Fuerte rechazo al DNU migratorio de Milei: advierten que viola la Constitución

El Gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro del debate institucional tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones para incorporar nuevas causales de expulsión e impedir el ingreso al país de extranjeros que, según la normativa, promuevan "mensajes de odio" contra la Argentina o realicen actos considerados ofensivos hacia los símbolos nacionales.

La decisión oficial, presentada como una respuesta a la denominada "campaña antiargentina" que cobró visibilidad tras el Mundial 2026, despertó una inmediata reacción entre especialistas en derecho constitucional, dirigentes políticos y juristas, quienes cuestionaron tanto el contenido de la medida como la herramienta elegida por el Poder Ejecutivo.

El eje de la discusión ya no pasa únicamente por la política migratoria, sino por la utilización de un decreto para modificar una ley nacional sin pasar por el Congreso.

Constitucionalistas cuestionan la legalidad del DNU

Uno de los primeros en manifestarse fue el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien aseguró que el decreto "avasalla al Congreso de la Nación" porque no existen las condiciones excepcionales previstas por la Constitución para legislar mediante un DNU.

El abogado sostuvo que el Poder Ejecutivo volvió a utilizar una herramienta extraordinaria para modificar una ley sin demostrar que hubiera una situación de necesidad y urgencia que impidiera el tratamiento parlamentario.

Otra vez la ley de migraciones se reforma por DNU avasallando al Congreso de la Nación sin que existan las causales de habilitación previstas por la Constitución.
Esta vez con una causal propia de la Venezuela de Maduro.
Lo paradojal es que con esta normativa @JMilei no podría…

— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) July 30, 2026

En la misma línea se expresó el constitucionalista Félix Lonigro, quien diferenció el contenido de la norma del mecanismo utilizado para aprobarla.

Según explicó, el Presidente puede dictar decretos con fuerza de ley únicamente cuando existan circunstancias excepcionales que imposibiliten el funcionamiento normal del Congreso, situación que —a su criterio— no se verifica en este caso.

Además, Lonigro cuestionó otro aspecto de la norma: que la decisión sobre una eventual expulsión quede en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, organismo dependiente del Poder Ejecutivo.

Para el especialista, una medida de semejante gravedad debería contar con intervención judicial para garantizar el debido proceso y evitar decisiones discrecionales.

La oposición también salió al cruce

Las críticas no quedaron limitadas al ámbito académico. Desde la Unión Cívica Radical (UCR) también rechazaron la iniciativa y calificaron el decreto como "inconstitucional".

El presidente del partido, Leonel Chiarella, sostuvo que "no hay ni necesidad ni urgencia" que justifique avanzar mediante un DNU y reclamó que el Congreso lo rechace expresamente.

El dirigente recordó además la tradición migratoria argentina y afirmó que el país "se hizo grande cuando abrió sus brazos" a millones de inmigrantes que llegaron desde distintas partes del mundo.

Qué establece la nueva normativa

El decreto incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al territorio nacional o disponer la expulsión de extranjeros.

Entre ellas se incluyen quienes hayan emitido "mensajes de odio" contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por razones de nacionalidad, así como quienes hayan participado en actos considerados ofensivos contra la bandera, el escudo o el himno nacional.

Desde la Oficina del Presidente argumentaron que la medida busca proteger la soberanía nacional y responder a episodios recientes de agravios contra la Argentina ocurridos en el exterior.

Incluso, el comunicado oficial difundió una definición atribuida a Javier Milei: "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

El Congreso aparece otra vez como escenario de la disputa

Mientras el oficialismo defiende la decisión como una herramienta para proteger los intereses nacionales, la oposición y numerosos especialistas sostienen que el verdadero debate debería darse en el Congreso.

La discusión promete escalar en las próximas semanas, cuando el Parlamento deba analizar la validez del decreto y definir si lo ratifica o lo rechaza.

Más allá del resultado político, el DNU migratorio ya abrió un nuevo frente institucional para el Gobierno y reavivó una vieja discusión sobre los límites del Poder Ejecutivo para legislar mediante decretos, en un contexto donde la tensión entre la Casa Rosada y el Congreso vuelve a ocupar el centro de la escena política argentina.

ND