Un debate que vuelve
29/07/2026 - Edición Nº1268
Política
Condena por Vialidad
Cristina Kirchner a la ONU: el llamativo perfil de los abogados que eligió
29/07/2026 | Uno de ellos fue clave en el caso de Lula da Silva y el otro sostiene posiciones alejadas del universo progresista. La carta completa de CFK.
Cristina Kirchner saludando a la militancia que la acompaña en San José 1111.
Cristina Kirchner decidió llevar su disputa judicial a un nuevo escenario.
Este miércoles, la expresidenta anunció que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena en la causa Vialidad y denunciar lo que considera una persecución política, violaciones de derechos fundamentales y una utilización del Poder Judicial con fines de proscripción.
La presentación internacional fue anunciada a través de una extensa carta abierta, en la que Cristina volvió a colocar el eje de su defensa en la relación entre Justicia, democracia y derechos políticos.
Pero el dato que acompaña la nueva ofensiva jurídica también tiene una fuerte carga política y simbólica: para esta etapa eligió a dos abogados extranjeros cuyas trayectorias, perfiles y posicionamientos públicos son marcadamente diferentes.
Se trata del brasileño Rafael Valim, reconocido por sus estudios sobre lawfare y por su vínculo profesional con la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, y del español Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo de España, cuya trayectoria pública reciente aparece asociada a posiciones conservadoras y a críticas contra distintas agendas progresistas.
La elección de ambos configura una defensa internacional que, al menos desde el punto de vista de sus perfiles públicos, no queda encerrada en una única tradición ideológica.
Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026
La carta de Cristina: "La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal"
En su documento, Cristina sostuvo que las decisiones judiciales que derivaron en su condena no deben ser interpretadas solamente como un conflicto jurídico individual.
"El ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino", afirmó.
La expresidenta volvió a definir su situación como un caso de persecución política y cuestionó que su condena tenga como consecuencia la imposibilidad permanente de ejercer cargos públicos.
Para Cristina, esa inhabilitación constituye el verdadero núcleo de la sanción. "La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria", sostuvo.
La causa Vialidad derivó en una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Luego de que la Corte Suprema dejara firme el fallo, la expresidenta comenzó a concentrar buena parte de su estrategia en instancias internacionales.
En su carta, además, amplió el planteo y sostuvo que una eventual exclusión judicial de un dirigente no afecta únicamente a quien recibe la condena.
"La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina", argumentó.
Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111
El anuncio ante la ONU
La decisión concreta anunciada por Cristina es la presentación de una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La expresidenta sostiene que el recurso no constituye simplemente una apelación política contra una sentencia que considera injusta, sino un intento de someter el proceso judicial argentino al análisis de los estándares internacionales de derechos humanos.
"Frente a esa realidad, no responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad", afirmó.
La presentación apunta, según explicó, a que se analice si durante el proceso fueron respetados principios como la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
La propia carta busca colocar el caso argentino dentro de una discusión internacional más amplia. Cristina sostiene que en distintos países se ha producido un fenómeno similar: la utilización de herramientas judiciales para neutralizar a dirigentes que conservan respaldo electoral.
"Cambian los países, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el método es el mismo: convertir al Derecho y al Sistema de Justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto", escribió.
Ese argumento conecta directamente con el concepto de lawfare, una de las principales categorías utilizadas por Rafael Valim a lo largo de su trayectoria académica y profesional.
Rafael Valim, el abogado que llega desde el universo de Lula
La incorporación de Rafael Valim es, probablemente, la parte más sencilla de asociar con el universo político de Cristina Kirchner.
Jurista brasileño, doctor y máster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Valim desarrolló buena parte de su actividad académica alrededor del Derecho Público, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. También adquirió notoriedad internacional por su intervención en el debate sobre lawfare y por su cercanía profesional con el equipo jurídico que defendió a Lula durante la causa Lava Jato.
Su nombre quedó especialmente vinculado al libro "Lawfare: una introducción", publicado junto con Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Zanin Martins. La obra analiza cómo determinadas herramientas jurídicas pueden convertirse en instrumentos utilizados para afectar a adversarios políticos.
La definición de Valim es contundente: describe el lawfare como el "uso estratégico del Derecho con el fin de deslegitimar, perjudicar o aniquilar a un enemigo".
En esa construcción teórica identifica distintos mecanismos: la selección de determinados tribunales o jueces, el uso abusivo de instrumentos jurídicos y una dimensión comunicacional destinada a afectar la imagen pública del acusado.
Lula da Silva y Cristina Kirchner en San José 1111
Javier Borrego: el dato que rompe cualquier lectura lineal
Pero el segundo nombre introduce un elemento mucho más llamativo. Javier Borrego no responde al perfil que habitualmente se asociaría con una defensa internacional vinculada al kirchnerismo o a la izquierda latinoamericana.
Por el contrario, su trayectoria pública reciente en España está asociada a posiciones conservadoras y a fuertes cuestionamientos a determinadas agendas progresistas.
Y allí aparece uno de los aspectos más singulares de la decisión de Cristina: mientras Valim es conocido por su trabajo sobre lawfare y por su vínculo con la defensa de Lula, Borrego proviene de una tradición jurídica y política muy diferente.
No se trata, además, de un abogado sin experiencia institucional. Borrego fue abogado del Estado español y desarrolló una extensa trayectoria en el ámbito judicial. Fue magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y posteriormente integró la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España. Su designación para ese máximo tribunal español fue oficializada en noviembre de 2018.
Su experiencia internacional resulta especialmente relevante para una estrategia que ahora pretende llevar el caso argentino al terreno del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Un jurista con posiciones muy alejadas de Cristina
El contraste ideológico con Cristina Kirchner aparece con mayor claridad cuando se observa la actividad pública de Borrego durante los últimos años.
El exmagistrado español participó en actividades organizadas por Vox en el Congreso de los Diputados y expresó posiciones críticas respecto de la denominada "ideología de género" y de la expansión de determinados derechos vinculados con la identidad de género.
En una de esas intervenciones, Borrego llegó a utilizar la frase "Me llamo Francisca Javiera y soy mujer" para cuestionar la legislación española sobre autodeterminación de género. Sus declaraciones fueron objeto de fuertes críticas de organizaciones vinculadas con los derechos LGTBI.
Su posicionamiento público también incluyó cuestionamientos a distintas reformas impulsadas por el gobierno de Pedro Sánchez y una defensa de concepciones más tradicionales del orden constitucional.
Por eso, su incorporación a la defensa de Cristina presenta una particularidad que difícilmente pase inadvertida: se trata de un jurista cuya posición pública en asuntos culturales y políticos españoles está muy lejos del universo ideológico del kirchnerismo.
