El plan de Milei para sumar aliados y avanzar con las reformas que frenó el Congreso

El Gobierno de Javier Milei definió una hoja de ruta para el segundo semestre con tres objetivos centrales: avanzar con las reformas pendientes en el Congreso, fortalecer el vínculo con los gobernadores y comenzar a ordenar el armado electoral de cara a 2027. La estrategia busca recuperar iniciativa política después de los cambios internos en el Gabinete y frente a las dificultades que encontró el oficialismo para imponer su agenda legislativa.

La Casa Rosada sabe que su bancada no alcanza por sí sola para aprobar buena parte de los proyectos considerados prioritarios. Por eso, la nueva etapa estará marcada por negociaciones diferenciadas con las provincias y con los bloques dialoguistas, en un esquema donde los acuerdos legislativos comienzan a mezclarse cada vez más con las conversaciones electorales.

Reformas y proyectos en espera

Entre las iniciativas que el Ejecutivo pretende impulsar aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el paquete denominado Inocencia Fiscal II. A esa agenda se suman modificaciones al sistema electoral y nuevas medidas económicas que todavía están en elaboración.

El Ministerio de Justicia también prepara una reforma que podría llegar al Congreso antes de fin de año. El proyecto contempla reducir de 12 a 8 los juzgados federales de la Ciudad de Buenos Aires, crear al menos una fiscalía y un juzgado federal en cada provincia y avanzar con el traspaso de la Justicia nacional a la órbita porteña.

La iniciativa incluiría además la eliminación de al menos 120 cargos nacionales. En paralelo, el Gobierno analiza una nueva reforma del Consejo de la Magistratura, con una reducción en la cantidad de integrantes y un cambio en el esquema de conducción del organismo.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, defendió la idea de un Consejo más reducido para acelerar la selección de jueces y sostuvo que la integración de la Corte Suprema no figura entre las prioridades inmediatas del Presidente.

Los gobernadores, una pieza clave

La estrategia legislativa también busca fortalecer el vínculo con los mandatarios provinciales. La creación de nuevos juzgados y fiscalías en el interior aparece como una de las herramientas que el Gobierno podría utilizar para construir acuerdos políticos más amplios.

En ese esquema, la discusión por las PASO vuelve a ocupar un lugar central. La Casa Rosada necesita definir si avanzará con su eliminación definitiva o si buscará una suspensión para las elecciones de 2027, una alternativa que podría facilitar acuerdos con gobernadores y legisladores que rechazan una modificación permanente del sistema electoral.

El nuevo tono de la negociación refleja un cambio en la estrategia oficial. El Gobierno necesita votos en el Congreso y aliados en las provincias para garantizar la segunda mitad de la gestión, pero también pretende que esos acuerdos puedan transformarse en entendimientos electorales para el próximo turno.

Un Congreso con varios frentes abiertos

El Senado concentra buena parte de los proyectos que esperan una definición. La Ley Hojarasca ya cuenta con dictamen y podría llegar al recinto el 6 de agosto, aunque su tratamiento compite con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La reforma del Régimen de Zona Fría todavía no reúne los votos necesarios, mientras que el denominado Súper RIGI aún no comenzó su discusión en comisiones de la Cámara alta. La situación refleja las dificultades que enfrenta el oficialismo para construir mayorías estables.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, además, acumuló distintas versiones durante su tratamiento y quedó atravesado por el debate sobre la reforma de la Ley de Tierras y los límites a la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros. El oficialismo ya sufrió cuatro sesiones frustradas vinculadas con esta agenda.

En Diputados, el Tratado de Patentes cuenta con dictamen, aunque su avance está condicionado por las negociaciones comerciales con Estados Unidos. La ley del lobby atravesó tres reuniones informativas y recibió críticas de distintos sectores, mientras que la reforma electoral todavía no comenzó su tratamiento en comisiones.

La agenda legislativa se cruza con 2027

El desafío para La Libertad Avanza es evitar que la falta de acuerdos parlamentarios frene la agenda de reformas y, al mismo tiempo, utilizar las negociaciones con las provincias para construir una estructura política más amplia.

La Casa Rosada busca que los acuerdos legislativos puedan convertirse también en alianzas territoriales. La eliminación o suspensión de las PASO, la distribución de recursos y la discusión de proyectos que afectan directamente a las provincias aparecen como parte de una negociación que excede el Congreso.

Con la mira puesta en 2027, Milei necesita llegar al próximo año electoral con reformas aprobadas, una economía que muestre resultados más visibles y una estructura política capaz de competir en todo el país. El segundo semestre será, en ese sentido, una prueba para medir si el oficialismo puede transformar su capacidad de iniciativa en acuerdos concretos y sostener el poder de negociación que necesitará para encarar la segunda mitad de su mandato.