La discusión por las reelecciones indefinidas de intendentes volvió a instalarse con fuerza en la política bonaerense y abrió un nuevo capítulo de tensión entre el peronismo y la oposición.
En el centro del debate aparece la posibilidad de modificar la legislación vigente para permitir que jefes comunales que ya cumplieron dos mandatos consecutivos puedan volver a competir en 2027.
Desde el PRO rechazaron esa posibilidad y ratificaron su defensa del límite establecido durante la gestión de María Eugenia Vidal. El senador bonaerense Juan Manuel Rico Zini, representante de la Segunda Sección Electoral, sostuvo que cualquier modificación debe analizarse desde una perspectiva institucional y no a partir de las necesidades electorales del momento.
La posición adquiere particular relevancia porque el debate actual propone revisar una normativa que tuvo como una de sus principales impulsoras a Vidal durante su gestión como gobernadora. La ley sancionada en 2016 puso fin a la posibilidad de que los intendentes bonaerenses se mantuvieran indefinidamente en el poder y estableció que podían ser reelegidos por un nuevo período, pero luego debían dejar pasar un mandato antes de volver a ocupar el mismo cargo. También el Frente Renovador impulsó la iniciativa.
Ahora, una parte del peronismo bonaerense pretende modificar nuevamente esas reglas. El propio gobernador Axel Kicillof respaldó públicamente la discusión y planteó que la definición debe darse en la Legislatura.
Para el PRO, el debate no debería reducirse a la posibilidad de que determinados intendentes puedan volver a presentarse. La discusión, según Rico Zini, involucra la forma en que se construyen las reglas electorales y la necesidad de evitar que esas normas sean modificadas en función de una elección determinada.
“Cualquier modificación a las reglas de juego debe surgir de un acuerdo amplio y no de decisiones impulsadas por intereses de corto plazo”, sostuvo el senador.
El argumento central del espacio opositor es que limitar los mandatos no implica impedir que una persona pueda participar de la política, sino establecer condiciones para favorecer la alternancia y evitar una concentración excesiva del poder municipal.
“Las limitaciones a la reelección no buscan proscribir a nadie, sino garantizar reglas parejas que impidan que el poder se convierta en propiedad de unos pocos”, es la lógica que sostiene el PRO frente al debate.
“La calidad democrática se fortalece cuando las normas se piensan para el largo plazo y no por especulaciones electorales”, agregó.
El planteo del PRO se produce en momentos en que el oficialismo bonaerense volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de eliminar las restricciones.
Kicillof respaldó la discusión y sostuvo que resulta poco habitual que en los gobiernos locales no exista la posibilidad de que se presenten nuevamente dirigentes conocidos por sus comunidades. El gobernador reclamó que sea la Legislatura provincial la que defina el futuro del régimen.
La discusión no es nueva. El gobierno bonaerense ya había anticipado que buscaría avanzar sobre el esquema vigente. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había señalado que la administración provincial intentaría restablecer la posibilidad de reelección indefinida de intendentes, legisladores y concejales, aunque para eso necesita construir mayorías en una Legislatura donde el tema genera resistencias.
En ese contexto, el oficialismo argumenta que el límite puede restringir el derecho de los ciudadanos a elegir a dirigentes con experiencia y conocimiento del territorio.
La oposición plantea exactamente lo contrario: que la posibilidad de competir indefinidamente puede transformar la ventaja de un intendente en ejercicio en una permanencia prolongada en el poder.
El impacto electoral de una eventual reforma explica buena parte de la intensidad que adquirió el debate.
Con la legislación vigente, 80 de los 135 intendentes bonaerenses no podrían competir por un nuevo período en 2027. De ese universo, 51 pertenecen a Unión por la Patria, 16 a la UCR, siete al PRO y cinco a fuerzas vecinales; además, uno corresponde a un dirigente que dejó el PRO para incorporarse a La Libertad Avanza.
Es decir, la discusión atraviesa a prácticamente todo el mapa político provincial, aunque tiene un impacto especialmente importante sobre el peronismo.
Entre los intendentes peronistas que quedarían alcanzados por la restricción aparecen jefes comunales con peso territorial y político, como Fernando Espinoza en La Matanza, Federico Achával en Pilar, Gustavo Menéndez en Merlo, Mariel Fernández en Moreno, Leonardo Nardini en Malvinas Argentinas, Mariano Cascallares en Almirante Brown, Jorge Ferraresi en Avellaneda y Andrés Watson en Florencio Varela, entre otros.
Por eso, una eventual modificación tendría un efecto directo sobre el armado político del peronismo bonaerense rumbo a 2027.
El conflicto no terminó con la ley de 2016. En diciembre de 2021, la Legislatura bonaerense sancionó la Ley 15.315, que modificó el régimen y precisó cómo debían contabilizarse los períodos. La norma estableció que los mandatos iniciados en 2019 serían considerados como primer período para los intendentes a los efectos de la reelección.
La reforma también buscó evitar mecanismos utilizados para intentar sortear la limitación.
Uno de los puntos centrales quedó expresado en la normativa al establecer que la prohibición alcanza a quienes hayan asumido un segundo período “sin importar que el mismo haya sido ejercido total o parcialmente”.
De esta manera, la legislación vigente busca impedir que un intendente pueda asumir un segundo mandato y luego utilizar una renuncia, una licencia u otra maniobra para intentar evitar que ese período sea contabilizado.
El esquema vigente, por lo tanto, establece un límite concreto: dos mandatos consecutivos y luego un intervalo.
Para Rico Zini, ese límite no debería modificarse en función de las necesidades políticas de los intendentes que hoy enfrentan la imposibilidad de competir nuevamente.
“Desde el espacio liderado por el gobernador Axel Kicillof impulsan la idea de revisar las limitaciones bajo el argumento de que la prohibición impide que dirigentes con cercanía territorial y experiencia puedan presentarse nuevamente”, explicó.
“Desde la oposición, en cambio, entendemos que, sin límites, aumenta el riesgo de perpetuación y concentración de poder en manos de estructuras que terminan por cerrarle el paso a la renovación”, sostuvo, y agregó: “No puede haber ingenuidad en esta discusión”.