Hace exactamente diez años, el 1 de agosto de 2016, comenzaba a tomar forma uno de los episodios más llamativos de los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri: la llamada “crisis de la manteca”.
El producto empezó a escasear en las góndolas y el faltante rápidamente dejó de ser un problema circunscripto a la industria láctea para convertirse en una discusión sobre el papel del Estado, las decisiones empresarias, los precios y las prioridades de la producción.
La situación se produjo en un momento particularmente complejo para el sector lechero. La producción de leche había caído, las inundaciones habían afectado zonas productivas de Santa Fe y Córdoba y los precios internacionales atravesaban un escenario desfavorable.
A eso se sumaba una cuestión estacional: durante el invierno, parte de la leche disponible se destinaba a productos de mayor consumo, como el queso cremoso, reduciendo la disponibilidad de materia prima para elaborar manteca.
El episodio adquirió una dimensión política cuando el entonces ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, reconoció que habría faltantes y explicó que el Gobierno no podía intervenir directamente sobre determinadas decisiones de las empresas.
“Hay una decisión empresarial de hacer más queso porque les permite un mayor margen de rentabilidad”, sostuvo el funcionario.
Y ante la pregunta sobre qué podía hacer el Estado frente al faltante, fue todavía más directo: “Hay decisiones empresariales en las que no nos podemos meter”.
El problema no apareció de manera aislada. En 2016, la cadena láctea atravesaba una combinación de dificultades que afectaba desde los productores hasta las industrias.
Según las explicaciones brindadas en aquellos días por representantes del sector y funcionarios, la producción de leche había disminuido, entre otras razones, por las inundaciones registradas en Córdoba y Santa Fe. A esto se sumaba el desaliento generado por el precio que recibían los productores por cada litro de leche.
Pablo Villano, titular de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), explicó entonces que el sector todavía debía atravesar agosto con una disponibilidad limitada de materia prima.
“Hubo una baja en la producción importante de leche, por diferentes motivos, el principal las inundaciones en dos provincias lecheras como Santa Fe y Córdoba, de las que no se recuperaron, y un desaliento en el precio de la producción del litro de leche”, señaló.
El empresario anticipaba que el faltante se mantendría durante ese mes debido a que la misma leche debía distribuirse entre diferentes productos.
“Nos falta todavía pasar este mes, donde va a haber un faltante, porque la misma leche hay que destinarla a otros productos, como el queso cremoso, que ante la inflación que hay, es el que más se consume”, explicó.

La explicación que instaló el Gobierno de Macri fue que la menor disponibilidad de manteca respondía, en buena medida, a las decisiones de producción de las empresas.
Buryaile sintetizó la situación con una frase que terminaría convirtiéndose en el eje de la discusión: “Se produce menos leche y más queso, y la manteca es un subproducto de la leche fluida”.
Según el ministro, los productores e industriales tenían incentivos para destinar una mayor proporción de la materia prima a productos que ofrecieran mejores márgenes de rentabilidad.
La explicación, sin embargo, fue discutida por especialistas del sector. Luciano Di Tella, ex titular de la Dirección Nacional de Lechería y entonces directivo de Apymel, cuestionó la idea de que la producción de queso explicara por sí sola la menor cantidad de manteca disponible.
“Es medio una barbaridad decir que como se hace más queso no se hace manteca”, afirmó.
Su explicación apuntaba al proceso industrial. La manteca se produce principalmente a partir de la grasa de la leche, particularmente de aquella que se separa durante el procesamiento de leche descremada en polvo. Esa materia prima también tiene demanda en otras industrias alimenticias, entre ellas las vinculadas con chocolates, helados y galletitas.
Por la escala necesaria para obtener esa materia prima, la elaboración de manteca estaba concentrada principalmente en grandes compañías. Apenas algunas pequeñas y medianas empresas fabricaban el producto y, para hacerlo, debían comprar la grasa a las grandes industrias.
El faltante abrió entonces una discusión más amplia que excedió el precio de la manteca.
Para el Gobierno de Macri, la intervención estatal debía tener límites frente a decisiones empresariales vinculadas con la rentabilidad. Buryaile sostuvo que el Estado podía mediar en determinados puntos, pero que no podía decidir qué producto debía fabricar cada compañía.
El subsecretario de Lechería, Alejandro Sanmartino, intentó al mismo tiempo transmitir tranquilidad y sostuvo que el abastecimiento se normalizaría en las semanas siguientes.
“Está faltando manteca en las góndolas pero lo peor ya pasó. El abastecimiento volverá en las próximas semanas”, aseguró.
El funcionario explicó que la escasez era consecuencia de una combinación de factores: la caída estacional de la producción, las dificultades climáticas en Córdoba y Santa Fe y el aumento del consumo.
“La manteca es un subproducto, no un producto directo. Entonces, cuando hay escasez en el invierno, se destina más leche a productos enteros, con lo cual siempre falta grasa para hacer manteca o crema”, explicó.
La posición oficial se apoyaba así en una idea central del modelo económico de aquel momento: permitir que el mercado asignara recursos de acuerdo con las señales de precios y rentabilidad.
El episodio también generó críticas desde sectores de la oposición y del ámbito económico.
Roberto Feletti, entonces ex viceministro de Economía, cuestionó la concepción de que la asignación de recursos debía quedar fundamentalmente en manos del mercado.
“La discusión no se puede centrar en si se gana más produciendo queso o manteca”, sostuvo.
Su planteo era que el Estado debía garantizar el abastecimiento necesario para el mercado interno y no limitarse a observar las decisiones de las empresas.
“El Estado debe asegurar los 13,7 millones de litros de leche por año que se requieren para garantizar el mercado interno. Eso no se puede dejar a libre voluntad de los empresarios”, afirmó.
Feletti vinculó además el episodio con las políticas económicas que el Gobierno había comenzado a implementar desde diciembre de 2015, entre ellas la desregulación y una mayor apertura comercial.
“Si liberás todo al mercado, y es más conveniente exportar que vender en el país, se van a pagar las galletitas a precio internacional”, planteó.
La discusión, en definitiva, enfrentaba dos miradas sobre el funcionamiento de la economía: una que ponía el foco en la libertad de las empresas para definir su producción de acuerdo con la rentabilidad y otra que reclamaba una intervención estatal mayor para garantizar determinados niveles de abastecimiento interno.
El faltante no quedó limitado a las góndolas de los supermercados. A los pocos días, la preocupación se trasladó a panaderías, confiterías y comercios gastronómicos.
La manteca es un insumo central para la elaboración de medialunas y otros productos de panadería, por lo que la escasez podía terminar trasladándose a los precios.
Representantes del sector advertían que el costo de la manteca tenía un peso significativo en el precio final de las medialunas y que, si el abastecimiento continuaba restringido y los proveedores aumentaban sus valores, el incremento podía llegar al consumidor.
El problema se superponía además con otro de los grandes temas económicos de aquel momento: el impacto de los aumentos tarifarios sobre los costos de producción.
La discusión ya no era solamente cuánto costaba un paquete de manteca. El interrogante era hasta dónde podía extenderse el efecto de un faltante en una cadena productiva que comenzaba en el tambo y terminaba en productos cotidianos de consumo masivo.