03/08/2026 - Edición Nº1273

Política

Conflicto docente

Clases con control mínimo del 75%: cómo funciona la nueva regla del Gobierno

03/08/2026 | Capital Humano controlará el cumplimiento de la prestación mínima del 75% y anticipó sanciones a los gremios que no acaten la ley.



El Gobierno nacional pondrá en marcha este lunes, por primera vez, el protocolo de servicio esencial para enfrentar el paro nacional convocado por CTERA en el reinicio de las clases tras el receso invernal. La administración de Javier Milei fiscalizará el funcionamiento de las escuelas públicas para verificar que se garantice la prestación mínima del 75% establecida por la reforma laboral.

La supervisión estará a cargo del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, desde donde anticiparon que se realizarán controles en establecimientos educativos de todo el país. En la Casa Rosada sostienen que el objetivo es resguardar el derecho a la educación y hacer cumplir la legislación vigente.

La decisión profundiza el conflicto entre el Ejecutivo y los gremios docentes. Mientras CTERA denuncia la falta de convocatoria a la paritaria nacional y reclama una recomposición salarial, el oficialismo busca consolidar la aplicación de una de las reformas impulsadas por Milei, que incorporó a la educación básica dentro de los servicios esenciales.

El debut de una ley que cambia las reglas

La medida se apoya en la Ley 27.802, que obliga a garantizar un funcionamiento mínimo del 75% en los niveles inicial, primario, secundario y especial durante los conflictos laborales. Para el Gobierno, esa norma modifica el alcance de las medidas de fuerza y obliga a mantener un piso de actividad en las escuelas.

Desde Balcarce 50 confirmaron que, si se detectan establecimientos completamente paralizados o un nivel de adhesión que impida cumplir con ese porcentaje, la Secretaría de Trabajo iniciará actuaciones administrativas y avanzará con las denuncias correspondientes.

El Gobierno anticipa sanciones

En el oficialismo reconocen que los procesos administrativos pueden extenderse durante varios meses, aunque remarcan que el incumplimiento de la prestación mínima habilitará la aplicación de multas económicas contra las organizaciones sindicales responsables.

La decisión marca un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y los gremios docentes. Mientras los sindicatos sostienen que el paro responde a la falta de negociación salarial y al deterioro del sistema educativo, la administración de Milei apuesta a convertir la aplicación del régimen de servicio esencial en un antecedente para futuros conflictos laborales.

El resultado de esta primera fiscalización será observado de cerca tanto por el oficialismo como por los sindicatos, ya que definirá el alcance real de una de las herramientas más controvertidas incorporadas por la reforma laboral.

El reclamo por el ajuste educativo y el rechazo a la "esencialidad"

En paralelo al conflicto salarial, los sectores docentes que impulsan la medida de fuerza sostienen que la protesta también responde al recorte del financiamiento educativo. Según denunciaron, la inversión nacional en educación cayó cerca de un 50% en términos reales entre 2023 y 2025, pasando del 1,43% al 0,75% del PBI. También afirman que los programas de Educación Obligatoria registraron una reducción real del 76,5%, mientras que la inversión en infraestructura educativa disminuyó un 58,5%. A ese escenario suman cuestionamientos a las políticas de las provincias, a las que responsabilizan por mantener salarios que consideran insuficientes y por reducir partidas destinadas al sistema educativo.

Los SUTEBA Multicolor y Ademys, que realizarán un paro de 48 horas, también rechazaron la aplicación del régimen de servicio esencial impulsado por el Gobierno nacional. Los sindicatos sostienen que la medida quedó suspendida de manera cautelar por el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 mientras continúa la discusión judicial, por lo que consideran que las advertencias de sanciones formuladas por el Ministerio de Capital Humano carecen de sustento legal. Además, cuestionaron a la conducción de CTERA por considerar que la convocatoria al paro fue tardía y sin continuidad, y ratificaron que participarán de la movilización prevista para el 6 de agosto frente al Congreso en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.