No fueron los cargamentos de droga ni los operativos en la calle los que pusieron a los investigadores sobre la pista de la organización. Fueron los números. Un informe patrimonial reveló movimientos económicos y bienes que no coincidían con los ingresos declarados de varios sospechosos y dio origen al operativo "Lava Jato", una investigación que terminó con el desmantelamiento de una presunta estructura dedicada a blanquear dinero del narcotráfico mediante empresas y negocios legales.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco del Plan Bandera, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en Santa Fe.
La causa se inició el 3 de octubre de 2024, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) ordenó elaborar un informe patrimonial sobre cinco personas de Rosario, entre ellas tres vinculadas a la Policía de Santa Fe y dos empresarios.

El análisis contable y financiero detectó inconsistencias entre el patrimonio declarado, la capacidad económica de los investigados y las operaciones comerciales registradas. A partir de esos indicios, los investigadores profundizaron las averiguaciones con relevamientos patrimoniales, análisis de inmuebles, documentación e intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia.
La pesquisa permitió reconstruir un circuito financiero que, según la hipótesis judicial, reinsertaba fondos presuntamente provenientes del narcotráfico en la economía formal. Para ello, la organización habría utilizado agencias de venta de automotores, empresas constructoras, firmas metalúrgicas y otros emprendimientos comerciales, con el objetivo de otorgar apariencia lícita al dinero de origen ilegal.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, ordenó ocho allanamientos simultáneos en Rosario, Funes, Ibarlucea y Pérez.
Como resultado del operativo "Lava Jato", fueron detenidos Leandro David Pérez, Maximiliano Emanuel Novillo —ex integrante de la Policía de Santa Fe— y Marcelo Eduardo Malatesta. En el caso de otro de los investigados, la Justicia dispuso únicamente una orden de requisa.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 202.000 pesos, 2.632 dólares y 750 euros, una pistola calibre 9 milímetros, dos camiones, dos camionetas pick-up, tres automóviles, además de computadoras, notebooks, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital y abundante documentación que será sometida a peritajes para profundizar la investigación patrimonial y financiera.
La causa tramita ante el Juzgado Federal N° 3 de Rosario, con intervención de la PROCELAC y de la Delegación Rosario del Ministerio Público Fiscal. Los tres detenidos quedaron imputados por presuntas infracciones a la Ley de Lavado de Activos, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras, identificar la totalidad de los bienes involucrados y establecer si existen otros integrantes de la organización.