No se animó Milei, se anima Pagano: cerrar el Banco Central en 180 días

La discusión sobre el futuro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) vuelve al centro de la agenda política y económica, pero esta vez con una diferencia sustancial: mientras el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma de la Carta Orgánica para limitar las funciones de la autoridad monetaria y reforzar su autonomía, la diputada Marcela Pagano presentó un proyecto que va mucho más allá y propone directamente la disolución y liquidación del organismo.

La iniciativa lleva por título “Régimen de Emisión Cero, Libertad Monetaria y Disolución del Banco Central de la República Argentina” y plantea un cambio estructural del sistema monetario argentino.

Su objetivo declarado es terminar con la emisión monetaria, establecer la libertad monetaria y cambiaria, rescatar los pasivos del BCRA y distribuir las funciones que actualmente concentra la entidad entre distintos organismos.

La diferencia política es evidente: el Gobierno pretende blindar y redefinir el Banco Central; Pagano propone hacerlo desaparecer.

Pagano plantea la disolución definitiva del BCRA

El proyecto presentado por Pagano establece desde su primer artículo que el Estado Nacional debe abandonar definitivamente la emisión monetaria y consagrar un régimen de libertad monetaria y cambiaria.

El punto más contundente es el inciso que ordena “la disolución y liquidación del Banco Central de la República Argentina”, creado en 1935 y actualmente regido por la Carta Orgánica establecida por la Ley 24.144. La iniciativa también contempla el rescate de los pasivos monetarios y la reasignación de las funciones que no sean estrictamente monetarias.

El texto propone, además, que la base monetaria quede fijada definitivamente en el nivel existente al momento de entrada en vigencia del régimen. Esa cifra debería ser certificada por una auditoría externa independiente y por la Auditoría General de la Nación, y luego publicada en el Boletín Oficial.

La propuesta también prohíbe cualquier forma de financiamiento monetario del Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios. Incluso establece que los actos que violen esa prohibición sean considerados nulos y prevé responsabilidades personales para los funcionarios involucrados.

Libertad para elegir la moneda y contratos en dólares

Otro de los pilares del proyecto es la libertad monetaria. El peso continuaría siendo moneda de curso legal en Argentina, pero ninguna autoridad podría obligar a personas o empresas a contratar, facturar, ahorrar o cancelar obligaciones en una moneda determinada.

El proyecto modifica además los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial para garantizar que, cuando una obligación haya sido pactada en moneda extranjera, el deudor deba entregar la especie monetaria acordada.

En paralelo, establece la libertad para comprar, vender, poseer y transferir monedas nacionales o extranjeras, dentro y fuera del país. También busca impedir que la administración pueda reinstalar restricciones cambiarias por vía administrativa.

Pagano propone además derogar las restricciones de la Ley 23.928 sobre indexación y permitir que los contratos puedan actualizarse mediante índices, monedas o unidades de cuenta de cualquier naturaleza.

El mecanismo para rescatar los pesos

El proyecto no se limita a ordenar el cierre del Banco Central. También establece un mecanismo para llevar adelante la transición.

Para eso crea el Fideicomiso de Rescate Monetario (FIREM), que tendría como fiduciario al Banco Nación y recibiría activos del BCRA, entre ellos reservas internacionales, oro, divisas, depósitos, colocaciones en el exterior y activos financieros.

También contempla el canje de las letras intransferibles del Tesoro en poder del Banco Central por títulos públicos negociables en moneda extranjera, con un plazo máximo de diez años.

Los pasivos remunerados del BCRA, en tanto, deberían cancelarse con activos de la entidad o canjearse por títulos del Tesoro a valores de mercado, con un plazo máximo de 360 días. El proyecto prohíbe, desde la entrada en vigencia del régimen, la creación de nuevos pasivos remunerados.

El FIREM tendría como objetivo respaldar la totalidad de la base monetaria y avanzar hacia un rescate progresivo y voluntario de los pesos. Para eso, publicaría diariamente un coeficiente de respaldo y podría realizar subastas para adquirir pesos a cambio de activos.

Qué pasaría con las funciones del Banco Central

Uno de los principales interrogantes frente a cualquier propuesta de cierre del BCRA es qué sucede con sus funciones.

El proyecto de Pagano intenta responder a esa cuestión mediante la creación de la Superintendencia de Entidades Financieras y de Sistemas de Pago (SEFIP), un nuevo ente autárquico que absorbería buena parte de las tareas vinculadas con la regulación y supervisión financiera.

La SEFIP tendría a su cargo la supervisión de las entidades financieras, los requisitos de liquidez, la central de deudores, los cheques rechazados, los sistemas de pago y las cámaras compensadoras. También conservaría las facultades para intervenir en procesos de reestructuración bancaria y mantendría vigente el régimen de garantía de depósitos.

El proyecto también establece que las estadísticas monetarias, cambiarias y financieras pasen al INDEC, mientras que el Ministerio de Economía asumiría la representación argentina ante el Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales.

Es decir, la iniciativa no plantea eliminar todas las funciones que actualmente cumple el BCRA, sino redistribuirlas.

El Banco Central desaparecería a los 180 días

El cronograma es concreto. El proyecto establece que el Banco Central quedaría formalmente disuelto 180 días después de la entrada en vigencia de la ley. Hasta entonces, sus autoridades solamente podrían realizar actos de administración conservatoria y ejecutar las disposiciones de la nueva norma, quedando impedidas de desarrollar política monetaria o cambiaria.

La liquidación estaría a cargo de una comisión de tres integrantes designados por el Poder Ejecutivo. El proceso tendría un plazo de 24 meses, con posibilidad de una única prórroga de 12 meses.

Además, el proyecto establece mecanismos para preservar los derechos laborales de los empleados del organismo, incluyendo alternativas de transferencia a otras dependencias estatales o un régimen de retiro voluntario.

En tanto, el artículo 41 dispone que cualquier iniciativa destinada a crear nuevamente un banco central, una autoridad monetaria o una entidad con facultades de emisión requeriría el voto de dos tercios de la totalidad de los integrantes de cada Cámara del Congreso.

También propone modificar el Código Penal para establecer penas de entre dos y ocho años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para funcionarios o autoridades que emitan moneda o instrumentos con función monetaria por encima de lo autorizado o en violación de la prohibición legal.

La coincidencia incómoda con la vieja promesa de Milei

El proyecto de Pagano adquiere una dimensión política adicional por el momento en que fue presentado.

Durante la campaña presidencial de 2023, Javier Milei hizo del cierre del Banco Central una de sus principales banderas económicas. La propuesta estaba vinculada a su diagnóstico de que el organismo había sido utilizado como herramienta de financiamiento del déficit y de generación de inflación.

En noviembre de aquel año, Emilio Ocampo, quien entonces aparecía como uno de los principales referentes económicos de su espacio, explicó que “cerrar” el BCRA implicaba terminar con la capacidad del poder político de emitir dinero discrecionalmente para financiar el gasto.

Incluso después de asumir la Presidencia, Milei ratificó públicamente que el cierre del Banco Central continuaba dentro de sus objetivos.

Sin embargo, el camino elegido por el Gobierno en 2026 es diferente al que propone ahora Pagano.

El Ejecutivo trabaja actualmente en una reforma de la Carta Orgánica del BCRA que apunta a modificar el funcionamiento de la entidad y restringir severamente su capacidad de financiar al Tesoro.

El proyecto oficial propone reforzar la autonomía del organismo, limitar la influencia política sobre sus autoridades y recuperar como misión central la preservación del valor de la moneda. La iniciativa también apunta a impedir el financiamiento directo o indirecto del Tesoro mediante emisión.

El debate por la “coherencia” del Gobierno

En los fundamentos de su proyecto, Pagano utiliza explícitamente la promesa electoral de Milei como argumento político.

La diputada sostiene que la eliminación del Banco Central fue presentada ante la ciudadanía como un compromiso central del actual Poder Ejecutivo y cuestiona que, transcurrida buena parte del mandato, no se haya enviado al Congreso una iniciativa para concretar esa eliminación.

“La iniciativa legislativa no es monopolio del Ejecutivo”, afirma el texto, que sostiene que el Congreso tiene la facultad de poner la cuestión a votación.