Cadena nacional
06/08/2026 - Edición Nº1276
Opinión
Senado
Todo lo que tenés que saber antes del debate sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
05/08/2026 | El Gobierno cedió en el punto más conflictivo y aceptó mantener un límite para la compra de tierras rurales por extranjeros.
Patricia Bullrich explicando los cambios a la Ley de Tierras.
Este jueves 6 de agosto el Senado volverá a discutir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos más amplios y accidentados enviados por el Gobierno este año. La iniciativa ingresó en marzo, obtuvo dictamen en mayo y ya fue postergada varias veces. El 16 de julio, Patricia Bullrich debió pedir un cuarto intermedio porque el oficialismo no tenía los votos.
La sesión se reanudará con otro texto. El Gobierno cedió en el punto más conflictivo y aceptó mantener un límite para la compra de tierras rurales por extranjeros. La concesión busca evitar una nueva derrota y destrabar un paquete que también cambia las reglas sobre expropiaciones, desalojos y terrenos afectados por incendios.
El nombre puede llevar a pensar en una declaración general sobre la propiedad privada. En realidad, la ley reúne reformas diferentes. Algunos senadores acompañan las nuevas condiciones para desalojos y expropiaciones, pero rechazan que dentro del mismo proyecto se modifique la política nacional sobre la tierra.
Expropiaciones más difíciles y más caras
El proyecto modifica la Ley de Expropiaciones. Exige que la declaración de utilidad pública identifique de manera concreta el objetivo perseguido y que la medida sea necesaria, idónea y proporcional. La intención oficial es impedir que el Estado avance sobre un bien mediante formulaciones demasiado amplias.
También cambia las indemnizaciones. El propietario podría reclamar lucro cesante cuando la pérdida sea una consecuencia directa de la expropiación. El valor se actualizaría por inflación y sumaría una tasa de interés fijada judicialmente. El Estado tampoco tomaría posesión definitiva antes de pagar la totalidad.
Para el Gobierno, estas reglas terminan con expropiaciones discrecionales. La oposición advierte que pueden encarecer y demorar obras públicas o proyectos de infraestructura que necesiten adquirir terrenos.
Desalojos más rápidos
La iniciativa acelera los juicios de desalojo. El procedimiento pasaría a la vía sumarísima, la más breve del Código Procesal Civil y Comercial, y el propietario tendría mayores posibilidades de solicitar la restitución anticipada antes de la sentencia definitiva.
El texto original permitía iniciar la demanda por falta de pago después de una intimación de tres días. En comisiones, el plazo fue llevado a diez. También se eliminó la exigencia de una caución real para obtener la desocupación anticipada y se la reemplazó por una declaración jurada.
El oficialismo sostiene que el sistema actual deja al propietario durante meses o años sin recuperar su inmueble. Los críticos señalan que la aceleración reduce las posibilidades de defensa del ocupante.
El proyecto original también modificaba el régimen de barrios populares. Ese capítulo fue eliminado durante la negociación. La suspensión de los desalojos en los barrios registrados continuará vigente hasta octubre de 2032.
Qué cambia con las tierras incendiadas
La Ley de Manejo del Fuego impide que un incendio sea utilizado para modificar el destino productivo o inmobiliario de un terreno. En bosques nativos, áreas protegidas y humedales, las restricciones pueden extenderse durante sesenta años. En superficies agropecuarias, el plazo es de treinta.
El Gobierno pretendía eliminar buena parte de esas prohibiciones. El dictamen del Senado mantuvo la protección para los bosques nativos, pero aceptó retirar la veda de treinta años para los terrenos rurales productivos.
La Casa Rosada argumenta que la norma castiga al propietario incluso cuando el incendio fue accidental. Las organizaciones ambientales sostienen que la prohibición desalienta incendios intencionales destinados a cambiar el uso del suelo o facilitar una venta.
¿DOS DEPARTAMENTOS? USTED DICE UNA COSA Y LA LEY OTRA, BULLRICH
— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) August 5, 2026
Le resta gravedad a las modificaciones que proponen. Nadie habla de dos departamentos ni de dos fábricas. Queda claro que no tiene idea que significa el término soberanía, agarre cualquier diccionario y va a notar… pic.twitter.com/ofjJNosdC8
La pelea por las tierras rurales
El capítulo decisivo modifica la ley aprobada en 2011. La norma vigente establece que los extranjeros no pueden controlar más del 15 por ciento de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio o departamento. También fija límites por titular y nacionalidad.
El proyecto original eliminaba prácticamente todos esos topes para los inversores privados. Ese punto hizo caer las negociaciones. Senadores radicales y provinciales advirtieron sobre el control extranjero de zonas fronterizas, recursos naturales y superficies productivas.
Bullrich anunció el martes una nueva fórmula. El límite subiría del 15 al 25 por ciento de la superficie rural de cada provincia. Los Estados extranjeros no podrían comprar tierras directamente y las operaciones sensibles, especialmente en zonas de frontera o con participación estatal extranjera, requerirían la conformidad provincial y nacional.
El cambio no garantiza la aprobación. La ley vigente aplica el límite también a departamentos y municipios; el nuevo esquema lo concentraría en la escala provincial. Una provincia podría mantenerse debajo del 25 por ciento y registrar, al mismo tiempo, una concentración extranjera mucho mayor en una zona específica.
El oficialismo sostiene que propiedad y soberanía son asuntos distintos: el dueño puede ser extranjero, pero la tierra continúa sometida a las leyes argentinas. La oposición responde que la concentración territorial otorga poder económico sobre el agua, los minerales, las fronteras y la producción de alimentos.
Una votación que sigue abierta
La Libertad Avanza necesita sostener el quórum y después reunir una mayoría simple. Bullrich asegura que los cambios acercaron posiciones, aunque la definición continúa voto a voto. Hay dudas entre senadores radicales y representantes de Misiones, Tucumán, Neuquén y Salta.
El kirchnerismo y buena parte del peronismo rechazarán el proyecto. Los votos decisivos volverán a quedar en manos de los bloques que suelen colaborar con el Gobierno, pero que ya demostraron que acompañar a Milei no significa aceptar cualquier texto.
El oficialismo todavía podría realizar modificaciones durante la sesión para conservar apoyos. Si el Senado aprueba el proyecto, pasará a Diputados, donde comenzará otra negociación.
La ley que pretende declarar inviolable la propiedad privada llegó al recinto después de meses de cambios, quince borradores y varias concesiones. El debate del jueves mostrará hasta dónde está dispuesto a ceder el Gobierno para conseguir una ley y cuánto poder conservan sus aliados para reescribirla.
