04/08/2026 - Edición Nº1274

Política

Hace 15 años

Ley de Tierras 2011: 1 vs. 62, quién fue el único senador que votó negativo

04/08/2026 | En un clima político y cultural completamente distinto, solo un senador rechazó la propuesta de Cristina Kirchner.



La discusión sobre la propiedad de las tierras rurales en manos extranjeras vuelve al Senado y recupera un antecedente que, 15 años después, adquiere particular relevancia.

Cuando el Congreso sancionó en diciembre de 2011 la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, hubo una amplia mayoría a favor en la Cámara alta: 62 senadores votaron afirmativamente y solo uno lo hizo en contra, Juan Carlos Romero, entonces representante de Salta.

La precisión es importante porque, aunque otros legisladores expresaron objeciones y rechazaron determinados artículos durante la votación en particular, Romero fue el único senador que votó negativamente la iniciativa en general.

Ahora, el Gobierno de Javier Milei busca modificar aquel régimen. El planteo original apuntaba a eliminar buena parte de las restricciones para la adquisición de tierras rurales por extranjeros, pero las negociaciones parlamentarias derivarían en una alternativa menos ambiciosa: mantener un límite, aunque elevarlo del actual 15% al 25%.

La intención del oficialismo es llevar el proyecto al recinto del Senado este jueves 6 de agosto. Sin embargo, a pocas horas de la sesión, todavía no está claro que La Libertad Avanza tenga asegurados los votos necesarios para avanzar.

La ley que nació con 62 votos a favor y uno en contra

La Ley 26.737 fue sancionada el 22 de diciembre de 2011, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner. El objetivo era establecer un régimen para limitar la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

La norma fijó un límite del 15% de las tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Dentro de ese porcentaje, además, una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30%. También se estableció un límite de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la zona núcleo, o su equivalente según la ubicación.

La ley también contempló restricciones específicas sobre tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, además de crear mecanismos de registro y relevamiento de la propiedad rural.

En el Senado, el resultado fue contundente: 62 votos positivos y uno negativo. Ese voto fue el de Romero.

El discurso de Romero que quedó en la historia

Romero no solamente votó en contra. También dejó planteada una posición política que resulta especialmente interesante al recuperar hoy aquel debate.

El entonces senador del Peronismo Federal cuestionó la idea de limitar la propiedad extranjera a partir de una defensa de la inmigración y de la historia de construcción territorial argentina.

"Casi 200 años después se defiende un arroyito, una laguna de la voracidad extranjera, cuando este país se hizo con los extranjeros y con los nativos", sostuvo durante el debate.

Y formuló una pregunta que sintetizaba buena parte de su argumento: "¿Qué hubiera pasado si los extranjeros no hubieran venido a Entre Ríos, a La Pampa, a la Patagonia? Este país se hizo así". "¿Vamos a ir a contramano de esa tradición de 150 años, de ser receptores de habitantes de países muy diversos, quienes venían a poblar nuestro país y a trabajar nuestra tierra? ¿Por qué ir en contra de ello?", insistió.

El argumento de Romero sobre las inversiones

El senador también rechazaba la idea de que limitar la propiedad extranjera fuera necesariamente una herramienta para proteger la soberanía.

En ese sentido, comparó la situación argentina con la de otros países y sostuvo que las restricciones podían terminar desalentando inversiones: "¿Dónde está el peligro si Uruguay, que es pequeño y tiene el 25 por ciento en manos de extranjeros, no considera que su soberanía esté afectada? ¿Nosotros nos estamos preocupando en un país como el nuestro, donde necesitamos producir y trabajar?".

Romero incluso llevó la discusión a las economías regionales: "¿En qué vamos a crecer, si no en materia de producción agroindustrial?", planteó. Y preguntó: "¿Cuándo vamos a ver en Salta o en Jujuy una fábrica de automóviles? ¿Cuándo vamos a ver una industria que pueda realizar una transformación de las materias primas?".

Y agregó una alternativa: "Tal vez con el arriendo y con los alquileres se podrá encontrar algún estímulo para el país, que tanto necesita de las inversiones".

"Este proyecto de ley desalienta las inversiones"

Romero cerró su argumento económico con una crítica directa al proyecto que estaba a punto de convertirse en ley.

"Este proyecto de ley desalienta las inversiones, y también demuestra que quizá se quiere buscar algo que movilice alguna sensibilidad, pero es poco práctico", afirmó.

Uno de los pasajes más llamativos de aquella intervención llegó cuando Romero relacionó la discusión sobre las tierras con antiguas concepciones territoriales. "Para mí, la teoría del espacio vital es antigua", sostuvo.

Y recordó pérdidas territoriales de la historia argentina para cuestionar el énfasis puesto en determinadas restricciones: "Perdimos grandes extensiones y ahora, doscientos años después, defenderemos un arroyito, una lagunita o un curso de agua de la voracidad extranjera".

Juan Carlos Romero votando en el 2025

Qué defendía la Ley de Tierras

La lógica de la norma sancionada en 2011 era considerar a la tierra rural como un recurso estratégico y establecer límites específicos para evitar una concentración excesiva en manos extranjeras.

Uno de sus fundamentos centrales quedó expresado en el propio régimen: la adquisición de tierras rurales no debía ser considerada una inversión en los términos tradicionales, debido a que se trata de un recurso natural no renovable.

La legislación tampoco fue retroactiva. Es decir, no afectó los derechos adquiridos antes de su entrada en vigencia.

Con el paso del tiempo, el debate sobre la extranjerización se mantuvo abierto. Según datos difundidos en investigaciones recientes, alrededor del 5% del territorio argentino está actualmente en manos extranjeras, aunque existen departamentos donde la proporción es considerablemente mayor.

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