Este lunes 3 de agosto, los docentes de todos los niveles educativos organizaron un paro nacional con movilización, para reclamar contra el ajuste presupuestario del gobierno de Javier Milei en materia educativa.
El paro es convocado por todos los gremios, tanto por CONADU, CONADU Histórica, ATE y CTERA.
Entre los puntos centrales de la protesta se encuentran:
El sábado, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, comunicó que la cartera “llevará adelante la supervisión del cumplimiento de la Ley Nº 27.802, que en su artículo 101 establece a la educación como servicio esencial”.
En ese marco, desde el gobierno nacional amenazan con sanciones de no garantizarse el piso del 75% de asistencia docente.
Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/3iP9PkhBSc
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) August 1, 2026
Desde la asunción del actual presidente, la educación ha sido uno de los sectores más castigados en materia de ajuste presupuestario.
El primer año de gobierno, el presupuesto ejecutado en Educación se recortó un 43%, profundizándose en 2025 (-47% respecto a 2023) y, según lo presupuestado para este año, con las estimaciones de inflación, el gasto se ubicaría 46% por debajo de tres años atrás.
Es decir, la “motosierra” cortó casi $1 de cada $2 que se destinaban a Educación en 2023.
El ajuste recayó principalmente sobre los docentes de todo el país, a través de la eliminación del FONID, pero también sobre las becas educativas, como la Progresar, la Manuel Belgrano, entre otras.
Las universidades fueron las grandes perjudicadas, tanto en sus gastos de funcionamiento como en salarios de docentes y no docentes, así como los hospitales a su cargo.

Los docentes de la educación superior tienen su propio reclamo. Es que cuentan con una Ley votada por el Congreso, vetada por Milei y ratificada por el Congreso, que el Ejecutivo llevó al Poder Judicial para no cumplir.
No obstante, la Corte Suprema ratificó lo obvio: la Ley de Financiamiento Universitario debe cumplirse.
Los universitarios pusieron como fecha límite el cobro de los salarios de julio, pero la mejora no apareció.
Para ejemplificar, un docente titular con dedicación semi exclusiva cobro estos primeros días de agosto $1.169.151,63 (bruto), mientras que de haberse aplicado la Ley, debiera haber percibido $1.419.400,71. Así, le niegan a los docentes un aumento del 21,4%.
Como consecuencia, los salarios siguen lejos del poder de compra que tenían en noviembre de 2023. Mientras los sueldos no alcanzados por la garantía salarial perdieron 23,6%, los escalones más bajos sufrieron un recorte de 32,6%.

Este lunes, entonces, comienza un nuevo capítulo de protestas contra el ajuste del gobierno de Javier Milei.