Pidió un crédito de $700.000, su esposo murió, la hostigan y debe 28.000.000

Silvia recuerda que cuando ella y su esposo Elcar decidieron pedir un crédito UVA en 2017, el objetivo era concreto: ampliar y refaccionar su vivienda en Suardi, Santa Fe.

Obtuvieron $700.000, equivalentes entonces a 33.128,25 UVAs, a devolver en 120 cuotas durante diez años.

La primera cuota, abonada en febrero de 2018, fue de $7.830,13. Pero apenas unos meses después, la vida familiar de Silvia cambió por completo. El 10 de septiembre de ese año murió su esposo, quien también figuraba como codeudor del préstamo.

Desde entonces, aquel crédito que había sido pensado para mejorar la casa familiar se convirtió, según relata Silvia a NewsDigitales, en una de las mayores pesadillas de su vida.

 Viuda, con tres hijos a cargo, ingresos reducidos y una deuda que continuó actualizándose por UVA, comenzó un largo recorrido de reclamos ante el Banco de la Nación Argentina.

La Justicia Federal de Rafaela intervino en 2022 y dictó una medida cautelar que ordenó al banco reducir provisoriamente las cuotas al 50% de lo que correspondía pagar según el contrato, hasta que exista una sentencia definitiva. La resolución consideró acreditado, en el análisis propio de una cautelar, tanto la verosimilitud del derecho invocado como el peligro en la demora.

El crédito que comenzó con $700.000

El préstamo fue otorgado en diciembre de 2017 y estuvo destinado a realizar refacciones en la vivienda familiar.

En febrero de 2018, la primera cuota había sido de $7.830,13, según consta en la resolución judicial.

Para Silvia, sin embargo, el escenario cambió abruptamente cuando murió Elcar: "El seguro de vida nunca canceló la deuda de la parte de mi marido", sostiene. Según su relato, los ingresos del matrimonio no estaban repartidos en partes iguales en la composición del crédito: "Yo era apenas el 30% y el resto estaba afectado de su sueldo. No era el 50 y el 50".

La resolución judicial también recoge que el crédito contaba con un seguro de vida vinculado a los tomadores y que, según lo establecido en la escritura hipotecaria, ante el fallecimiento debía cancelarse la parte proporcional de la deuda correspondiente a los ingresos aportados por el fallecido. El expediente señala que esa cancelación no se produjo.

"En ningún lado figuraba que mi marido tomó la deuda"

Silvia asegura que pocos días después de la muerte de su esposo comenzó a intentar averiguar qué ocurriría con el crédito. "Me tuvieron tres años dando vueltas", cuenta.

En su relato aparece una escena que, para ella, marcó el inicio de un nuevo problema. "A los 10 días que fallece mi marido, yo me pongo en contacto con una compañera que trabaja en Banco Nación, acá en una localidad vecina", recuerda.

Según su testimonio, aquella mujer ingresó al expediente y encontró algo que la sorprendió: "Me dice: 'Wow, tengo que contarte algo que no sé cómo te va a caer. En ningún lado figura que tu marido tomó la deuda'", relata Silvia.

La consecuencia, según describe, fue devastadora para ella: "Automáticamente ellos eliminaron la cuenta de mi esposo, la toma de crédito, cayó todo sobre mi espalda".

Y vuelve sobre el punto que considera central en su reclamo: "En ningún lado figuró que mi esposo tomó la deuda. En ningún lado figura que él tomó el crédito".

La resolución judicial no se pronuncia sobre esa afirmación específica de Silvia respecto de la registración de la deuda. Lo que sí acredita es que ella y su esposo habían suscripto la escritura hipotecaria y que ambos estaban vinculados al préstamo, mientras que el fallecimiento del marido modificó sustancialmente la situación económica familiar.

La pandemia, el desempleo y una intimación judicial

La situación económica se agravó todavía más con la llegada de la pandemia. Silvia trabaja como personal no docente en una escuela y cuenta que durante ese período perdió su empleo. Hasta entonces, asegura, había comenzado pagando cuotas de unos $15.000.

"Me quedo sin trabajo en la escuela y me enviaron una carta intimándome judicialmente a pagar cuotas atrasadas", recuerda. La intimación, según su relato, llegó en junio de 2020.

Para entonces, el problema financiero se mezclaba con otro mucho más profundo: el duelo de una familia que todavía intentaba recomponerse después de la muerte de Elcar.

"Mis hijas con tratamiento psicológico por la pérdida de su papá, y yo con psiquiatra y psicólogo para sobrellevar esta gran pesadilla, yendo a médicos por estados de pánico", relata. La deuda, mientras tanto, seguía su propia dinámica.

El expediente judicial iniciado posteriormente describe que Silvia quedó sola a cargo de sus tres hijos menores y que sus ingresos disminuyeron considerablemente después del fallecimiento de su marido. También señala que la evolución de la unidad de valor utilizada por el crédito incrementó la deuda y que los ingresos de la mujer habían quedado rezagados, haciendo cada vez mayor la proporción de sus recursos destinada al pago de la cuota.

La cautelar que le permitió pagar la mitad de la cuota

En 2022, Silvia acudió a la Justicia Federal de Rafaela contra el Banco de la Nación Argentina, sucursal Suardi, bajo la Ley de Defensa del Consumidor.

Su pedido buscaba una readecuación del contrato. Entre otras alternativas, solicitó que se eliminara el mecanismo de actualización por UVA y se lo reemplazara por un sistema que permitiera restablecer el equilibrio contractual. También pidió que se considerara el Coeficiente de Variación Salarial o, en su defecto, que se tomara como referencia la fecha del congelamiento de cuotas dispuesto en 2019.

El banco rechazó la cautelar y sostuvo, entre otros argumentos, que modificar el mecanismo UVA afectaría sus acreencias y la política habitacional vinculada con esos créditos.

El juzgado, sin resolver todavía el fondo del conflicto, consideró que estaban presentes los requisitos para dictar una medida provisoria.

La resolución destacó que existía una relación de consumo entre Silvia y la entidad financiera y recordó las normas de protección al consumidor, incluido el derecho a recibir un trato digno y la prohibición de conductas intimidatorias o vejatorias.

El fallo también consideró relevante la figura de la imprevisión contractual: el Código Civil y Comercial permite solicitar la adecuación de un contrato cuando, por una alteración extraordinaria de las circunstancias, una prestación se vuelve excesivamente onerosa.

La Justicia advirtió sobre el riesgo de perder la vivienda

Uno de los elementos más importantes de la resolución está en la evaluación del llamado "peligro en la demora".

El juzgado consideró que el caso involucraba derechos patrimoniales y alimentarios. Pero además señaló un riesgo especialmente sensible: la vivienda familiar estaba hipotecada.

"La garantía hipotecaria que pesa sobre su propiedad implica un riesgo para su derecho al acceso a una vivienda digna", sostuvo el tribunal, teniendo especialmente en cuenta que los tres hijos menores convivían con Silvia.

En ese contexto, el juez concluyó que el aumento de las cuotas podía afectar los derechos patrimoniales y alimentarios de Silvia y sus hijos y que esperar hasta una sentencia definitiva podía tornar ineficaz la protección judicial.

La solución fue concreta: ordenar al Banco Nación que readecuara las cuotas para que no superaran el 50% de lo que correspondía pagar mensualmente según el contrato, hasta que se dictara sentencia definitiva.

De una cuota de $15.000 a otra de $805.000

La evolución que Silvia describe permite dimensionar el cambio. Según su relato, comenzó pagando aproximadamente $15.000 mensuales. Hoy asegura que se encuentra en la cuota 84 de las 120 originales y que la cuota contractual llegó a unos $805.000. Su deuda total, afirma, ronda actualmente los $28 millones.

Por la cautelar, sostiene que paga el 50% de esa cuota, aunque asegura que el conflicto no desapareció.

A la presión económica Silvia suma lo que describe como una situación permanente de hostigamiento por parte de la entidad. "Todos los meses me hostigan del banco", afirma.

Según cuenta, incluso después de la cautelar recibió una nueva carta de intimación judicial en la que se le reclamaba el pago de cuotas atrasadas.

"Yo siendo garante quedo con esta deuda a cargo, nunca me dieron solución", resume, e insiste: "Me acerqué al banco millones de veces solicitando que se revea mi situación".

Mientras tanto, Silvia continúa pagando, con una deuda que según su relato ya alcanza los $28 millones, mientras intenta sostener su hogar y a sus tres hijos.