31/07/2026 - Edición Nº1270

Internacionales

Caso urgente

Cinco capturas en Cali abren la pista para hallar a la bebé desaparecida

31/07/2026 | Los operativos se realizaron en Cali y Tuluá mientras continúa la búsqueda urgente de la bebé desaparecida.



Cali registró cinco capturas por el feminicidio de María Camila Potosí, la joven de 21 años que desapareció cuando cursaba ocho meses de embarazo. Los operativos se realizaron en la capital del Valle del Cauca y en Tuluá, donde las autoridades incautaron teléfonos celulares y una motocicleta que serán sometidos a peritajes. La Fiscalía debe presentar a los detenidos ante un juez de control de garantías y explicar la participación atribuida a cada persona. Las capturas constituyen un avance procesal, no una declaración de culpabilidad, por lo que las identidades, conductas y evidencias deberán confirmarse durante las audiencias y no mediante versiones difundidas fuera del expediente.

María Camila fue vista por última vez el 16 de julio cuando abordó una motocicleta en el sector de Polvorines. Su cuerpo apareció cuatro días después cerca del río Meléndez, con signos de tortura y múltiples heridas, pero la bebé que esperaba no fue hallada durante el examen forense. Esa ausencia convirtió la investigación en una operación con dos objetivos simultáneos: esclarecer el asesinato y localizar a la recién nacida, cuya fecha probable de parto era el 12 de agosto. Las autoridades locales mantienen una recompensa de 100 millones de pesos colombianos por información útil. Cada hora es relevante porque la búsqueda necesita combinar registros sanitarios, cámaras, comunicaciones y movimientos de los posibles implicados.

 


La investigación conecta operativos en Cali y Tuluá con la búsqueda nacional de la bebé.

La ruta de la evidencia

La motocicleta secuestrada puede ayudar a reconstruir el último traslado conocido de la víctima y sus acompañantes. Los celulares, en paralelo, permiten examinar geolocalización, comunicaciones, búsquedas y contactos anteriores a la desaparición, siempre bajo autorización judicial y una cadena de custodia verificable. La investigación deberá comparar esos datos con cámaras públicas y privadas, movimientos bancarios, testimonios y registros de centros médicos. No alcanza con demostrar cercanía entre las personas capturadas: la Fiscalía necesita establecer quién planificó, ejecutó, facilitó u ocultó cada etapa. La precisión probatoria es esencial para encontrar a la bebé y para evitar que una detención rápida termine debilitada por errores procesales.

La seguridad colombiana queda interpelada por un caso que combina violencia de género, desaparición y posible sustracción de una recién nacida. Las instituciones deben coordinar policía judicial, fiscalías, hospitales, autoridades de infancia y controles de movilidad sin convertir la investigación en un espectáculo público. Difundir hipótesis no confirmadas puede alertar a otros implicados, contaminar testimonios o provocar daños irreparables a personas inocentes. También es necesario proteger a la familia de la víctima, que enfrenta el duelo mientras conserva la expectativa de hallar con vida a la bebé. El Estado debe informar avances concretos, pero preservar los detalles que resulten operativamente sensibles.

Una respuesta más amplia

El crimen reabre el debate sobre la capacidad institucional para detectar riesgos contra mujeres embarazadas en condiciones de vulnerabilidad. María Camila habría conocido a una de las personas investigadas mediante un programa de acompañamiento a gestantes, un dato que obliga a revisar protocolos sin responsabilizar de forma general a quienes trabajan en esos espacios. Los programas sociales necesitan verificación de personal, canales seguros de denuncia y coordinación rápida cuando una beneficiaria desaparece. La prevención no consiste en vigilar a las víctimas, sino en construir redes capaces de reconocer amenazas y responder antes de que la violencia escale. La protección debe continuar fuera de las oficinas, especialmente cuando existen señales de aislamiento, engaño o captación.

Las cinco capturas representan el comienzo de una fase judicial que deberá responder dos preguntas todavía abiertas. La primera es cómo y por qué fue asesinada María Camila; la segunda, dónde está la bebé y quién puede aportar información para encontrarla. Resolver solo una parte dejaría incompleta la obligación del Estado. Cali necesita un resultado judicial sólido, pero también una revisión de sus mecanismos contra las violencias basadas en género y de la coordinación entre municipios. La investigación será evaluada por la calidad de las pruebas, el respeto a las garantías y, sobre todo, la capacidad de convertir cada elemento recuperado en una ruta que conduzca al paradero de la recién nacida.