La discusión por la reforma de la Ley de Tierras sumó un nuevo capítulo de fuerte confrontación política. En una reunión realizada en la sede nacional del Partido Justicialista (PJ), la principal fuerza opositora rechazó de manera contundente el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei y advirtió que la iniciativa representa un avance sobre la soberanía nacional.
El encuentro reunió a referentes del peronismo con el objetivo de unificar una estrategia legislativa para frenar la propuesta oficial en el Senado y reforzar la convocatoria a una movilización prevista para este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
Desde el PJ sostienen que la modificación del régimen vigente abriría la puerta a un proceso de mayor extranjerización de las tierras argentinas y beneficiaría a grandes grupos económicos internacionales.
La iniciativa promovida por el Ejecutivo propone elevar del 15% al 25% el límite permitido para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras.
Para el oficialismo, el cambio busca atraer inversiones y facilitar el desarrollo productivo, mientras que el peronismo considera que la medida implica una cesión de recursos estratégicos.
Durante la reunión partidaria, los dirigentes opositores afirmaron que la legislación vigente ya permite un amplio margen de participación extranjera y advirtieron que ampliar ese porcentaje equivaldría a habilitar la venta de una superficie similar a toda la provincia de Buenos Aires.
Además, señalaron que la reforma favorecería a corporaciones internacionales, fondos de inversión y empresarios extranjeros interesados en adquirir grandes extensiones de territorio argentino.
Uno de los principales voceros del encuentro fue el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, quien llamó a sostener la presión política y social para impedir la aprobación de la iniciativa.
"Debemos sostener la movilización y hablar con cada argentino sobre la importancia de rechazar esta ley", expresó el legislador, al convocar a dirigentes, militantes y ciudadanos a participar de la protesta prevista frente al Congreso.

El objetivo del peronismo es trasladar el debate del recinto a las calles y mostrar un amplio respaldo social en defensa de la legislación vigente.
Por su parte, el jefe del interbloque justicialista en el Senado y vicepresidente primero del PJ, José Mayans, cuestionó la legalidad del trámite parlamentario y aseguró que el proyecto presenta "vicios de nulidad" desde el comienzo.
El senador formoseño sostuvo que la Comisión de Asuntos Constitucionales no fue conformada correctamente y criticó la incorporación de modificaciones al texto sin la debida comunicación a los bloques legislativos.

"No recibimos oficialmente los cambios porque siguen con los arreglos", afirmó Mayans, quien anticipó que la oposición insistirá con esos planteos durante el debate en la Cámara Alta.
En la misma línea, el ex ministro de Agricultura y actual secretario de Asuntos Agrarios del PJ, Julián Domínguez, aseguró que la reforma responde a intereses económicos internacionales.
El dirigente sostuvo que la iniciativa favorecería a "magnates de la tecnología" interesados en desarrollar enclaves privados en la Patagonia y acusó al Gobierno de impulsar un modelo de "entrega y renuncia a la soberanía".
Con la sesión prevista para este jueves, la discusión sobre la Ley de Tierras promete convertirse en uno de los debates políticos más intensos del año. Mientras el Gobierno de Javier Milei busca reunir los votos necesarios para avanzar con una de sus reformas más sensibles, el Partido Justicialista redobla las negociaciones con legisladores indecisos y apuesta a una fuerte movilización para frenar el proyecto.
La votación en el Senado no solo pondrá a prueba el equilibrio de fuerzas entre oficialismo y oposición, sino que también marcará un nuevo capítulo en la disputa por el modelo de desarrollo, la propiedad de los recursos estratégicos y el alcance de las inversiones extranjeras en la Argentina.
ND