Paro total en los puertos por un decreto de Milei que desató una fuerte crisis

La actividad portuaria atraviesa uno de los conflictos más importantes de los últimos meses. Desde el pasado 1 de agosto, los puertos de todo el país permanecen paralizados como consecuencia de un lock-out impulsado por prácticos, pilotos y baqueanos, en rechazo al Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei.

La protesta se extiende desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, con un fuerte impacto en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas.

Como consecuencia de la medida, decenas de embarcaciones permanecen sin operar, afectando la logística de uno de los principales motores de la economía nacional.

Qué cambia con el decreto que impulsa el Gobierno

El conflicto se originó tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, una de las nuevas medidas de desregulación promovidas por la administración libertaria.

La reforma, impulsada por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca modificar el sistema de practicaje, eliminando lo que el Gobierno considera "barreras de entrada" para aumentar la competencia y reducir los costos operativos del transporte marítimo.

Entre los principales cambios, la normativa habilita la contratación directa de los servicios y permite que determinados capitanes con experiencia puedan navegar sin la obligación de contratar prácticos en determinadas circunstancias.

Según el Ejecutivo, estas modificaciones apuntan a hacer más eficiente el comercio exterior argentino y reducir costos logísticos.

Los trabajadores denuncian que la medida es "inconstitucional"

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó la reforma como "abusiva e inconstitucional" y anunció que presentará una Acción de Amparo ante la Justicia Federal.

Además, adelantó que impulsará una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron el decreto, al considerar que la desregulación compromete la seguridad de la navegación en los principales ríos del país.

Desde el sector sostienen que el servicio de practicaje resulta indispensable para evitar accidentes y garantizar la circulación segura de grandes buques en zonas de alta complejidad.

La Prefectura intimó a levantar la protesta

Frente a la continuidad del conflicto, la Prefectura Naval Argentina envió intimaciones formales a los profesionales para que retomen sus tareas.

El organismo recordó que el practicaje constituye un servicio público esencial y advirtió que el incumplimiento podría derivar en sanciones previstas por la legislación vigente. Pese a la presión oficial, los trabajadores ratificaron la continuidad de la medida de fuerza.

𝐏𝐀𝐑𝐎 𝐄𝐍 𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒 𝐋𝐎𝐒 𝐏𝐔𝐄𝐑𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐈́𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐔𝐍 𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐌𝐈𝐋𝐄𝐈 𝐐𝐔𝐄 𝐃𝐄𝐒𝐑𝐄𝐆𝐔𝐋𝐀 𝐔𝐍𝐀 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐂𝐋𝐀𝐕𝐄

Buenos Aires, 3 agosto (NA) -- Los puertos de todo el país siguen paralizados por una medida de fuerza tras… pic.twitter.com/FLiKRVcyzo

— Noticias Argentinas (@NAagencia) August 4, 2026

Sin embargo, aclararon que mantendrán guardias mínimas para asistir a los buques petroleros y gaseros, con el objetivo de garantizar el abastecimiento energético y evitar riesgos ambientales.

Un conflicto que amenaza las exportaciones argentinas

La Hidrovía Paraná-Paraguay concentra buena parte del comercio exterior argentino, especialmente las exportaciones de granos, aceites y subproductos agroindustriales, por lo que cualquier interrupción prolongada puede provocar importantes pérdidas económicas y retrasos logísticos.

Mientras el Gobierno sostiene que la desregulación permitirá modernizar el sistema y reducir costos para el comercio internacional, los trabajadores insisten en que la reforma pone en riesgo la seguridad operativa y la calidad del servicio.

Con las posiciones aún muy distantes y sin señales de una negociación inmediata, el conflicto amenaza con profundizarse en los próximos días y sumar un nuevo frente de tensión para la administración de Javier Milei, en momentos en que la agenda de desregulación del Estado enfrenta crecientes resistencias sindicales y judiciales.

ND