Ley de Tierras: el PRO no votó contra CFK en 2011 pero dejó un duro informe

La discusión por la Ley de Tierras crece en el Congreso y, con ella, reaparecen los antecedentes de los distintos bloques políticos que participaron de su sanción en 2011.

Entre ellos, el caso del PRO tiene una particularidad: sus diputados no votaron en contra del proyecto impulsado por Cristina Kirchner. Directamente, se ausentaron del recinto a la hora de la votación.

Por eso, cuando la Cámara de Diputados convirtió en realidad la iniciativa que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, los únicos votos negativos fueron los que aportaron los radicales. El resultado fue de 153 votos afirmativos, 26 negativos y una abstención.

Sin embargo, decir que el PRO simplemente se desentendió de aquella discusión sería incompleto.

Antes de la votación, cuatro diputados de ese espacio (Laura Alonso, Gladys González, Julián Obiglio y Pablo Tonelli) firmaron un dictamen de minoría que dejó plasmada una posición muy definida: cuestionaban el proyecto oficial por razones constitucionales, objetaban que se discriminara a los extranjeros por su nacionalidad y advertían sobre el impacto que podía tener sobre las inversiones.

Pero, al mismo tiempo, aquel dictamen incluía una propuesta alternativa. El PRO no descartaba que pudiera haber restricciones en determinados casos: proponía controles vinculados con la defensa nacional, las zonas de frontera y determinados recursos estratégicos.

2011: el PRO no votó en contra, se ausentó

La sanción de la Ley 26.737 se produjo en diciembre de 2011, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. La norma establecía un régimen de protección del dominio nacional sobre las tierras rurales y fijaba límites a la propiedad extranjera. El principal techo era del 15% del total de tierras rurales del país, porcentaje que también se aplicaba a cada provincia, municipio o departamento. Además, una misma nacionalidad no podía controlar más del 30% de las tierras que estuvieran en manos extranjeras.

También se establecía un límite individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o su equivalente en otras regiones, tomando en cuenta las características productivas de cada territorio.

La norma fue presentada por el kirchnerismo como una herramienta para evitar una creciente extranjerización del territorio argentino. Pero el PRO consideraba que el enfoque elegido por el oficialismo era constitucionalmente cuestionable.

El dictamen del PRO

Desde el comienzo, los diputados que lo firmaron buscaron discutir incluso el concepto utilizado para describir el fenómeno.

"El término 'extranjerización de tierras', que muchas personas utilizan para referirse al proceso de adquisición de tierras por parte de personas extranjeras, resulta, cuanto menos, confuso", sostenían.

El argumento era que una tierra ubicada en la Argentina continuaría sometida a las leyes y autoridades argentinas independientemente de la nacionalidad de su propietario.

"Sin importar la superficie que esté en manos de personas de nacionalidad extranjera, dichas tierras no dejarán de ser argentinas", planteaban.

Federalismo: la discusión sobre el artículo 124

El PRO consideraba que el proyecto de Cristina Kirchner podía avanzar sobre competencias que constitucionalmente pertenecían a las provincias.

El dictamen advertía que existía "un problema respecto de la facultad del gobierno federal de regular la propiedad de la tierra".

El argumento estaba directamente relacionado con el artículo 124 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios.

"Las provincias son los auténticos formadores y fundadores de la Nación", afirmaba el informe, para luego remarcar que tenían una autonomía originaria que debía ser preservada.

Por eso, el dictamen preguntaba: "¿Cuál sería el fundamento constitucional para que el gobierno federal se arrogue la facultad de regular la propiedad de la tierra con el fin de preservar los recursos naturales?".

El segundo argumento: igualdad y extranjeros

El PRO también cuestionaba el corazón de la ley: que el hecho de ser extranjero pudiera convertirse, por sí mismo, en la causa de una restricción sobre el derecho de propiedad.

El informe citaba el artículo 20 de la Constitución Nacional, que establece que los extranjeros gozan de los derechos civiles del ciudadano y pueden, entre otras cosas, "poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos".

A partir de allí, los diputados advertían que el límite general para extranjeros podía entrar en tensión con el principio de igualdad. "La restricción presenta dudas respecto de su razonabilidad", sostenían.

El concepto de razonabilidad era central para el argumento jurídico. El PRO reconocía que ningún derecho constitucional era absoluto y que el Estado podía reglamentarlo. Pero sostenía que una restricción debía tener un objetivo legítimo, ser eficaz para alcanzarlo y, fundamentalmente, resultar necesaria y proporcional.

"La tierra seguirá siendo argentina"

Otro de los argumentos más fuertes del dictamen era que la propiedad extranjera no significaba automáticamente pérdida de control estatal sobre los recursos.

"Resulta a nuestro juicio inverosímil pensar que, por el simple hecho de estar esos recursos dentro de predios propiedad de extranjeros, quedarán fuera del control de las autoridades argentinas", señalaban.

El informe recordaba que existían normas aplicables tanto a argentinos como a extranjeros para regular el uso del agua, los agroquímicos, los desmontes y otras actividades.

"Hay normas que tanto los extranjeros como los ciudadanos argentinos deben cumplir", remarcaban.

El PRO también rechazaba la idea de que la producción de alimentos estuviera amenazada simplemente porque el propietario de la tierra fuera extranjero: "Los productos de origen agropecuario, cultivados y criados en campos propiedad de extranjeros, son alimento producido en Argentina".

La producción, según esa mirada, utilizaba mano de obra argentina, pagaba impuestos en Argentina y podía generar inversiones, tecnología y actividad económica dentro del país.

Por eso concluían: "La producción de alimentos no se ve en peligro por el hecho de que la tierra sea trabajada por capitales extranjeros o nacionales".

"La propiedad es la que cambia de dueño, la soberanía no"

En la presentación de las modificaciones de la Ley de Tierras, Patricia Bullrich afirmó: "Es ridículo pensar que si un extranjero tiene dos fábricas se está llevando una parte de la soberanía argentina". pic.twitter.com/rgKvhwxqt2

— Corta (@somoscorta) August 4, 2026

Una crítica particular al límite de 1.000 hectáreas

El PRO también cuestionaba la metodología utilizada para establecer un límite individual: "Las 1.000 hectáreas permitirían, por ejemplo, criar mil vacas en el sudeste de la provincia de Córdoba o alrededor de ciento cincuenta ovejas en la estepa de Santa Cruz".

Para los autores, la cifra era arbitraria. "Debería al menos proponérselo en base a una determinada cantidad de unidades económicas agrarias", proponían.

La comparación que utilizaban era concreta: una unidad económica agraria podía tener entre 10 y 3.000 hectáreas en los Valles Calchaquíes, mientras que en diferentes regiones de La Pampa podía oscilar entre 250 y 5.000 hectáreas.

La conclusión era que no podía aplicarse el mismo número de hectáreas a todo el territorio nacional.

Pero el PRO sí aceptaba restricciones: frontera, defensa y recursos estratégicos

Este es uno de los puntos más interesantes del viejo dictamen porque permite evitar una interpretación simplificada de la postura del PRO.

El bloque no sostenía que cualquier regulación fuera necesariamente inconstitucional. Por el contrario, planteaban expresamente que podía resultar necesario establecer controles en determinados lugares.

La respuesta incluía "la defensa nacional y la seguridad en zonas de frontera", además de lugares próximos a recursos naturales estratégicos, ambientales o culturales.

El informe mencionaba como ejemplos los recursos relevantes para la industria bélica, los combustibles, los parques nacionales y los restos arqueológicos y paleontológicos. "Obviamente no se podrán tener objetivos xenófobos o racistas", advertían.

La alternativa del PRO era limitar los derechos establecidos en el artículo 20 cuando estuvieran involucradas "cuestiones de seguridad nacional o de interés nacional declarado por una ley especial del Congreso".

Lo interesante es que aquellos argumentos del PRO son similares a los utilizados actualmente por el gobierno nacional.

El Gobierno de Milei originalmente planteó eliminar los límites generales de la Ley de Tierras para facilitar la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros.

Sin embargo, las negociaciones en el Senado obligaron a modificar el planteo. En la búsqueda de consensos, la propuesta pasó de una eliminación de los topes a una alternativa que eleva del 15% al 25% el máximo de tierras rurales que podrían estar en manos extranjeras.

Ese cambio resulta especialmente relevante para el PRO porque se acerca, en buena medida, a la filosofía que sus dirigentes sostenían en 2011: una regulación mucho más flexible que la aprobada durante el kirchnerismo.