La diputada nacional Agustina Propato, de Unión por la Patria, presentó esta semana un proyecto de ley para endurecer los límites a la compra de campos por parte de extranjeros. Lo hizo seis días antes de que el Senado vote una iniciativa del Gobierno que va en el sentido contrario.
"Nuestros puertos, centrales nucleares, yacimientos de litio, gas, petróleo y acuíferos no pueden estar bajo control extranjero indirecto", escribió la diputada al presentar la iniciativa en sus redes.
El punto central de su proyecto es una prohibición nueva: ningún extranjero, ni persona ni empresa, podría comprar o alquilar tierras rurales ubicadas a menos de 30 kilómetros de puertos, centrales eléctricas, centrales nucleares, yacimientos mineros, instalaciones petroleras, infraestructura de telecomunicaciones y acuíferos estratégicos.

Es una franja de protección alrededor de instalaciones consideradas críticas. Adentro de esa franja, la venta o el alquiler a extranjeros quedaría prohibida sin excepciones.
La distancia no es caprichosa. El decreto Ley 15.385, de 1944, ya define zonas de seguridad en el interior del país con una cintura de hasta 30 kilómetros alrededor de establecimientos militares o civiles que interesan a la defensa. El proyecto toma esa medida y la aplica a la infraestructura estratégica actual.
El Congreso o el Poder Ejecutivo podrían sumar otras instalaciones a la lista.
Quieren “desterritorializar” la Argentina. Buscan darle carácter de bien público global a nuestro territorio para justificar ceder la soberanía frente a la prepotencia económica de las corporaciones transnacionales.
— Agustina Propato (@aguspropatoarg) July 30, 2026
Lo único que les interesa y los motiva son las megacomisiones… pic.twitter.com/5nZvLjn1V8
Es la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011. Fija tres límites:
Además prohíbe que los extranjeros sean dueños de campos con cuerpos de agua importantes y regula las zonas de frontera.
El Senado tratará ese jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, elaborado por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger y presentado en abril.
El texto deroga los artículos 8 y 10 de la Ley 26.737: son los que fijan el tope del 15% y el de las 1.000 hectáreas. También deroga el artículo 4 del decreto Ley 15.385/44, que establece la conveniencia de que los bienes en zonas de seguridad pertenezcan a argentinos nativos.
Patricia Bullrich: “El concepto de propiedad es un concepto que lo define nuestra Constitución. Un extranjero que vive en Argentina tiene los mismos derechos y también las mismas responsabilidades que tiene un nacional. Es decir, puede comprar tierras, puede comprar un… pic.twitter.com/LodySUCmKa
— Edgardo Rovira (@EdgardoRovira) July 24, 2026
Según el dictamen, para comprar un campo en zona de frontera un extranjero necesitaría el aval de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, con aprobación automática si no hay respuesta en el plazo previsto. La iniciativa no afecta derechos adquiridos antes de su sanción.
El proyecto incluye además cambios en el régimen de expropiaciones, un esquema más rápido de desalojos y modificaciones en la ley de manejo del fuego, entre ellas los plazos que hoy impiden construir o producir sobre superficies incendiadas.
La sesión del 16 de julio no llegó a votarlo por falta de acuerdo. A pedido de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, la Cámara aprobó un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto por 62 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Si el oficialismo consigue los votos, el proyecto obtiene media sanción y pasa a Diputados.
Alrededor de 13 millones de hectáreas.
El Observatorio de Tierras, del Programa de Investigaciones de Historia Agraria de la UBA y el CONICET, calcula que la superficie extranjerizada ronda el 5% del país. El registro oficial del Ministerio de Justicia, que publica los datos por provincia y por departamento, fue actualizado por última vez en agosto de 2025.
En una entrevista con FM 96.3 Ciudades, la diputada cuestionó el proyecto oficial: "Lo que tiene esa ley, como hace todo este gobierno, viene como con sorpresita".
También apuntó contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Su proyecto busca impedir que la compra de campos entre en ese marco: "La extranjerización de la tierra no genera desarrollo", afirmó.
Y sostuvo que detrás de la desregulación hay un objetivo mayor: "Buscan darle carácter de bien público global a nuestro territorio para justificar ceder la soberanía frente a la prepotencia económica de las corporaciones transnacionales".
Los dos proyectos van a velocidades distintas.
El del Gobierno tiene fecha, recinto y dictamen: se vota el jueves 6 de agosto en el Senado. El de Propato recién entró a la Cámara de Diputados y todavía debe pasar por comisiones, que es donde se discute antes de llegar al recinto. No tiene fecha.
TM