Ley de Tierras: una batalla tras otra

En 2008, en Valle Hermoso, un paraje cordillerano del departamento Vinchina, en La Rioja, un inversor estadounidense compró unas 200.000 hectáreas por 650.000 dólares. En el lote entraban cerros, aguadas y una de las dos reservas de agua dulce de la provincia. También entraba un pueblo entero, con sus casas, su escuela, su capilla, un puesto sanitario y las familias que vivían adentro. El comprador era Jaime Libersohn, un empresario radicado en Buenos Aires que conocía bien el mercado argentino porque llevaba años en el negocio de la venta de alimentos kosher.

La operación se hizo a través de un fondo con sede en Estados Unidos, y su mecánica fue la parte más turbia del asunto. Según denunció entonces el secretario de Tierras riojano, Ariel Puy Soria, abogados locales hacían firmar papeles a los campesinos del lugar asegurándoles que servían para tramitar sus propios títulos de propiedad, cuando en realidad cedían las tierras al comprador. Un informe de Telenoche Investiga puso el caso en pantalla nacional. En julio de 2010, el Ministerio del Interior, entonces a cargo de Florencio Randazzo, intervino para suspender la transacción e investigar las irregularidades. Libersohn respondió con una denuncia ante la Justicia federal de Nueva York que no prosperó.

El episodio dejó al descubierto un vacío que ya nadie podía disimular. Hasta ese momento no existía en la Argentina una legislación nacional que fijara límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Y el caso riojano no era una rareza. Desde 2008, con la crisis financiera global, millones de hectáreas en países del sur pasaron a manos de fondos de inversión, corporaciones agroalimentarias y capitales soberanos que buscaban refugiar valor en un activo seguro. El fenómeno tiene nombre en la literatura especializada, land grabbing, acaparamiento de tierras, y la Argentina era un destino atractivo por precio, extensión y agua.

El quinto intento

El 6 de agosto el Senado vuelve sobre el proyecto por quinta vez. Los cuatro tratamientos anteriores se cayeron entre junio y julio, y el último terminó en un cuarto intermedio que 62 senadores votaron sobre un texto que ni el oficialismo tenía cerrado. Desde el dictamen de mayo circularon quince versiones, cifra que dice bastante sobre lo que realmente se negocia de fondo con esta ley. Lo que traba todo no es el capítulo de tierras en abstracto, sino quién fija el límite. La versión que hoy tiene chances delega en cada legislatura provincial la facultad de autorizar o restringir la venta a extranjeros. Sturzenegger, autor de la iniciativa, la rechaza porque le devuelve a las provincias el poder de reponer los topes que él vino a sacar. Bullrich, que cuenta los votos, la sostiene lo mismo. El ministro de Desregulación llega a la sesión sin controlar su propia desregulación, y esa pelea interna cuenta algo sobre el fondo porque dentro de la coalición que gobierna tampoco hay acuerdo sobre cuánta soberanía territorial se está dispuesto a ceder.

Los números siguen sin cerrar. El peronismo cuenta 35 de sus 36 senadores para bloquear el capítulo de tierras. El oficialismo depende de radicales, dos macristas y bloques provinciales de Salta, Misiones y Neuquén, con una interna misionera que vuelve a poner el quórum en duda. Frente al Congreso, asambleas socioambientales, sindicatos y organizaciones territoriales anuncian movilización para esa misma tarde. La sesión frustrada del 16 de julio retrató el clima interno. El oficialismo buscó votar el reparto del techo a la extranjerización el mismo día en que el país miraba a la Selección, y la jornada terminó con un cruce público entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel por la conveniencia de sesionar esa tarde. La discusión sobre quién decide la tierra argentina se dio, esa tarde, con el oficialismo peleándose consigo mismo.

Ley de Tierras

De aquel clima de 2008 surgió la Ley 26.737, de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. El Poder Ejecutivo la envió al Congreso en abril de 2011 y se sancionó el 22 de diciembre de ese año, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En Diputados pasó con 153 votos afirmativos, 26 en contra y una abstención.

La norma fijó tres candados. Un tope general del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, replicado a nivel nacional, provincial y departamental. Dentro de ese 15%, un límite del 30% para los titulares de una misma nacionalidad, lo que equivale a un techo del 4,5% del total. Y un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo, o su superficie equivalente en el resto del país. A eso sumó prohibiciones sobre campos que contuvieran o lindaran con cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera. Para que los límites fueran algo más que una declaración, creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, que relevó titularidades reales para correr el velo de las sociedades usadas para ocultar al verdadero comprador detrás de testaferros locales. En 2016, un decreto de Mauricio Macri flexibilizó parte de esa arquitectura, aunque conservó su estructura básica.

Conviene marcar una implicancia que suele perderse en el debate. El registro nunca llegó a rozar el tope del 15%. Hoy alrededor del 6% de las tierras rurales del país está en manos extranjeras. Ese número, esgrimido por el oficialismo como prueba de que la ley sobra, dice menos de lo que parece. El promedio nacional aplana una geografía muy desigual. En el departamento de Tinogasta, en Catamarca, la propiedad extranjera roza el 27%. En General Lamadrid, La Rioja, alcanza el 57%, con proyectos mineros previstos sobre ambientes glaciares y periglaciares. La extranjerización se concentra donde hay cordillera, agua dulce, litio y frontera, y no se reparte pareja por el mapa. La ley de 2011 apuntaba menos al volumen total que a esa ubicación: dónde y sobre qué recursos.

Qué propone la reforma

La ofensiva actual llega envuelta en el eufemismo de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" y la presentó el Poder Ejecutivo el 27 de marzo de 2026, impulsada por Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Es un paquete que endurece los requisitos para que el Estado expropie, agiliza los desalojos, recorta protecciones de la Ley de Manejo del Fuego y, en su capítulo más sensible, reescribe la Ley de Tierras.

Sobre ese punto, la reforma elimina los límites generales a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas privadas extranjeras. Mantiene restricciones solo para los Estados extranjeros y las compañías bajo su control, algo que apunta directamente a China. El resto se negoció hasta último momento. El proyecto original establecía que, si la provincia o la Nación no respondían en el plazo fijado, regía el silencio administrativo positivo, y la venta quedaba aprobada por default. También daba de baja la cláusula antitestaferros, la herramienta que permitía identificar al comprador real detrás de una sociedad pantalla. Las reescrituras de julio movieron esas piezas, y la versión acordada dice eliminar el artículo del silencio administrativo y obligar a inscribir cada compra en el Registro Nacional de Tierras Rurales. Con quince borradores en circulación, conviene leer esos detalles como lo que son, moneda de cambio de una negociación abierta. Lo que no cambió en ninguna versión es el corazón del proyecto, sacar el techo nacional a la extranjerización y trasladar la decisión, provincia por provincia, a legislaturas que competirán por atraer capital.

El oficialismo defiende la apertura con la estampa del pequeño inversor que llega a labrar la tierra, la figura que el propio preámbulo constitucional abraza. Los números cuentan otra cosa. Según los relevamientos disponibles, hacia 2015 casi el 80% de la superficie extranjerizada estaba en manos de poco más del 1% de los propietarios, unos 253 dueños, y cerca de dos millones de hectáreas pertenecían a firmas radicadas en paraísos fiscales. El individuo que viene a trabajar el campo es, en buena parte de los casos, una sociedad offshore en las Islas Caimán. Ahí la distinción entre capital privado inocente y control territorial se disuelve sola.

El recorte a la Ley de Manejo del Fuego merece un párrafo propio. La norma vigente impide cambiar el uso del suelo por años después de un incendio, una traba pensada para desactivar un negocio conocido, el de quemar, esperar y desarrollar. El propio ex Ministerio de Ambiente documentó, al sancionarse la ley, que buena parte de los incendios intencionales buscaba habilitar proyectos inmobiliarios y agroganaderos. Levantar esa veda reabre, en los hechos, ese incentivo.

El texto se debatió a los tumbos. Obtuvo dictamen de comisión en mayo, tras varias reescrituras, y su tratamiento en el Senado se postergó una y otra vez, de julio al 6 de agosto, sin votos asegurados para el capítulo de tierras. En contra se alinearon el peronismo, sindicatos y asambleas socioambientales, que hablan de derogación encubierta. A ese frente se sumó la Conferencia Episcopal, que en una carta a los legisladores advirtió por la posibilidad de un acceso ilimitado a tierras ligadas a reservas de agua y por los artículos que habilitan el uso inmediato de tierras castigadas por incendios. A favor, la Sociedad Rural. Su presidente, Nicolás Pino, dijo no tener problema en venderle hectáreas a un extranjero. Entre los interesados en que caiga el tope aparecen el grupo Benetton, ya uno de los mayores tenedores de tierra del país, y fondos soberanos de países árabes. La narrativa oficial resume el objetivo en una frase, dar tranquilidad al capital privado.

¿Alguien deja la tierra sin control?

Acá conviene formular la pregunta que el Gobierno prefiere no hacerse. ¿Existe algún país relevante que trate a la tierra, un activo estratégico, finito y que no se puede mudar, como una mercancía sin ningún control sobre quién la compra? La respuesta corta es no. Ni las economías más liberales lo hacen, y varias están yendo en la dirección exactamente contraria a la que propone Milei.

Estados Unidos. No hay una prohibición federal, pero sí un régimen de declaración obligatoria de tenencias extranjeras y, sobre todo, el filtro de seguridad nacional del CFIUS, el comité que revisa inversiones foráneas y puede vetarlas. Alrededor de 46 millones de acres, el 3% de la tierra agrícola privada, están en manos extranjeras, con Canadá como principal tenedor y China por debajo del 0,5%. Aun así, el clima político empuja al cierre. En julio de 2025 la Secretaría de Agricultura presentó el National Farm Security Action Plan para frenar y revertir compras chinas, sumó al titular de Agricultura al CFIUS, y más de dos docenas de estados, frente a los catorce de 2022, dictaron leyes que restringen la propiedad extranjera de tierra agrícola, en su mayoría apuntadas a China, Irán, Corea del Norte y Rusia. El modelo de mercado por excelencia está blindando su suelo.

China. El supuesto rival estatista ni siquiera admite la propiedad privada de la tierra. El suelo urbano es del Estado y el rural es colectivo, y lo que se compra es un derecho de uso a plazo, 70 años para vivienda, 50 para industria, 40 para comercio. Un extranjero no puede ser dueño del terreno bajo ninguna figura. No se acapara lo que no se puede poseer.

Francia. Desde 1962 funciona la SAFER, una entidad con derecho de preferencia sobre la tierra rural que sale a la venta, que puede sustituirse al comprador y quedarse el campo al precio acordado para preservar su vocación agrícola, sostener a los productores y frenar la especulación. La ley Sempastous, plenamente vigente desde 2023, extendió ese control a la venta de acciones de sociedades, cerrando el atajo de comprar la empresa dueña del campo en lugar del campo. Las reglas rigen igual para todos, sin importar la nacionalidad.

La lista se puede seguir. Brasil limita la propiedad extranjera al 25% de cada municipio y al 10% por nacionalidad. Uruguay conserva controles de transparencia y debatió prohibir a los inversores "públicos", gobiernos y fondos soberanos. Canadá prohibió a los no residentes comprar vivienda hasta 2027. Nueva Zelanda mantiene un veto a la compra extranjera de tierra residencial y rural, con una excepción angosta abierta a fines de 2025 para grandes inversores. Dinamarca exige residencia. Con matices, todos parten del mismo supuesto, el suelo no es un activo cualquiera.

De aprobarse la reforma, la Argentina pasaría de uno de los regímenes más restrictivos de la región a uno de los más abiertos, justo cuando la tendencia global corre para el otro lado. El argumento de la desideologización se cae solo. Poner controles a la compra extranjera de tierra estratégica no es una excentricidad kirchnerista, es la práctica corriente de los países que el Gobierno dice admirar.

Lo que se negocia sin decirlo

El debate parece girar sobre una disyuntiva simple, abrir o cerrar. La partida se juega en otro lado. Lo que la reforma redefine es quién conserva la capacidad de decir que no, y sobre qué mapa. La negociación provincia por provincia significa que el veto estratégico deja de ser nacional y pasa a depender de legislaturas locales dispuestas a competir por la inversión. El traslado tiene nombre. Ana Marks lo llamó "federalismo de fragmentación, antisoberano", provincias corriendo una carrera a la baja, sin poder nacional para frenar una operación sobre agua, litio, glaciares o tierra patagónica. La prohibición sobre zonas de frontera sigue en pie, pero los acuíferos, humedales y reservas no están todos en la frontera.

Sin un registro que identifique al comprador real, ni siquiera queda claro a quién se le estaría diciendo que sí. Un país conserva soberanía sobre su territorio mientras retiene el poder de rechazar una venta. Eso, y no la hectárea, es lo que cambia de manos en silencio mientras la discusión mira el precio de la tierra. Valle Hermoso enseñó, hace casi veinte años, que cuando ese poder falta lo que se vende puede incluir a la gente que vive adentro.