La estrategia del Gobierno para aprobar la Ley de Tierras sufrió un golpe inesperado a menos de 48 horas de la sesión prevista en el Senado. Dos gobernadores que hasta ahora mantenían una relación de diálogo con la Casa Rosada resolvieron que las senadoras alineadas con sus provincias rechacen el capítulo que flexibiliza la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una decisión que dejó al oficialismo con un margen mínimo para conseguir la media sanción.

El primero en hacer pública la decisión fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien confirmó que la senadora Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, votará en contra de la iniciativa. También sostuvo que la peronista Sandra Mendoza mantiene la misma postura, por lo que la provincia no aportará ningún respaldo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

"Lo que yo sé hasta acá es que estaban decididas a no acompañar ese proyecto de extranjerización de las tierras argentinas", afirmó Jaldo. Luego reforzó su posición con una definición política: "La gente puede venir a invertir, pero no a apropiarse de nuestras tierras. De ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros".
La segunda baja llegó desde Salta. Fuentes cercanas al gobernador Gustavo Sáenz confirmaron que la senadora Flavia Royón tampoco acompañará el capítulo más controvertido del proyecto. Hasta las últimas horas, la exsecretaria de Energía aparecía dentro del grupo de legisladores que Patricia Bullrich contabilizaba como favorables al oficialismo.
Las dos decisiones modificaron el tablero parlamentario y obligaron al oficialismo a reabrir negociaciones de urgencia con bloques dialoguistas y senadores provinciales. En La Libertad Avanza admiten que la votación será mucho más ajustada de lo previsto y que cada ausencia o cambio de postura puede resultar determinante.
El escenario se volvió todavía más complejo por la discusión sobre la participación virtual de la senadora Anabel Fernández Sagasti. La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, autorizó que la legisladora mendocina participe de manera remota por su embarazo, una decisión que fue cuestionada por Patricia Bullrich, quien la calificó como un "mamarracho jurídico" y sostuvo que el reglamento no contempla el voto a distancia.

La controversia sumó otro foco de tensión política en la previa de una sesión que ya se presenta como una de las más delicadas del segundo semestre para el Gobierno.
La iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei propone modificar el régimen vigente sobre propiedad privada y flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Tras las negociaciones con bloques aliados, el oficialismo aceptó introducir cambios al texto para otorgar mayor participación a las provincias en la autorización de esas operaciones y eliminar la figura del silencio administrativo.

Sin embargo, esos cambios no alcanzaron para desactivar las resistencias políticas. Gobernadores de distintos signos comenzaron a expresar reparos sobre el impacto de la norma en la soberanía territorial y en el control de los recursos estratégicos, un debate que trascendió el Congreso y se instaló con fuerza en la agenda pública.
Con los votos todavía abiertos y un clima de fuerte incertidumbre, el oficialismo llega a la sesión del jueves obligado a sostener negociaciones hasta último momento para evitar que uno de sus proyectos más importantes quede bloqueado en el Senado.