Ley de Tierras: uno por uno, los 26 votos de la UCR contra Cristina en 2011

La discusión por la Ley de Tierras volvió al Congreso y, con ella, también reapareció un antecedente que puede resultar (o no) decisivo para entender la posición de la Unión Cívica Radical (UCR): en diciembre de 2011, cuando Cristina Kirchner impulsó la norma para limitar la extranjerización de las tierras rurales, el radicalismo no acompañó el proyecto oficial en la Cámara de Diputados.

Fueron 26 los votos negativos en una votación que terminó con 153 adhesiones y una abstención.

La particularidad es que aquella negativa no significaba que los radicales estuvieran en contra de establecer límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Por el contrario, varios de sus diputados defendieron públicamente la necesidad de regular el acceso a la propiedad rural.

La diferencia estaba en el cómo: la UCR cuestionaba el dictamen de mayoría del kirchnerismo, especialmente por sus efectos sobre las provincias, la definición de las unidades económicas, el alcance de las restricciones y la forma en que se distribuían las competencias entre la Nación y los gobiernos locales.

Casi 15 años después, el tema volvió a instalar una discusión incómoda dentro del radicalismo. El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma de la denominada Ley de Tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa busca flexibilizar las restricciones para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales. Pasaría del 15 al 25%. El capítulo se convirtió en uno de los principales obstáculos para que el oficialismo consiga los votos necesarios en el Senado. El tratamiento fue postergado y quedó previsto para este jueves.

Qué ocurrió en Diputados en 2011

La Cámara de Diputados trató el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo para establecer un régimen de protección del dominio nacional sobre las tierras rurales y limitar su adquisición por personas físicas y jurídicas extranjeras.

Después de más de 17 horas de debate, el proyecto obtuvo 153 votos afirmativos contra 26 negativos y una abstención. La iniciativa pasó luego al Senado, donde finalmente fue sancionada como Ley 26.737. Era un Congreso moldeado por el 54% que había sacado Cristina Kirchner un par de meses antes.

El dato político más relevante es que los 26 votos negativos provinieron esencialmente del radicalismo, aunque existe una precisión importante: entre ellos figuró Hilma Ré, entonces vinculada a la Coalición Cívica y no formalmente al bloque UCR. Por eso, más rigurosamente, puede hablarse de 25 votos radicales y un voto de Ré dentro de los 26 negativos.

Los 26 legisladores que votaron en contra fueron:

• Jorge Luis Albarracín.
• Ricardo Alfonsín.
• Elsa María Álvarez.
• Jorge Mario Álvarez.
• Mario Leandro Barbieri.
• Miguel Ángel Bazze.
• Atilio Francisco Salvador Benedetti.
• Inés Brizuela y Doria.
• Ricardo Buryaile.
• Juan Casañas.
• Mario Raymundo Fiad.
• Ulises Forte.
• Manuel Garrido.
• Ricardo Gil Lavedra.
• Miguel Giubergia.
• Mariana Juri.
• Daniel Kroneberger.
• Julio César Martínez.
• Mario Negri.
• Pablo Eduardo Orsolini.
• Hilma Ré.
• Luis Sacca.
• Eduardo Santín.
• María Luisa Storani.
• Juan Pedro Tunessi.
• Enrique Vaquié.

La UCR quería regular, pero con otro proyecto

Uno de los discursos más claros fue el de Pablo Orsolini, dirigente radical y representante de un sector estrechamente vinculado al campo.

Orsolini marcó una diferencia central con el texto oficialista. Mientras el proyecto del Gobierno establecía un límite de 1.000 hectáreas en determinadas zonas, los radicales proponían utilizar el concepto de "cinco unidades económicas".

La diferencia no era menor. Para la UCR, la unidad económica debía estar vinculada a la realidad productiva de cada territorio y ser determinada por las Legislaturas provinciales. "Sostenemos que la unidad económica es sustentable cuando tiene una superficie mínima y una capacidad de producción que aseguren la rentabilidad económica de la explotación", planteó Orsolini.

El proyecto de la UCR también contemplaba un Consejo Federal de Inmuebles Rurales, con participación de las provincias, y un Registro Nacional de Inmuebles Rurales. La idea era que la Nación estableciera un marco general, pero que los gobiernos provinciales conservaran un papel central en la determinación de las superficies y en el control.

La postura radical, por lo tanto, podía resumirse de una manera bastante sencilla: sí a regular la extranjerización, pero no a través del esquema diseñado por el Poder Ejecutivo.

Buryaile: "Vengo a defender el federalismo"

Ricardo Buryaile, diputado por Formosa y posteriormente ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri, fue todavía más explícito.

"No comparto el proyecto del oficialismo", sostuvo durante el debate. Y agregó: "Como diputado por Formosa vengo a defender el federalismo y los derechos de mi provincia".

Buyaile cuestionó especialmente la definición de la tierra como un recurso natural no renovable. Para él, la tierra era "un recurso natural, finito y degradable", una diferencia conceptual que consideraba determinante para definir la política pública.

Pero su principal crítica fue constitucional. Según sostuvo, el proyecto oficialista "vulnera claramente el artículo 1º de la Constitución Nacional", porque entendía que el régimen propuesto avanzaba sobre facultades que correspondían a las provincias.

También cuestionó lo que consideraba un enfoque discriminatorio hacia los extranjeros. "Entiendo que se trata de un proyecto de ley absolutamente xenófobo", afirmó. Su alternativa era evitar la extranjerización excesiva, pero permitiendo que las provincias definieran las superficies sustentables a través de sus Legislaturas.

La posición de Buryaile muestra, con claridad, el eje que atravesó la postura radical en 2011: no era una discusión entre regular o no regular, sino entre dos modelos de regulación.

Ulises Forte: "La ley de tierras es mucho más profunda"

Otro discurso emblemático fue el de Ulises Forte, también radical y productor agropecuario de La Pampa. Forte reivindicó la tradición de la UCR y su vínculo con la Federación Agraria Argentina.

"Estamos dando un gran paso adelante", dijo al referirse a la discusión sobre la tierra. Incluso admitió que el proyecto oficial significaba "un gran avance" porque permitía comenzar a discutir "sobre el uso y la tenencia de la tierra en la Argentina".

Para Forte, además de controlar la extranjerización había que discutir la concentración, los pools de siembra, los arrendamientos y el latifundio. Su temor era que limitar la compra extranjera sin atacar la concentración económica terminara simplemente "argentinizado el latifundio".

En uno de los pasajes más contundentes de su discurso sostuvo: "Una cosa es ser un hombre de campo y otra ser un hombre con campos".

Qué estableció la Ley de Tierras

La Ley 26.737, sancionada el 22 de diciembre de 2011 y publicada el 28 de diciembre de ese año, estableció un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. Su alcance abarcaba los predios ubicados fuera de los ejidos urbanos, independientemente de su destino.

Entre sus principales restricciones se estableció que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional. Ese mismo porcentaje se aplicaba también sobre el territorio de cada provincia, municipio o entidad administrativa equivalente.

A su vez, una misma nacionalidad extranjera no podía controlar más del 30% del cupo destinado a propietarios extranjeros.

También se fijó un límite de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo, o una superficie equivalente en otras regiones de acuerdo con criterios productivos y territoriales.