Congreso
30/07/2026 - Edición Nº1269
Política
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PROCREAR, desguace y dudas: del plan de CFK al pedido a Caputo en Diputados
30/07/2026 | Desde el massismo exigieron saber si existe algún mecanismo para preservar el uso habitacional y social de esas tierras.
Cristina Kirchner durante el acto del primer aniversario del PROCREAR.
La diputada nacional Sabrina Selva presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno de Javier Milei informe en detalle qué ocurrió con el PROCREAR desde la disolución de su fondo fiduciario y cuál será el destino de los terrenos, desarrollos urbanísticos y recursos que quedaron bajo la órbita estatal.
El pedido apunta especialmente al Ministerio de Economía, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y otros organismos competentes. La iniciativa toma como punto de partida el Decreto 1018/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso la disolución del Fondo Fiduciario Público PROCREAR.
La legisladora massista busca conocer qué sucedió con las obras que quedaron paralizadas, qué tierras fueron transferidas a la AABE, qué pasará con los inmuebles que pertenecían al programa y cuál es la situación de las familias que todavía esperan sus viviendas o la escritura de las unidades adjudicadas.
El proyecto también introduce una discusión de fondo: qué papel tendrá el Estado en el acceso a la vivienda después del cierre del PROCREAR y si el sistema financiero privado puede absorber la demanda habitacional de los sectores medios y populares.
El pedido de informes de Sabrina Selva
La presentación enumera nueve grandes bloques de preguntas.
El primero está relacionado con el estado de liquidación del PROCREAR. Selva pide conocer el grado de avance del proceso de disolución del Fondo Fiduciario y reclama un inventario actualizado de las obras que estaban en ejecución, las que quedaron paralizadas y los desarrollos urbanísticos terminados que permanecían pendientes de adjudicación o entrega al momento de la disolución.
El segundo eje se concentra en los terrenos transferidos a la AABE. El proyecto reclama la nómina completa de esos inmuebles, su ubicación, superficie, valuación fiscal y estado de desarrollo. También pide precisar cuáles ya fueron transferidos y cuáles continúan en proceso de transferencia.
Sabrina Selva, autora de la iniciativa
Qué quiere saber Selva sobre las tierras del PROCREAR
Uno de los puntos centrales del proyecto es qué piensa hacer el Gobierno con las tierras fiscales que quedaron bajo administración de la AABE.
La diputada pregunta cuáles son los planes y criterios previstos para la "puesta en valor, enajenación, subasta o transferencia" de esos terrenos e inmuebles.
Pero además introduce una pregunta política clave: si existe algún mecanismo para preservar el uso habitacional y social de esas tierras o si, por el contrario, se prevé su comercialización en el mercado inmobiliario privado.
También reclama que se informen las fechas y números de los expedientes iniciados en cada caso.
La cuestión no es menor porque, según los fundamentos del proyecto, se trata de terrenos que formaron parte del patrimonio del programa y que en distintos casos fueron acompañados por obras de infraestructura y desarrollos urbanísticos.
Selva sostiene que es necesario conocer "con absoluta claridad" cuál será el destino de esos activos y advierte sobre el riesgo de que terminen en operaciones inmobiliarias privadas.
Escrituras: otra de las preguntas que plantea el proyecto
Otro de los capítulos está dirigido a las familias que ya fueron adjudicatarias de viviendas PROCREAR pero todavía no completaron su regularización dominial.
El pedido solicita conocer el estado de los trámites para entregar las escrituras traslativas de dominio, cuántas permanecen pendientes y qué convenios fueron celebrados con el Banco Hipotecario S.A. para avanzar con esos procedimientos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1018/2024.
La preocupación de la diputada también alcanza a quienes cuentan con boletos de compraventa, adjudicaciones u otros derechos derivados del programa.
En ese sentido, solicita que el Gobierno explique qué mecanismos concretos de "resguardo jurídico y patrimonial" se están aplicando para proteger a esas familias y garantizar el derecho a la vivienda.
¿Qué pasará con los terrenos aportados por provincias y municipios?
El proyecto también pone la lupa sobre los terrenos que originalmente fueron aportados por gobiernos provinciales y municipales para desarrollar emprendimientos del PROCREAR.
Selva pregunta si el Ministerio de Economía inició o acordó procedimientos para devolver o transferir esos predios a las jurisdicciones que los habían aportado.
En caso de que existan esas gestiones, solicita conocer cuáles son las provincias, municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires involucrados y cuáles son los terrenos alcanzados.
El planteo se extiende a los predios donde comenzaron obras de infraestructura o construcción que luego quedaron inconclusas o paralizadas. Allí se pide saber si el Gobierno contempla devolver esos inmuebles a las jurisdicciones de origen, bajo qué condiciones y en qué estado serían restituidos.
También se pregunta qué ocurrirá con las mejoras y obras que ya fueron realizadas sobre esos terrenos.
Primeras entregas de viviendas ProCreAr financiadas por el Banco Nación en Corrientes en 2018
El dinero de las cuotas: cuánto vuelve al Estado y a dónde
Otro de los puntos del pedido de informes se mete directamente con los recursos financieros del antiguo programa.
Selva reclama información sobre los montos recaudados mediante el cobro de las cuotas de los créditos hipotecarios vigentes administrados por el Banco Hipotecario S.A.
Pero, además, exige precisión sobre el destino de esos fondos: qué porcentaje vuelve efectivamente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y qué volumen termina incorporándose a las rentas generales del Tesoro Nacional.
La pregunta apunta así a reconstruir el flujo financiero posterior a la disolución del fondo fiduciario y determinar qué sucede con los recursos generados por créditos que continúan siendo cobrados.
La gran pregunta: ¿qué reemplaza al PROCREAR?
El último punto del proyecto abre el debate más amplio sobre la política habitacional del Gobierno.
Selva pide conocer cuáles son los indicadores oficiales utilizados por el Poder Ejecutivo para sostener que el sistema de financiación bancaria comercial puede absorber la demanda habitacional que antes atendía, al menos parcialmente, el Estado.
La consulta incluye los créditos UVA y otros mecanismos de financiación y reclama que se detalle qué políticas públicas activas se implementarán para garantizar el acceso a una vivienda digna para sectores de ingresos medios y populares.
El planteo se apoya en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que la diputada utiliza como fundamento para sostener la responsabilidad estatal en materia de vivienda.
El argumento de fondo: vivienda como derecho y no como negocio
Los fundamentos del proyecto presentan una postura crítica frente a la decisión del Gobierno de disolver el PROCREAR.
Selva reivindica al programa, creado en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como una política habitacional federal que permitió a numerosas familias acceder a una vivienda.
En paralelo, cuestiona la concepción del Poder Ejecutivo según la cual la financiación de la construcción de viviendas corresponde principalmente a los bancos comerciales y no requiere una intervención estatal directa.
Así, la diputada rechaza esa visión y sostiene que la banca privada "jamás ha resuelto el déficit habitacional de los sectores populares y de la clase media", al tiempo que cuestiona los créditos indexados y menciona específicamente la experiencia de los préstamos UVA.
