adquirir progresivamente herramientas para desenvolverse con mayor autonomía en el mundo digital.