Javier Milei y CTERA: la Casa Rosada evalúa sanciones por el paro docente

El paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y los sindicatos docentes. Mientras la organización gremial calificó la jornada como un éxito y habló de un "altísimo acatamiento", la administración de Javier Milei aseguró que la adhesión fue "dispar" y negó que la protesta haya tenido un respaldo contundente en todo el país.

La diferencia de versiones refleja la creciente tensión entre la Casa Rosada y los gremios de la educación, en un escenario marcado por el reclamo de reapertura de la Paritaria Nacional Docente, mejoras salariales y mayores recursos para el sistema educativo.

Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Capital Humano continúa procesando los datos enviados por las distintas dependencias territoriales para elaborar un informe detallado sobre la cantidad de escuelas que permanecieron abiertas y aquellas que adhirieron a la medida de fuerza.

La Casa Rosada prepara un informe sobre la adhesión

Fuentes oficiales señalaron que el relevamiento aún no concluyó y evitaron precisar cuándo se publicarán los resultados definitivos. Sin embargo, adelantaron que la información preliminar muestra un escenario heterogéneo, con diferencias importantes entre las provincias.

Desde el Gobierno sostienen que el paro no alcanzó el nivel de adhesión que difundió CTERA y remarcan que hubo jurisdicciones donde el funcionamiento escolar fue prácticamente normal.

De acuerdo con la evaluación oficial, las mayores adhesiones se registraron en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y Chaco el impacto habría sido reducido.

En el oficialismo también deslizaron que la postura de algunos gobiernos provinciales influyó en el nivel de participación de los docentes.

Apuntan contra Kicillof y analizan sanciones

En la Casa Rosada sostienen que el gobernador bonaerense Axel Kicillof habría promovido la adhesión al paro mediante una comunicación dirigida a trabajadores de la educación, una situación que generó malestar dentro del Ejecutivo nacional.

Al mismo tiempo, el Gobierno analiza avanzar con sanciones contra CTERA por el desarrollo de la medida de fuerza.

Entre las alternativas que estudia la administración libertaria figuran multas económicas previstas en la Ley de Modernización Laboral, que incorporó a la educación como servicio esencial y establece la obligación de garantizar al menos el 75% de las prestaciones durante un conflicto.

Incluso, en sectores del oficialismo comenzó a mencionarse la posibilidad de evaluar la quita de la personería gremial, una medida que, de concretarse, profundizaría el enfrentamiento con el principal sindicato docente del país.

CTERA aseguró que el paro fue "altísimo"

En un comunicado difundido durante la tarde, CTERA afirmó que la medida registró un "altísimo acatamiento en todo el país" y destacó la participación masiva de docentes en movilizaciones y actividades de protesta realizadas en distintas provincias.

La organización también resaltó la multitudinaria marcha frente al Ministerio de Economía, realizada junto a CONADU, CONADU Histórica y ATE, donde reclamaron políticas para fortalecer la educación pública y mejorar las condiciones laborales del sector.

La movilización estuvo encabezada por la secretaria general Sonia Alesso, el secretario adjunto Roberto Baradel y contó con la presencia del secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

Los reclamos que impulsaron la medida de fuerza

Desde CTERA sostuvieron que la contundencia del paro refleja "el profundo malestar que atraviesa la docencia argentina frente al ajuste sobre la educación pública" y cuestionaron la falta de respuestas del Gobierno nacional.

Entre los principales reclamos figuran la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo, la restitución del FONID, el envío de fondos educativos a las provincias, una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la defensa de las jubilaciones docentes y el rechazo a las iniciativas oficiales que, según el sindicato, afectan el financiamiento de la escuela pública.

Con posiciones completamente enfrentadas sobre el alcance de la protesta, el conflicto docente suma un nuevo capítulo y anticipa una escalada en la disputa entre el Gobierno de Javier Milei y los principales gremios de la educación, en momentos en que las negociaciones salariales continúan sin avances concretos.

ND