El debate por el proyecto que busca endurecer las sanciones frente a las falsas denuncias sumó un fuerte pronunciamiento institucional. La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Alejandra García, rechazó la iniciativa y sostuvo que una modificación del Código Penal no puede impulsarse a partir de casos de alto impacto público o percepciones sociales sobre un fenómeno determinado.
“La reforma penal no puede fundarse en la repercusión pública de determinados hechos ni en percepciones sobre su magnitud”, afirmó García, quien encabeza una institución que representa a casi 90 mil abogados matriculados. La dirigente recordó que la falsa denuncia no representa un vacío normativo, ya que actualmente se encuentra tipificada en el artículo 245 del Código Penal argentino.
Falsas denuncias: cuando el remedio puede agravar el problema https://t.co/P8jxyuZ8Cy
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Desde la entidad señalaron que cualquier cambio en materia penal debe responder a una necesidad concreta y estar acompañado por datos que demuestren que la legislación vigente resulta insuficiente. “Esos cambios deben sustentarse en evidencia que demuestre que la normativa actual no alcanza y que la modificación constituye una respuesta necesaria y adecuada”, explicó García.
En esa línea, cuestionó algunos conceptos utilizados en el proyecto, especialmente la referencia a “hechos delictivos dolosos graves”, al considerar que se trata de una categoría con límites poco claros. Para la titular de la colegiatura porteña de los abogados, en materia penal la precisión no es una cuestión secundaria: “La descripción clara de las conductas constituye una garantía para la ciudadanía”.
Uno de los principales argumentos del Colegio Público está basado en estadísticas oficiales. Según el Relevamiento Federal sobre Falsas Denuncias elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, las denuncias falsas representaron apenas el 0,09% de las investigaciones penales tramitadas entre 2023 y 2025 en diecisiete jurisdicciones del país.
El informe analizó un universo de 8.254.672 investigaciones y concluyó que las falsas denuncias constituyen un fenómeno excepcional dentro del sistema penal. Además, el relevamiento indica que solo el 8% de esos casos estuvieron vinculados con situaciones de violencia de género o violencia intrafamiliar.
“Estos datos no significan que las falsas denuncias no existan ni que no tengan importancia, pero muestran que no estamos frente a una situación que justifique una reforma penal de esta naturaleza”, sostuvo García.
Del "debe haber mujeres" en la Corte al "hay un agravio al Estado de Derecho": las definiciones de Alejandra García https://t.co/ZDfJOg9q1G
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El CPACF también puso el foco en el impacto que una reforma de este tipo podría tener sobre quienes atraviesan situaciones reales de violencia. En ese sentido, citó la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres elaborada por el Estado nacional, que indica que solo el 21% de las mujeres que sufrieron violencia por parte de su pareja o expareja realizaron una denuncia.
Para García, el desafío central continúa siendo reducir el subregistro de estos hechos y garantizar que quienes sufren violencia puedan acudir a la Justicia sin temor. “Cualquier modificación legislativa debe evaluarse con especial prudencia para no desalentar la decisión de denunciar”, señaló.
Otro de los puntos centrales planteados por la abogacía porteña fue la necesidad de diferenciar entre una denuncia falsa y una denuncia que no logra avanzar judicialmente. “No toda denuncia que termina con un sobreseimiento o una absolución es una denuncia falsa”, aclaró García.
Según explicó, confundir ambos conceptos puede generar conclusiones erróneas y afectar especialmente aquellos casos donde la prueba de los hechos resulta compleja.
● JUSTICIA ● Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía, afirmó que "debe haber mujeres" en la Corte Suprema, reivindicó la figura de Carmen Argibay y pidió "más jueces que vengan del ejercicio profesional y no de la gran familia judicial".
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La presidenta del CPACF cerró su planteo con una advertencia sobre los efectos no deseados de las reformas penales. “Cuando una reforma penal no se apoya en un diagnóstico sólido, el riesgo es que el remedio termine agravando el problema”, concluyó.
García asumió la conducción del CPACF el pasado 1° de junio y se convirtió en la primera mujer en presidir la institución en sus cuarenta años de historia, luego de dos períodos de gestión encabezados por Ricardo Gil Lavedra.