Ganadería
01/08/2026 - Edición Nº1271
Política
Reforma del Código Penal
Mercenarismo: la nueva figura penal que busca frenar grupos armados privados
01/08/2026 | La iniciativa apunta a proteger el monopolio estatal del uso de la fuerza y contempla agravantes cuando existan vínculos con terrorismo, crímenes de guerra o utilización de menores.
El proyecto busca que combatir por dinero sea delito.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de reforma al Código Penal para incorporar el delito de mercenarismo y establecer sanciones contra las organizaciones armadas privadas ilícitas. La iniciativa parte de la necesidad de adaptar la legislación argentina a las nuevas formas de violencia internacional y a la aparición de estructuras privadas que participan en conflictos armados mediante mecanismos de reclutamiento, financiamiento y operación por fuera de los canales estatales.
El proyecto define como mercenario a aquella persona que, a cambio de una remuneración, presta servicios de naturaleza militar fuera de los supuestos autorizados por el Derecho Internacional o la legislación nacional. Además, prevé sanciones para quienes constituyan, financien, organicen o integren este tipo de estructuras.
Los reclutadores de la maquinaria bélica privada ponen los ojos en la vulnerabilidad. Reforzamos el Código Penal para evitar que nos devuelvan a nuestros jóvenes en una bolsa de plástico. https://t.co/cRhGE1nDXa
— Ramiro Gutierrez (@Ramir_Gutierrez) July 31, 2026
El objetivo: preservar el uso estatal de la fuerza
Según los fundamentos de la iniciativa, la reforma busca proteger el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza y resguardar bienes jurídicos como la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional.
En ese sentido, el proyecto apunta a generar herramientas específicas frente a organizaciones que operen con recursos privados para desarrollar actividades militares o de combate.
"Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado", sostuvo Gutiérrez al fundamentar su propuesta.
Penas agravadas para los casos más graves
La iniciativa contempla un aumento de las penas cuando estas organizaciones afecten la defensa nacional, involucren a menores de edad o faciliten la comisión de delitos de especial gravedad. Entre los supuestos incluidos figuran los crímenes de guerra, el genocidio, los delitos de lesa humanidad y el terrorismo.
De esta manera, el proyecto busca diferenciar las actividades ilegales vinculadas al mercenarismo de otras formas de prestación de servicios que cuentan con autorización legal.
Exclusiones previstas
El texto establece expresamente que no quedan comprendidos dentro de estas figuras las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y policiales cuando actúan en cumplimiento de funciones oficiales.
También quedan excluidas las misiones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las empresas de seguridad privada que operan conforme a la normativa vigente y el personal humanitario y sanitario.
Una respuesta frente a los conflictos híbridos
La propuesta incorpora una mirada vinculada a los conflictos contemporáneos, caracterizados por redes transnacionales de reclutamiento, financiamiento y logística. Según sus fundamentos, estas nuevas modalidades requieren una respuesta penal específica para prevenir la consolidación de estructuras privadas que puedan afectar la seguridad y el orden institucional.
Gutiérrez señaló que la legislación argentina actual no cuenta con herramientas concretas para abordar estas situaciones y consideró necesario cubrir ese vacío normativo. "Mientras la justicia argentina investiga redes de reclutamiento de ciudadanos para combatir en guerras extranjeras, nuestro Código Penal todavía carece de una regulación específica sobre el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas. Esta reforma viene a cubrir ese vacío legal", afirmó.
El debate internacional sobre las fuerzas privadas
La discusión sobre el mercenarismo y las empresas militares privadas también forma parte de la agenda internacional. Organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, a través del Documento de Montreux, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la materia y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa han advertido sobre los riesgos que representan estas estructuras para el Derecho Internacional Humanitario y la necesidad de establecer marcos regulatorios adecuados.
Con esta iniciativa, el Congreso abre el debate sobre la necesidad de actualizar la legislación penal argentina frente a fenómenos que exceden los conflictos tradicionales entre Estados y que incorporan nuevos actores privados dentro de escenarios de violencia internacional.
