El escenario climático que se proyecta para los próximos meses encendió una señal de alerta en Entre Ríos.
La posibilidad de que se consoliden condiciones asociadas al fenómeno El Niño y de que aumenten las precipitaciones sobre la Cuenca del Plata llevó a los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay a presentar un pedido de informes para conocer qué medidas de prevención, coordinación y mitigación está implementando el Gobierno nacional frente a eventuales crecientes extraordinarias de los ríos Paraná y Uruguay.
La iniciativa busca que el Poder Ejecutivo detalle sus previsiones hidrológicas, los mecanismos de coordinación con Entre Ríos y los municipios potencialmente afectados, los recursos disponibles ante una emergencia y las obras previstas para reducir el impacto de posibles inundaciones.
El planteo legislativo aparece, además, apenas tres semanas después de que el Gobierno nacional oficializara el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, una estrategia diseñada precisamente para anticipar y organizar la respuesta estatal frente a inundaciones, crecidas y otros eventos hidrometeorológicos vinculados con el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur.
La Resolución 559/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional fue publicada en el Boletín Oficial el 7 de julio, aunque había sido firmada el 19 de junio. La norma aprobó el plan y encomendó a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) las tareas de articulación y coordinación con los organismos involucrados. También habilitó a ese organismo a actualizar o modificar el programa de acuerdo con la evolución del escenario climático, operativo, técnico o logístico.
El proyecto presentado por Michel y Marclay parte de una preocupación concreta: Entre Ríos se encuentra geográficamente entre dos de los principales cursos de agua del país, el Paraná y el Uruguay, y por ese motivo numerosas ciudades, localidades y áreas rurales están expuestas a episodios de crecidas e inundaciones.
Los diputados sostienen que una eventual combinación entre mayores precipitaciones y el comportamiento hidrológico de ambas cuencas puede generar consecuencias sobre viviendas, infraestructura, caminos, puentes, servicios públicos y actividades productivas.
Por eso, el pedido no se limita a conocer si existen pronósticos climáticos. Busca determinar si existe una estructura efectiva de prevención y respuesta antes de que se produzca una eventual emergencia.
En ese sentido, los legisladores remarcan que la anticipación, el monitoreo permanente de las cuencas y la coordinación entre Nación, provincia, municipios y organismos binacionales resultan centrales para reducir daños.
El proyecto solicita al Poder Ejecutivo que informe especialmente sobre nueve aspectos vinculados con la prevención y la eventual respuesta ante las crecientes.
El pedido de informes cobra especial relevancia porque el Gobierno nacional ya había puesto en marcha un esquema específico para enfrentar el escenario climático previsto para los próximos meses.
La estrategia pone especial atención sobre la Cuenca del Plata, considerada una de las zonas que podría recibir mayores impactos ante un escenario de precipitaciones superiores a las habituales.
El plan nacional identifica como área prioritaria de monitoreo y eventual despliegue operativo a un conjunto de jurisdicciones de la región.
Entre ellas aparecen Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
La inclusión de Entre Ríos resulta particularmente significativa por su ubicación entre los ríos Paraná y Uruguay y por la cantidad de localidades, áreas rurales y actividades productivas expuestas a las variaciones de ambos sistemas hídricos.
La planificación nacional apunta a mejorar la capacidad de anticipación, compartir información científica y operativa y acelerar el despliegue de recursos cuando las condiciones lo requieran.
Uno de los principales actores del esquema es la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que quedó a cargo de coordinar las acciones previstas por el plan.
La estrategia también involucra al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), al Servicio Meteorológico Nacional, al Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo, a la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), a Vialidad Nacional, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Federales de Seguridad, a los Bomberos Voluntarios y a los organismos de Protección Civil provinciales y municipales.
Cada uno tiene responsabilidades diferentes en materia de monitoreo, comunicaciones, asistencia, seguridad, infraestructura, salud y despliegue territorial.
La lógica del programa es que la respuesta no se active recién cuando una inundación ya esté instalada, sino que las distintas áreas puedan prepararse con anticipación sobre la base de la información disponible.
El esquema nacional contempla distintos niveles de actuación frente a una emergencia.
En el nivel estratégico funcionan los Centros de Operaciones de Emergencia, responsables de la toma de decisiones y de la coordinación general.
En el nivel operativo se ubican los equipos encargados del despliegue de los recursos disponibles, mientras que el nivel táctico corresponde a las brigadas y equipos que intervienen directamente sobre el terreno.
La planificación busca establecer de antemano responsabilidades y mecanismos de comunicación para evitar que cada organismo deba improvisar su actuación cuando la emergencia ya se encuentre en desarrollo.
La activación del plan no significa que el Gobierno haya determinado que necesariamente se producirá una inundación extraordinaria.
El fenómeno El Niño aumenta determinados riesgos climáticos, pero no permite anticipar por sí solo la magnitud concreta de una creciente en un río determinado.
La preocupación está relacionada con la posibilidad de que las precipitaciones superiores a los valores normales coincidan con condiciones hidrológicas desfavorables en la Cuenca del Plata.
En ese escenario podrían producirse crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, inundaciones urbanas, anegamientos rurales, cortes de rutas, aislamiento de poblaciones, daños en infraestructura y eventualmente evacuaciones. Por eso, la principal herramienta planteada por el Gobierno es la prevención.
El pedido de informes pone especial énfasis en los ríos Paraná y Uruguay porque ambos tienen características diferentes y atraviesan zonas de la provincia con poblaciones y actividades económicas expuestas.
En el caso del Paraná, las variaciones de caudal pueden repercutir sobre localidades ribereñas, islas, zonas productivas y sectores urbanos.
El río Uruguay, por su parte, tiene una dinámica propia y su seguimiento requiere además la articulación con organismos vinculados al manejo de los recursos hídricos compartidos con Uruguay.
Por eso, el proyecto considera fundamental conocer qué nivel de coordinación existe con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).
La pregunta de los diputados apunta a determinar si la información hidrológica que producen estos organismos está integrada efectivamente a la planificación nacional de emergencias.