Un grupo de diputados del peronismo presentó en el Congreso un proyecto de ley denominado “Reciclar para producir”, que busca crear un Régimen Nacional de Economía Circular, Producción Sustentable y Valorización de Materiales Reciclables.
La iniciativa propone utilizar los residuos como insumos productivos, incentivar la incorporación de materiales reciclados en la industria y otorgar beneficios fiscales a las empresas que cumplan determinados estándares.
El texto lleva las firmas de Cristian Felipe Andino, Carlos Castagneto, Varinia Marín, Agustina Propato, Roxana Monzón, Pablo Todero, Lorena Pokoik, Hilda Aguirre, Juan Carlos Molina, Gabriela Pedrali, Jorge Araujo, Ariel Rauschenberger, Ana María Ianni, Blanca Osuna y Martín Aveiro.
La propuesta parte de una idea central: cambiar la lógica tradicional de “extraer, producir, consumir y desechar” por otra en la que los materiales puedan mantenerse dentro del circuito económico durante más tiempo. El objetivo declarado es combinar protección ambiental, desarrollo industrial, innovación y generación de empleo.
Entre sus principales finalidades aparecen la reducción, reutilización, recuperación y reciclado de residuos; la sustitución progresiva de materias primas vírgenes; el fortalecimiento de la competitividad industrial; la creación de empleo verde; el desarrollo de cadenas de valor vinculadas al reciclaje; la investigación aplicada y la educación ambiental.
Los fundamentos sostienen que la economía circular no debería ser entendida únicamente como una política ambiental.
Según el diagnóstico del proyecto, se trata también de una estrategia de desarrollo económico, innovación tecnológica y competitividad industrial. La utilización de materiales reciclables permitiría, de acuerdo con los autores, reducir costos, mejorar la eficiencia de los insumos, estimular inversiones y crear nuevas cadenas de valor.
El planteo apunta además a que la Argentina pueda reducir la utilización de materias primas vírgenes y, al mismo tiempo, aprovechar residuos que actualmente terminan descartados.
Los fundamentos destacan especialmente el potencial de sectores como la minería, la construcción, la agroindustria, la industria metalúrgica, la producción de envases, la industria plástica y distintas ramas manufactureras.

Uno de los aspectos más concretos del proyecto aparece en el capítulo dedicado a los instrumentos de promoción.
La iniciativa propone modificar la Ley de Impuesto al Valor Agregado para establecer una alícuota reducida del 10,5% para determinados bienes producidos por empresas incorporadas al nuevo régimen.
Pero el beneficio tendría una condición: los productos deberían acreditar la incorporación de al menos un 60% de materiales reciclables en sus procesos productivos.
La idea de los autores es que la reducción impositiva no funcione simplemente como una ventaja tributaria para las empresas, sino como un incentivo para acelerar la reconversión tecnológica y productiva.
Los fundamentos explican que el beneficio fiscal buscaría “estimular inversiones productivas, compensar parcialmente los costos derivados de la reconversión tecnológica y acelerar la adopción de procesos compatibles con los principios de la economía circular”.

El proyecto establece que podrán incorporarse personas humanas o jurídicas radicadas en la Argentina que desarrollen actividades productivas, industriales, manufactureras o de transformación y que cumplan las condiciones establecidas por la ley y su reglamentación.
La autoridad de aplicación tendría que implementar programas e incentivos para impulsar la incorporación de materiales reciclables, tecnologías limpias, sistemas de trazabilidad, certificaciones ambientales e innovación. También se contempla el fortalecimiento de las cadenas regionales de reciclado y la integración de cooperativas y recuperadores urbanos formalmente registrados.
En tanto, la propuesta también crea el Programa Nacional de Economía Circular y Producción Sustentable.
El objetivo es que la economía circular no quede concentrada exclusivamente en grandes industrias o en determinadas regiones, sino que pueda generar cadenas productivas vinculadas con los residuos a escala local y regional.

El proyecto también crea un Registro Nacional de Economía Circular y Producción Sustentable.
Las empresas que quieran acceder a los beneficios deberían inscribirse y demostrar el cumplimiento de los requisitos técnicos, ambientales y productivos que establezca la reglamentación.
A eso se suma el denominado “Sello Argentino de Economía Circular”, destinado a distinguir a quienes acrediten procesos productivos sustentables, incorporación efectiva de materiales reciclables, trazabilidad de los insumos y cumplimiento de los estándares ambientales fijados por la autoridad competente.
Para acceder a los beneficios, además, se prevén certificaciones, auditorías técnicas, sistemas de trazabilidad ambiental y documentación respaldatoria, con la intención de establecer mecanismos de control objetivos y verificables.

Uno de los componentes sociales del proyecto está relacionado con quienes actualmente trabajan en la recuperación de materiales.
La iniciativa propone integrar a cooperativas, asociaciones civiles, recuperadores urbanos formalizados y otros actores de la economía social vinculados con el reciclaje.
La propuesta plantea capacitación, formalización y fortalecimiento institucional para que esos trabajadores puedan integrarse a cadenas productivas formales.
Los fundamentos remarcan que se trata de una pieza central para construir una economía circular que sea “verdaderamente inclusiva y federal”.