Chile avanza con Kimal-Lo Aguirre, una línea de corriente continua de alta tensión de 1.346 kilómetros y hasta 3.000 MW que conectará la subestación Kimal, en Antofagasta, con Lo Aguirre, en Pudahuel. La obra comenzó en febrero de 2026, atravesará cinco regiones y veintiocho comunas, incorporará 2.692 torres y demandará una inversión estimada de USD 1.480 millones. Su entrada en operación está prevista para 2029. La tecnología HVDC permite transportar grandes bloques de electricidad a largas distancias con menores pérdidas que una línea convencional de corriente alterna. Aunque no fue diseñada exclusivamente para la minería, ampliará la capacidad del sistema que abastece a los principales centros de consumo y permitirá aprovechar mejor la generación solar y eólica del norte chileno.
Argentina también avanzó en su infraestructura minera: el ENReGE habilitó la expansión eléctrica solicitada por Vicuña para abastecer el complejo cuprífero Josemaría, en San Juan. La iniciativa será financiada por la compañía integrada por BHP y Lundin Mining, cuyo proyecto recibió aprobación para ingresar al RIGI con una inversión inicial cercana a USD 9.700 millones. El RIGI es el régimen que concede estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria a grandes inversiones de largo plazo. La autorización eléctrica contempla una demanda de 260 MW y modifica la comparación original: ya no existe un proyecto argentino esperando un veredicto, sino una ampliación privada aprobada que seguirá un modelo diferente al corredor nacional elegido por Chile.
El modelo chileno parte de una necesidad definida mediante la planificación nacional de la transmisión y entrega la ejecución a un consorcio privado especializado. Conexión Energía reúne a Transelec Holdings Rentas, ISA Inversiones Chile y Chile HVDC Transmission, filial de China Southern Power Grid. La línea contará únicamente con dos estaciones convertidoras, ubicadas cerca de Kimal y Lo Aguirre, y no tendrá subestaciones intermedias. Esa configuración busca mover hasta 3.000 MW de energía renovable, reducir los vertimientos provocados por falta de capacidad y mejorar la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. El Comité de Ministros mantuvo en julio la calificación ambiental favorable y rechazó las reclamaciones administrativas analizadas, lo que preservó el cronograma que proyecta el inicio de operaciones para 2029.
El esquema argentino concentra la inversión inicial en una infraestructura asociada a la demanda concreta del proyecto Josemaría. Las obras permitirán operar a 500 kV la conexión existente entre Nueva San Juan y Rodeo, construir una nueva línea de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro y completar el enlace en 220 kV hasta el complejo minero. Vicuña obtuvo prioridad sobre hasta el 90% de la capacidad incremental en determinados componentes durante veinticinco años, una condición vinculada al financiamiento íntegramente privado de la ampliación. La capacidad remanente podrá ser utilizada por otros usuarios conforme a las reglas del sistema. El mecanismo acelera una inversión específica y deja infraestructura permanente, aunque futuras minas necesitarán nuevas ampliaciones o acuerdos para asegurar su propio abastecimiento.

La disponibilidad eléctrica se convirtió en una condición estructural para transformar los recursos minerales en operaciones competitivas. Un estudio cualitativo de 2026, elaborado mediante entrevistas a 21 profesionales de seis países latinoamericanos, identificó costos, infraestructura limitada y disponibilidad de energías renovables entre las principales barreras operativas. En las minas argentinas de gran altitud, donde la red convencional todavía tiene alcance reducido, la generación térmica a diésel continúa funcionando como base del suministro. Sin embargo, no se trata de operaciones a “diésel puro”: distintos proyectos ya combinan combustibles, energía solar y almacenamiento para reducir emisiones y mejorar la autonomía. Esa transición necesita redes más robustas para evitar que cada desarrollo dependa indefinidamente de soluciones aisladas.

La comparación no presenta un ganador automático, sino dos mecanismos de expansión con alcances y tiempos diferentes. Chile construye un corredor sistémico que distribuirá capacidad entre hogares, industrias y nuevos proyectos, mientras Argentina habilitó una ampliación privada respaldada por una inversión minera definida. El desafío chileno estará en cumplir el cronograma y controlar el costo de una obra territorialmente compleja; el argentino, en conectar los proyectos posteriores sin multiplicar redes aisladas ni generar capacidad ociosa. La inversión minera se dirigirá hacia las jurisdicciones capaces de garantizar potencia, plazos y reglas previsibles. Si ambos modelos completan sus obras y coordinan futuras ampliaciones, la cordillera podrá convertirse en una plataforma energética compartida para el cobre y el litio.