Ley de Tierras: qué impacto tendrá el proyecto de Milei sobre los pequeños productores

El proyecto de Ley de Tierras impulsado por el presidente Javier Milei y que se tratará en el Congreso el próximo jueves 6 de agosto, abrió un debate sobre una serie de temas sensibles para el agro, como el acceso a la propiedad rural y el impacto que podría tener una mayor participación de capitales extranjeros en el mercado inmobiliario.

La iniciativa, denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, propone modificar el régimen establecido por la Ley 26.737, que actualmente fija límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Como se recordará, la normativa vigente establece un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales del país, las provincias y los municipios. Además, fija un límite del 30% dentro de ese porcentaje para una misma nacionalidad y establece restricciones para la adquisición de determinados inmuebles ubicados en zonas de frontera o vinculados con cuerpos de agua.

Qué busca la Casa Rosada

El proyecto oficial modifica ese esquema y concentra las restricciones principalmente sobre Estados extranjeros y empresas controladas por gobiernos extranjeros. De esta manera, las personas extranjeras y las empresas privadas extranjeras dejarían de estar alcanzadas por los actuales límites generales establecidos por la Ley de Tierras.

Desde el Gobierno sostienen que la flexibilización permitiría atraer inversiones y ampliar las posibilidades de financiamiento para proyectos productivos. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, planteó que la eliminación de las restricciones podría generar nuevas inversiones en el sector agropecuario y en otras actividades vinculadas con el uso de la tierra.

El impacto sobre el eslabón más pequeño de la cadena

El debate también alcanza a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Desde que se conoció este proyecto, Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su rechazo a la iniciativa y advirtió sobre el riesgo de una mayor concentración de la tierra y las dificultades que podrían enfrentar los productores de pequeña escala que quieran sumar hectáreas a sus planteos. 

Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con el precio de la tierra. Una mayor cantidad de compradores con capacidad financiera podría incrementar la demanda por campos y, en determinadas regiones, generar presión sobre los valores de las propiedades rurales. Para un pequeño productor que busca comprar tierras para ampliar su explotación, esa situación podría elevar la barrera de acceso.

En paralelo a este escenario, el efecto también podría trasladarse al mercado de arrendamientos. Si aumenta el valor de los campos, podría incrementarse el costo de alquilar superficies productivas, lo que afectaría especialmente a los productores que no son propietarios y dependen del arrendamiento para desarrollar su actividad.

Pero la discusión no solo pasa por estos vaivenes en el mercado inmobiliario rural, porque no se debe perder de vista el concepto de arraigo rural. En este punto, las entidades que cuestionan el proyecto sostienen que una mayor concentración de la propiedad puede dificultar la continuidad de explotaciones familiares y el acceso de nuevas generaciones a la actividad agropecuaria.

El Gobierno, en cambio, plantea que una mayor apertura puede generar inversiones, infraestructura y nuevos proyectos productivos, con potencial impacto sobre las economías regionales y el empleo.

La mirada del gobierno bonaerense

Ante una consulta de NewsDigitales, el ministro de Desarrolo Agrario, Javier Rodríguez, remarcó que "la ley de extranjerización de tierras de Milei no generará inversión ni empleo. El sector productivo no está viendo el tema de la tierra o la modificación de la ley de la tierra como una preocupación del sector",

El funcionario advirtió que "la realidad es que la inversión extranjera directa y la inversión productiva está por el piso, producto de la caída del consumo y la demanda y de este esquema macroeconómico. Lo que sí está puesto en juego, lo que sí está en debate, tiene que ver con la soberanía nacional y, en particular, con la soberanía territorial porque lo que se pone en juego es el control de nuestros recursos estratégicos".

Para Rodríguez, "el Gobierno nacional con este proyecto quiere argumentar que favorece las inversiones, pero una vez más elude lo que ocurre en la realidad. La inversión extranjera directa y la inversión productiva están por el piso producto de la caída del consumo, de la demanda y de este esquema macroeconómico".