El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, enviará en los próximos días a la Legislatura provincial un proyecto de ley para cobrarles peaje a los camiones que cruzan la provincia rumbo a Vaca Muerta. La medida se llama Tasa Vial.
Apunta a un tránsito concreto: los camiones que llevan arena desde Entre Ríos hasta los yacimientos de Neuquén. Esa arena se usa para el fracking, la técnica con la que se saca petróleo y gas de Vaca Muerta. Los camiones salen de la cuenca del río Paraná, cruzan Buenos Aires y La Pampa, y entran a Río Negro y Neuquén.
El motivo que da la provincia es el estado de las rutas. "Ante el silencio de Nación, se avanzará en un proyecto de ley para cobrar peajes", explicó Rodrigo Cadenas, presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, en Canal 3.
El proyecto no alcanza a cualquier vehículo:
Cadenas lo explicó sin vueltas: "La idea es caer contra este tránsito que no contempla ninguna producción de La Pampa sino que está vinculado con Vaca Muerta. El objetivo es que los que no tributan en La Pampa aporten a través de un peaje".
Ahí está el punto donde el proyecto puede trabarse, y conviene explicarlo desde cero.
Cobrar peaje no está prohibido. La Corte Suprema lo definió el 18 de junio de 1991, en el fallo conocido como "Arenera El Libertador": es constitucional el peaje que no constituye "un pago exigido por el solo paso, al modo de los antiguos portazgos, con base desvinculada de los servicios u otras prestaciones que se practiquen en favor del usuario, entre ellos, la construcción o el mantenimiento de la vía de tránsito en cuestión".
Traducido: cobrar por mantener una ruta se puede. Cobrar por cruzarla, no.
El problema del proyecto pampeano no es entonces el peaje. Es la exención.
Ese esquema tiene un nombre técnico: discriminación por radicación. Y tiene antecedentes.
En abril de 2026, hace tres meses, la Corte Suprema declaró inconstitucionales normas provinciales que aplicaban cargas más altas a las empresas radicadas fuera de la provincia. Consideró que ese esquema equivale, en los hechos, a crear una aduana interna, algo que la Constitución Nacional prohíbe en sus artículos 9, 10, 11 y 12.
Antes había resuelto igual con la "aduana paralela" de Misiones, donde los camiones de otras provincias debían pagar un anticipo de Ingresos Brutos para poder entrar.
Hay un caso todavía más parecido.
La Corte de Justicia de Salta declaró inconstitucional el artículo 127 de la Ordenanza 1544/10 de la Municipalidad de Tartagal, que gravaba a los automotores no radicados en el ejido municipal.
No es idéntico: se trataba de un municipio y del cobro por descargar mercadería. Pero el razonamiento es el mismo, y el argumento que usó la empresa de transporte es exactamente el que se va a escuchar en La Pampa.
Sostuvo que todos los vehículos ya pagan el impuesto automotor en sus propias jurisdicciones, y que eso financia el mantenimiento de las calles. Y que gravar al que viene de afuera equivale a tratarlo "como si produjera un mayor desgaste" que el vehículo local.
Aplicado al caso: el camión entrerriano también paga Automotor en Entre Ríos.
La provincia tiene dos argumentos sólidos, y no son la exención.

El primero es que la Corte ya aceptó que las provincias graven al transporte interjurisdiccional. Lo hizo en "Transportes Vidal c/ Provincia de Mendoza", cuando rechazó el planteo de una empresa que se consideraba inmune al impuesto provincial. El límite que marcó fue el trato discriminatorio, no el cobro en sí.
El segundo es que La Pampa efectivamente gasta en esas rutas. Este mes lanzó un plan propio en cinco corredores por 117.051 millones de pesos, con fondos provinciales. Ese servicio real es justamente lo que el fallo de 1991 exige para que un peaje sea válido.
Los números salen de Vialidad Provincial. En un tramo de 80 kilómetros de la Ruta Provincial 13, entre el cruce con la Provincial 14 y la Provincial 143, el promedio diario fue:
Es un aumento del 998%.
Por toda la provincia circulan unos 1.200 camiones diarios. A eso se sumaron los bitrenes, que son camiones con dos semirremolques y por lo tanto más pesados.
Ziliotto le pidió a Nación que le transfiera unos 600 kilómetros de rutas nacionales, pero con los fondos para arreglarlas. El primer pedido formal fue el 22 de enero, ante el entonces ministro de Economía Luis Caputo. No hubo respuesta. Hace dos semanas lo repitió ante el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Junto al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación @diegosantilli abordamos una agenda de temas comunes a ambas administraciones.
— Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) July 17, 2026
En particular, avanzamos en formalizar acuerdos para la transferencia de las obras de viviendas PROCREAR en Santa Rosa, General Pico y Toay, y en… pic.twitter.com/WcNvZEClYU
En abril, el Gobierno nacional firmó el Decreto 253/2026 y habilitó a nueve provincias a hacerse cargo de tramos de rutas nacionales. Entre ellas están Río Negro y Neuquén. La Pampa no quedó incluida.
De fondo hay un cambio mayor: en julio de 2025 el Gobierno nacional disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, el organismo que mantenía las rutas nacionales, y las está entregando a empresas privadas mediante la Red Federal de Concesiones. Un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional de enero de 2026 calculó que entre el 65% y el 70% de esas rutas está en estado regular o malo.
El proyecto todavía no entró a la Legislatura. Cuando lo haga, deberá discutirse con la oposición y con el bloque peronista del exgobernador Carlos Verna, que tiene diferencias con Ziliotto.
Y falta el dato central: cuánto costará el peaje. El monto por camión no fue informado.
TM