Hacinamiento y discapacidad: el problema que afecta a miles de familias en Argentina

La situación habitacional de las personas con discapacidad en Argentina continúa mostrando importantes desigualdades. De acuerdo con un relevamiento de la Fundación Tejido Urbano, el 27 por ciento de quienes cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD) reside en hogares con algún grado de hacinamiento, mientras que el 7,8 por ciento vive en condiciones de hacinamiento crítico, con más de tres personas por ambiente.

En el país hay 1.684.727 personas con CUD, lo que representa el 3,69 por ciento de la población. La provincia de Buenos Aires concentra el mayor número de casos, con 678.237 personas, equivalente al 40,3 por ciento del total nacional.

En tanto, la Ciudad de Buenos Aires presenta la mayor proporción respecto de su población, con un 5,25 por ciento. El informe también advierte que el 6,9 por ciento vive en hogares sin acceso a servicios esenciales como agua, electricidad o gas.

Viviendas que no responden a las necesidades

El estudio revela que el 26,5 por ciento de los hogares donde vive una persona con discapacidad necesita reformas o adaptaciones vinculadas con su condición. Sin embargo, apenas la mitad de esas familias logró concretar las obras necesarias. Solo en la Ciudad de Buenos Aires se estima que unas 30.000 personas habitan viviendas que no cuentan con las adecuaciones indispensables para garantizar su movilidad y autonomía.

A las dificultades dentro del hogar se suman los problemas del entorno. El 33,7 por ciento de las personas con discapacidad reside sobre calles de tierra o mejoradas, una situación que dificulta los traslados cotidianos y el acceso al transporte, los servicios públicos y los espacios comunitarios.

Leyes vigentes y desafíos pendientes

Si bien la legislación establece herramientas para garantizar el acceso a una vivienda adecuada, el informe sostiene que su implementación todavía presenta desafíos. La Ley 26.182 dispone que al menos el 5 por ciento de las viviendas financiadas por el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) debe destinarse a personas con discapacidad o familias que tengan integrantes con discapacidad. Durante el primer semestre de 2026, el cumplimiento promedio a nivel federal fue del 5,5 por ciento.

El relevamiento también analiza la relación entre discapacidad, salud mental y autonomía, ya que una de cada cuatro personas con discapacidad presenta una condición vinculada a la salud mental. En ese marco, destaca el desarrollo de viviendas de transición o tuteladas como una alternativa para promover la vida independiente, aunque advierte que estos modelos requieren recursos permanentes y un enfoque centrado en las decisiones de cada persona para evitar nuevas formas de dependencia.

Además, la problemática alcanza a quienes carecen de una vivienda estable: en la Ciudad de Buenos Aires, 8.589 personas con discapacidad viven en instituciones colectivas y otras 182 permanecen en situación de calle.