El Gobierno nacional modificó el protocolo que regula las tareas preventivas de las fuerzas federales en espacios digitales y habilitó nuevas excepciones para continuar el monitoreo de publicaciones de acceso público cuando existan situaciones consideradas de riesgo. La medida fue oficializada este miércoles mediante la Resolución 725/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Alejandra Monteoliva.
La nueva normativa apunta especialmente a casos donde puedan estar involucrados menores de edad, amenazas de violencia masiva o hechos delictivos que estén ocurriendo a través de internet.
Ya está publicada la edición del 29/07/2026 del Boletín Oficial de la República Argentina. Podés visualizarla en https://t.co/eu8kOvhypS
— Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) July 29, 2026
Hasta ahora, el protocolo establecía que las tareas preventivas debían suspenderse cuando se detectaba que la persona monitoreada era menor de edad. Con la modificación, esa regla general continúa vigente, aunque se incorporaron excepciones vinculadas a la protección de la vida y la prevención de delitos graves.
La modificación alcanza al artículo 3° de la Resolución 428/2024, que establece las pautas para las tareas preventivas realizadas por las fuerzas federales en sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas. A partir de ahora, el monitoreo podrá continuar cuando existan razones fundadas en situaciones de especial gravedad. Entre ellas se encuentran los casos donde exista riesgo para la vida de un menor, situaciones de desaparición, fuga o desamparo.
También se habilita la continuidad de las tareas preventivas cuando se detecten conductas autolesivas o indicios de intento de suicidio, así como cuando el menor sea presunta víctima de un delito que se esté desarrollando en tiempo real mediante internet. La normativa incluye además los supuestos en los que existan indicios de amenazas o preparación de actos de violencia masiva, especialmente aquellos vinculados con establecimientos educativos u otros espacios de concurrencia pública.
La resolución establece que, en todos los casos excepcionales, el personal policial deberá dejar constancia de los motivos que justificaron la continuidad del monitoreo.
Además, la situación deberá ser comunicada de manera inmediata a la autoridad correspondiente, con el objetivo de garantizar un control posterior sobre las actuaciones realizadas.
De esta manera, el Gobierno busca mantener una herramienta preventiva sin eliminar los mecanismos de supervisión sobre el uso de estas facultades.
En los fundamentos de la resolución, la cartera de Seguridad sostiene que el crecimiento de los ciberdelitos y la difusión de amenazas a través de plataformas digitales obligan a actualizar las herramientas estatales de prevención.
El Ministerio señala que en los últimos años se registraron distintos episodios de amenazas de ataques contra escuelas difundidas mediante redes sociales, situaciones que requieren una respuesta rápida para evitar posibles daños.
Hoy celebramos 88 años de historia, servicio y compromiso de la Gendarmería Nacional Argentina.
— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) July 28, 2026
A cada gendarme que custodia nuestras fronteras, recorre rutas, trabaja en los lugares más inhóspitos del país y está donde la Patria lo necesita: ¡GRACIAS!
Feliz aniversario,… pic.twitter.com/ufqKsqyZgm
Según el Gobierno, el protocolo anterior podía generar limitaciones operativas frente a escenarios donde estuviera comprometida la integridad física de estudiantes, docentes o integrantes de la comunidad educativa.
La resolución aclara que continúan vigentes las restricciones establecidas por la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326. En consecuencia, las fuerzas federales sólo podrán actuar sobre contenidos de acceso público y no podrán realizar tratamiento de datos sensibles sin autorización judicial cuando corresponda.
Además, cada intervención excepcional deberá quedar registrada de manera detallada para garantizar la trazabilidad de las actuaciones y permitir controles internos sobre el uso de estas herramientas.
La modificación se enmarca dentro del Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027 y del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen (FORCIC).
A través de estas políticas, el Ministerio busca reforzar la capacidad de las fuerzas federales para detectar amenazas digitales, investigar delitos informáticos y actuar antes de que los riesgos puedan transformarse en hechos concretos.
Con esta actualización, el Ejecutivo sostiene que pretende adaptar los protocolos de prevención al nuevo escenario digital y brindar mayores herramientas frente a situaciones que puedan afectar especialmente a niñas, niños y adolescentes.