El 4 de agosto de 2020, a las 18:07, una detonación sacudió el puerto de Beirut y transformó en segundos el paisaje de la capital libanesa. Considerada una de las mayores explosiones no nucleares registradas, la onda expansiva atravesó barrios enteros, arrancó ventanas, derrumbó edificios y fue percibida incluso en Chipre.
El desastre dejó 218 muertos, cerca de 7.000 heridos y alrededor de 300.000 personas sin vivienda. Hospitales, escuelas, comercios y hogares quedaron destruidos o seriamente dañados. Para muchos libaneses, no fue solamente una catástrofe: se convirtió en el símbolo más brutal de años de negligencia estatal.
El origen de la tragedia se remonta a 2013, cuando el buque Rhosus llegó a Beirut durante un viaje desde Georgia hacia Mozambique. Transportaba 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un producto utilizado como fertilizante que puede volverse altamente explosivo bajo determinadas condiciones.
La carga fue descargada y almacenada desde 2014 en el hangar 12 del puerto. Durante los años siguientes, funcionarios aduaneros, responsables de seguridad y autoridades judiciales recibieron advertencias sobre el peligro. Sin embargo, el material permaneció allí hasta que un incendio desencadenó la enorme detonación. La cantidad exacta que explotó todavía es discutida.

La pesquisa judicial avanzó entre recusaciones, demandas contra los magistrados, presiones partidarias y largos períodos de parálisis. El juez Tarek Bitar, segundo investigador a cargo del expediente, intentó interrogar a exministros, funcionarios, militares y responsables portuarios, pero su trabajo quedó bloqueado durante años.
En marzo de 2026, Bitar anunció que había terminado la instrucción y remitió el expediente al fiscal general para su revisión. El caso alcanza a unas 70 personas, entre dirigentes políticos, integrantes de fuerzas de seguridad, militares y empleados públicos.
El avance representa el paso más importante desde la tragedia, aunque todavía no existe ninguna condena. Falta conocer la acusación definitiva y que el proceso llegue efectivamente a juicio.

Este 4 de agosto, Líbano observará una jornada de duelo nacional, con oficinas públicas cerradas y banderas a media asta. Como cada año, las familias volverán al puerto, mostrarán los rostros de quienes murieron y guardarán silencio a las 18.07.
Los silos destruidos permanecen como una enorme cicatriz sobre la costa. Para los familiares, conservar ese lugar significa impedir que el país olvide lo ocurrido. Seis años después, Beirut fue reconstruyendo parte de sus calles, pero la herida continúa abierta. La pregunta central sigue siendo la misma: quién permitió que una carga peligrosa permaneciera durante años en el corazón de una ciudad y por qué nadie fue condenado todavía.